La gota amarga del coctel es la imperiosa necesidad de reducir el gasto público. No hará más popular al presidente, pero el buen gobierno obliga a ciertos sacrificios. Cuando un padre de familia comprueba que sus ingresos no son suficientes, tiene que recortar los gastos. Los expertos sostienen que los subsidios cuestan miles de millones. Los que se asignan para paliar los efectos de la pobreza extrema y mejorar la alimentación de las madres y los niños están justificados sin ninguna duda. Pero los subsidios a los combustibles fósiles no lo están. De este subsidio se aprovechan los contrabandistas de gasolina y diésel, los narcos que elaboran cocaína. Se venden en altamar, en las fronteras terrestres, donde quieran.

Pero no suben los precios porque el movimiento indígena se opone. En octubre de 2019 las manifestaciones de la Conaie destruyeron parte de la ciudad de Quito, incluso quemaron el edificio de la Contraloría. En una reunión televisada vimos a un dirigente indígena semidesnudo, emplumado y pintarrajeado, casi retar al presidente Moreno. El Gobierno retrocedió.

El asunto es que los dirigentes de los indígenas, siendo estos no más que el siete por ciento de la población nacional, se creen dueños de la vida y la muerte de todos y se han atribuido, sin razón, el papel de defensores del pueblo ecuatoriano. Nos amenazan con volver a paralizar el país y su principal motivo de lucha es el precio subsidiado de la gasolina corriente. No tienen razón. El subsidio es nefasto para las finanzas públicas, para el medioambiente, para los quiteños que sufren las destrucciones de las manifestaciones indígenas. Paralizan el país. No cabe la excusa de que los vándalos son infiltrados. Los dirigentes lo saben y parece que no les importa. Tienen gran poder, pero hay que pararlos. Por la razón o la fuerza, dicen los chilenos.

La razón es el elevado costo de tales subsidios. Son parte muy considerable del déficit fiscal. Además, alientan el consumo de gasolina y diésel contaminantes y contienen la injusticia de alentar privilegios inconstitucionales a favor de quienes no los merecen o no los necesitan.

Esta puede ser una de las primeras pruebas que deberá enfrentar el presidente Noboa Azín. Dialogar de buena fe es necesario. Sin prepotencia y sin amenazar con estallidos. Hay que incrementar ese precio represado hace demasiados años y que cada vez cuesta más al pueblo, porque con ese dinero se pueden mejorar los hospitales, las escuelas y universidades.

Lo mismo puede decirse de la burocracia. Hay 40 ministerios, demasiados, cerca de medio millón de burócratas que cobran sus sueldos al día. Se sabe que hay exceso de empleados públicos (no hablo de la fuerza pública) y que el Estado obeso tiene que perder peso. Esta medida se la exigirán al Gobierno cuando vaya a pedir plata en el mercado internacional. Será antipopular, pero Sixto Durán-Ballén (presidente entre 1992-1996) decía que no lo habían elegido Miss Simpatía sino presidente de la República. Es la parte dolorosa del poder.

Todos anhelamos que el nuevo presidente triunfe en sus afanes. Ganaremos todos. (O)