El pedido de juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía del gobierno de Daniel Noboa, fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional durante una sesión realizada la noche del miércoles 8 de mayo.

La aprobación del CAL se dio tras conocer el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento.

Ahora, el proceso irá a manos de la Comisión de Fiscalización, que está presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, integrante de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

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El juicio político a la exministra es impulsado por el movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC), que presentaron la solicitud el pasado 24 de abril, con 40 firmas de respaldo.

Los proponentes del juicio son tres asambleístas: Ana Galarza y Jaime Moreno (Construye) y Vicente Taiano del Partido Social Cristiano (PSC).

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Acusan a Andrea Arrobo por un presunto incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética.

Los interpelantes argumentaron en su pedido que en el gobierno de Lasso se anunciaron procesos de contratación de energía eléctrica adicional, para lo cual delegó a la Empresa Eléctrica Quito, pero el 22 de noviembre, una vez posesionado el gobierno de Daniel Noboa, se canceló la delegación.

Que hasta abril de 2024 no se efectuaron las contrataciones que generarían energía adicional necesaria para satisfacer la sequía o estiaje, lo que significó depender de la contratación de energía eléctrica importada de Colombia, pero luego se conoció que el país vecino no venderá energía al Ecuador generando cortes del servicio.

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Andrea Arrobo estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas desde el 23 de noviembre de 2023, cuando empezó el mandato de Daniel Noboa. El 16 de abril, en medio de la crisis energética, el presidente de la República exigió la renuncia de la entonces funcionaria.

Aquel día, Noboa anunció que se inició una investigación por sabotaje “porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida”.

Posteriormente, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, planteó una demanda a nombre del Gobierno, en la Fiscalía General del Estado, en contra de la exministra y otros 19 altos funcionarios actuales del sector eléctrico, además de Esteban Albornoz y José Medardo Cadena, exministros de Electricidad y Energía Renovable en el gobierno de Rafael Correa.

Arrobo fue demandada por paralización de servicios públicos y traición a la patria. Supuestamente habría ocultado reportes sobre la grave situación de las centrales hidroeléctricas generados por el operador nacional de electricidad (Cenace), con el fin de que la “grave situación no sea conocida para la toma de decisiones necesarias de manera oportuna”. Habría indicios de una “finalidad delincuencial por alianza política”. (I)

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