Los opositores de Lasso, el martes 16 de mayo, lo llevaron al borde de la pérdida de poder por el juicio político contra él, al tener en la Asamblea Nacional una mayoría arrasadora, evidenciada el domingo 14 en la designación de quienes la dirigían, sin acatar los límites y condiciones que para el caso había fijado la Corte Constitucional. Además, vendría la presión sobre la Contraloría y la remoción, en juicio político, de Diana Salazar, fiscal general del Estado.

La oposición, además, persiguió pasar a controlar más espacios de poder, a fin de obtener nulidades en procesos judiciales, levantamiento de glosas y otras decisiones, para llegar así al control del gobierno central en las elecciones del 2024.

Ante la mención de la posibilidad de la muerte cruzada, la burla fue la respuesta, se dijo que por la baja aceptación ciudadana de la gestión de Lasso, este no iba a atreverse porque le serían irresistibles movilizaciones para que se vaya. “En la calle se lo tumbaría”. Lo que no pensaron fue que la baja aceptación del presidente, por errores que no niega, y por la violencia del crimen organizado y el mercado de drogas que Lasso sí ha enfrentado, era rebasada por el desprestigio de la Asamblea por su manera de hacer oposición, por multiplicar trabas, por la mediocridad en intervenciones y gestión, con excepciones que sí las hubo en los diversos bloques, además de algunas reprochables conductas singulares, como la del asambleísta Peter Calo Caisalitin, detenido en flagrancia el 26 de abril de 2023, en un hostal en Quito, por llevar a una joven de 19 años, a quien le había ofrecido trabajo y la habría violado. Puesto en libertad con grillete, lo rompió y huyó, siendo luego recapturado.

La noche del 16 de mayo, se suspendió el debate para la destitución, a efecto de continuarlo el siguiente día. Al amanecer del 17 el Palacio Legislativo fue rodeado por la fuerza pública y a las 07:00 se hizo público el decreto presidencial de la muerte cruzada, con cierre de la Asamblea.

¿Y en la calle?, nada pasó. El país en la coyuntura estaba harto del enfrentamiento.

Lasso tiene la excepcional oportunidad de gobernar, más/menos cinco meses, sin trabas para legislar vía decretos leyes de emergencia -solo con pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte Constitucional- y sin perniciosa fiscalización. Cometería un error si decide ser candidato. Que estén bien motivados y acertados los decretos leyes de emergencia.

Que la fraseología de unidad de varios actores políticos sea sincera, no suponga “unidad, pero siendo yo el candidato”, o algo parecido, ni que tampoco se dé la práctica de que haya numerosos candidatos con la expectativa de “nos unimos para la segunda vuelta”.

Hay preguntas que deben ser ineludibles. ¿Qué va a pasar con la dolarización? Porque no debemos regresar al discurso de la moneda soberana, para parecernos a Venezuela, con sus múltiples devaluaciones.

¿Qué va a pasar con el endeudamiento externo y con el interno? Sería insensato asumir que el país siempre debe ser moroso.

¿Habrá acuerdos y práctica de extradición cuando proceda, sin el pretexto de soberanía? (O)