Ecuador está en guerra. Nuestra nación está experimentando en carne viva el proceso que han vivido países como México, donde los delincuentes han tomado el control de territorios enteros efectivamente sustituyendo al Estado. Las mafias sicarias que se están tomando nuestras calles, por lo tanto, no solo ponen en peligro nuestra vida, sino nuestra soberanía. Si no queremos convertirnos en esclavos de capos y asesinos debemos reaccionar ahora.

Nuestro podrido sistema judicial es el punto más débil en la lucha contra la delincuencia organizada. Jueces corruptos y poco preparados, fáciles de intimidar y aún más fáciles de comprar harán vano cualquier esfuerzo por defendernos de las mafias. Reformas tibias son insuficientes. Es por eso que quiero usar la voz que me da esta columna para proponer una reforma radical que creo será efectiva en la lucha por nuestra soberanía: implementar aquí un sistema de jueces anónimos, conocidos coloquialmente como los ‘jueces sin rostro’. Este tipo de tribunales anónimos han sido usados en la lucha contra las mafias y el terrorismo en lugares como Italia, Colombia y Perú, salvaguardando la seguridad de los jueces al mantener su identidad en secreto. Sin embargo, con la tecnología moderna, hoy creo es posible implementar un sistema incluso mejor que el que en su momento implementaron esas jurisdicciones.

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Nuestro podrido sistema judicial es el punto más débil en la lucha contra la delincuencia organizada.

El sistema concreto que propongo funcionaría de este modo. Primero, designar a por lo menos 300 expertos en derecho penal de intachable reputación que vivan en el extranjero como jueces, tras pasar las correspondientes pruebas de conocimientos y aptitud. Estos jueces se constituirán como una unidad judicial independiente, la cual tendrá jurisdicción exclusiva y excluyente sobre delitos relacionados al sicariato, narcotráfico y terrorismo en todo el territorio nacional. Ellos también serán los encargados de resolver cualquier asunto relacionado a estos casos, incluyendo la imposición de medidas cautelares, flagrancia, y la resolución de cualquier acción constitucional (ej.: habeas corpus). Gracias a la tecnología, estos jueces nunca tendrán necesidad de pisar territorio ecuatoriano, sino que podrán decidir sobre los casos de forma remota desde sus propios países. Las audiencias serán telemáticas y la documentación será manejada de manera digital. Lo más importante del sistema, sin embargo, es que estos jueces permanecerán en el anonimato. En efecto, estos jueces serán sorteados al azar de tal forma que los delincuentes únicamente sabrán que uno de los 300 miembros de la lista está encargado de su caso, pero sin saber quién específicamente, evitando que lo puedan chantajear o corromper. La diferencia fundamental entre el sistema que propongo y el de otras jurisdicciones es que los jueces anónimos sean extranjeros, cosa que creo necesaria debido al nivel de corrupción que infecta nuestro sistema de justicia.

Implementar un sistema como este requerirá de profundas reformas, incluyendo a la Constitución, pero en un país hastiado de la sangre e impunidad el pueblo quiere acciones. ¿Tendremos la valentía para hacerlo? (O)