En la Asamblea Nacional con 103 votos a favor y ninguno en contra, el 4 de mayo del 2023 se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Salud Mental –que también tiene el apoyo del Ejecutivo– para establecer un marco legal que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas, bajo un modelo de atención integral. Se precisa que es una necesidad garantizar los servicios de salud mental en todo el sistema de salud, sea en centros de salud de primer nivel, sea en unidades hospitalarias, no solo en hospitales especializados.

Se crea una red para salud mental con instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar la atención a los más desprotegidos, cuales los casos de las personas con severa discapacidad y de los indigentes, para que tengan acceso a calidad de vida.

¿Los asambleístas votaron a conciencia esa ley? Quiero creer que sí, a pesar de que, en otras materias y circunstancias, privilegiar los principios y llegar a consensos no se ha evidenciado en su actuar.

En el momento en que se debatía el proyecto de ley de salud mental, las diferencias en cuanto a la elaboración del informe sobre el juicio político contra el presidente Lasso llevaron a un conato de violencia entre legisladores y personal de apoyo, en los espacios de curules, lo que obligó a la actuación de la escolta legislativa.

Legisladores de oposición al Gobierno cuestionaron que en el grupo de asesores encargado de preparar el informe para el juicio político esté un profesional que había expresado anteriormente su oposición a ese juicio. La tacha fue “falta de idoneidad” para que pueda dar una opinión imparcial.

¿Qué podría pensarse de los asambleístas que no solo deben opinar, sino, además, votar para destituir a Lasso o para no destituirlo, que han anticipado su opinión y amenazado a los que podrían pensar o actuar diferente? Está el anuncio de aplicar sanciones de justicia indígena –baños con agua helada, ortigazos, entre otras– a asambleístas de Pachakutik que no voten por la destitución de Lasso y la de tomarse las calles si esto no se da.

Se supone que los que deben votar sobre responsabilidades de a quienes se juzga, para hacerlo, deben considerar evidencias o pruebas y los sustentos que se presenten, y solo así motivar su voto. En caso contrario, no hay juzgamiento sino solo alineamiento y suma de votos.

El extenso informe elaborado por el grupo de asesores, que presentó a consideración y votación de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, el presidente de esta, que llega a la conclusión de que no habría peculado imputable a Lasso, fue negado, lo que ya había sido advertido por el previo alineamiento de quienes así votaron, no suponiendo la ley informe alternativo. El pleno de la Asamblea recibirá el informe no aprobado en la Comisión de Fiscalización. ¿Podría el pleno, por tener la acumulación de votos, de ser el caso, decidir políticamente que hay peculado, aun cuando no es la conclusión del informe?

Pregunto: ¿se podría asumir una solución concertada, privilegiando las urgentes necesidades del Ecuador, como se dio con la Ley para la Salud Mental? (O)