Los delitos informáticos son por lo general una combinación de varias infracciones de la ley.

Carlos (nombre protegido), de 33 años de edad, fue víctima de secuestro la noche del 18 de febrero pasado, luego que quedó bajo los efectos de la escopolamina. Dice que tiene una laguna mental desde que se subió a un taxi, en el norte de Quito.

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Reaccionó al día siguiente, doce horas después, sin su celular, reloj, laptop y documentos, incluyendo su tarjeta de crédito. En el lapso que estuvo secuestrado se registraron compras a través de aplicaciones de pedidos de comida a domicilio.

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“Fueron como diez pagos con mi tarjeta en un patio de comidas por la suma de 320 dólares. Como estaba secuestrado no pude reaccionar y bloquear enseguida”, manifiesta.

El hecho evidencia que del secuestro y robo físico se pasó a la apropiación fraudulenta de dinero a través de medios electrónicos, en este caso, con el uso de las aplicaciones móviles.

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Este último delito informático está tipificado en el art. 190 del Código Orgánico Integral Penal.

Los responsables llevaron comida que pagaron con el dinero de Carlos y luego recibieron el dinero íntegro de los que habían solicitado el pedido al llegar a sus hogares con sus pedidos.

Durante el 2022 se registraron 3.112 casos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos, casi el doble de las 1.704 denuncias del 2019, según la Fiscalía.

El aumento fue mayor durante la pandemia cuando se identificaron 2.229 y 5.178 hechos de este tipo en 2020 y 2021, en su orden.

Desde el 2019 hasta junio del 2023 hubo 13.711 robos a través de medios digitales (apropiación fraudulenta por medios electrónicos).

La mayor parte de los casos terminan con el reclamo ante la entidad bancaria, la que tras una investigación devuelve el dinero.

El caso de Carlos fue denunciado ante la Fiscalía, pero hasta ahora no hay resultados. Como las compras digitales se hicieron tras el robo físico de la tarjeta, pues no hubo devolución de fondos.

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Uso de tarjetas de crédito implica un riesgo debido al robo de datos

Los delitos informáticos tienen el carácter de ser transfronterizos, indica Roberto Torres, fiscal encargado de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos de la Fiscalía, creada mediante resolución en junio de 2022.

Indica que su equipo atiende los casos de ataque a la integridad de sistemas informáticos, transferencia electrónica de activo patrimonial y los relacionados con la pornografía infantil y la comercialización de esta.

“Los ciberdelitos son actos que infringen la ley y que se cometen usando las tecnologías de la información y comunicación. Durante la pandemia los delitos en redes aumentaron exponencialmente”, indica.

Un ejemplo del robo de datos es lo que le sucedió a Jorge Villanueva, quien se dedica a traer mercadería de Estados Unidos para venderla en Ecuador tras quedar desempleado.

Frecuentemente viaja al país del norte y para él es regular usar su tarjeta de crédito, ya que sus clientes, por lo general, le depositan el dinero de los envíos en esa cuenta.

Cuenta que un día, estando en Ecuador, le llegó un mensaje de texto que le informó sobre una compra en Estados Unidos por un valor cercano a $ 250.

Revisé la compra y la hicieron por internet en una tienda de artículos de tecnología. Compraron audífonos”, dice.

Antes desconfiaba de los pagos bancarios ‘online’ y a sus 75 años, maneja sin problemas la tecnología: la generación ‘baby boomers’ va adaptándose y suma 17 millones de transacciones

Él reportó el caso: “El banco al principio dijo que yo había hecho la compra porque supuestamente habían usado el código de seguridad, pero les dije que yo no era. Bloquearon la transacción y luego de dos meses me devolvieron, pero nunca me explicaron qué pasó”.

Jorge relata que este no fue el único episodio. Luego de la compra por 250 dólares le llegó un mensaje de texto sobre una transacción en una tienda de aplicaciones digitales por el valor de un dólar, pero automáticamente se había reversado.

Llamé al banco y me dijeron que otra vez intentaron comprar con mi tarjeta en Estados Unidos, pero que el banco la bloqueó automáticamente. Allí decidí cerrar esa tarjeta y cambiar de banco”, afirma.

La mayor parte de casos se quedan sin sancionar a los responsables

Felipe (nombre protegido) siempre tanqueaba en una misma gasolinera en Guayaquil. Un día recibió una llamada en la que le decían que era el “afortunado ganador de un premio” por consumir en la estación de servicio a la que siempre iba.

Le dijeron que vaya con su esposa y sus tarjetas de crédito. Tenían todos sus datos como los números de cédula, nombres completos y celulares.

Luego de acudir al evento sufrió un percance por pagos indebidos con su tarjeta. “Entonces llegamos a la conclusión de que cuando pagas con tarjeta esas bases de datos de establecimientos son vendidas inescrupulosamente y quien sabe en qué manos caen”.

El hecho evidencia que hay una venta fraudulenta de las bases de datos, o los datos de las tarjetas se filtran al momento de hacer las compras digitales. Desde enero del 2019 hasta junio de este año la Fiscalía registra 323 casos de revelación ilegal de base de datos.

Los delitos informáticos también entran el marco de la estafa en esta era digital cuando se usan medios electrónicos.

Las estafas también han aumentado al pasar de 16.558 y 17.683 en 2019 y 2020 a 23.410 y 22.375 en 2021 y 2022, en su orden.

Solo entre enero y junio de este año ya se registran 11.867 denuncias de estafas. El número incluye a las que se hacen usando las redes sociales e internet.

La banca móvil está en auge, el número de transacciones bancarias a través del celular pasó de 23 millones a 350 millones de 2019 a 2022, 15 veces más

Hay robo de perfiles en redes sociales

Para afrontar la crisis económica que generó la pandemia en su familia en 2020, Milady Aguirre emprendió en la venta de maquillaje y productos de belleza.

Creó un perfil en la red social Instagram para empezar a mostrar sus productos y dar tips de belleza. En poco tiempo logró tres mil seguidores y concretó ventas.

Sin embargo, a finales de 2021 ella trató de acceder a la cuenta de Instagram, pero la plataforma no la dejó: “Yo mantenía abierta la cuenta siempre, pero un día se cerró y pensé que era la propia seguridad de IG (Instagram), pero traté de acceder y me decía que no era la contraseña. Puse recordar contraseña, pero nada. Luego tampoco pude acceder al correo”.

Dice que trató de comunicarse con Meta (empresa administradora de Facebook, Instagram y WhatsApp), pero luego de todo un proceso de verificación no le dieron el acceso.

A los días de perder el acceso, le llegó un mensaje por WhatsApp de personas tratando de venderle de nuevo su cuenta.

“Primero me pidieron $ 500 y luego $ 200. No pagué. Conseguí trabajo luego y dejé el tema del maquillaje. Luego me enteré que esa cuenta se la vendieron a otro supuesto emprendedor. Cambiaron logo, nombres, datos y vendían artículos para gimnasio. Se llevaron los seguidores, aunque pedí, en mi cuenta personal, que los dejaran de seguir”, señala. (I)