La exministra de Salud Ximena Garzón Villalba, este 14 de febrero, deberá responder a un juicio político en su contra por supuesto incumplimiento de funciones en la adquisición de medicamentos sin registro sanitario para los hospitales públicos y la falta de atención médica a las personas con enfermedades catastróficas.

Los legisladores interpelantes en este proceso serán los asambleístas Ricardo Vanegas, de la bancada Pachakutik, y Nathalie Viteri, del bloque socialcristiano. Ambos cuestionan la gestión de Garzón Villalba en la compra de medicinas sin los controles que exigen la normativa y también la falta de entrega oportuna de medicamentos a personas que enfrentan enfermedades catastróficas y que fueron motivo de demandas internacionales.

Asamblea Nacional llama a juicio político a exministra de Salud Ximena Garzón por irregularidades en compra de medicinas para hospitales públicos

Garzón Villalba dejó el Ministerio de Salud en julio de 2022 luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró en emergencia al sistema de salud público con el fin de solventar la escasez de medicamentos e insumos médicos.

La exfuncionaria es llevada a juicio político tras una decisión del pleno de la Asamblea cuando aprobó una resolución para iniciar la interpelación en vista de que en la Comisión de Fiscalización no hubo los votos suficientes para recomendar la interpelación. 61 asambleístas votaron a favor del inicio del juicio previsto para este martes.

Acusaciones

En el expediente presentado en este juicio se señala que el Ministerio de Salud, liderado por Ximena Garzón, acordaron con el Sercop la aplicación de reformas al reglamento general de la Ley Orgánica de Contratación Pública con lo cual se autorizó la compra de medicamentos sin que los proveedores justifiquen las buenas prácticas de manufactura y el registro sanitario, que son requisitos que exige la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Y para ello se dictaron varios decretos ejecutivos que permitieron que la empresa Ginsberg, inhabilitada desde el 2017 en el Sercop, declarada contratista incumplida desde el 2019 y deudora del Seguro Social, pudiera proveer medicamentos a través de las empresas públicas que tiene cada universidad, por lo que cambió su giro de negocio.

Con ello, las empresas públicas de las universidades formaron alianzas estratégicas con distribuidoras y estas compraban medicinas a los laboratorios de Ginsberg Ecuador S. A., que estaba impedida de vender directamente al Estado; pero terminó baipaseando la adquisición de medicinas no solo a los hospitales públicos, sino también con el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS).

Una vez que el Gobierno compró las medicinas con la modalidad de participación de las universidades, el Arcsa tomó acciones para verificar en el laboratorio cómo se elaboran las medicinas, pero este laboratorio impidió su acceso, por eso el Arcsa el 19 de mayo de 2022 elevó un informe en el que recomendaba que esas medicinas no podían ser consumidas porque no pasaban las buenas prácticas de manufactura. Las primeras alertas sobre la compra de medicamentos y las irregularidades vinieron del actual ministro de Salud, José Ruales, anotó el interpelante de Pachakutik.

Vanegas comentó que durante la gestión de la acusada los pacientes no solamente no recibían una adecuada atención hospitalaria, sino que ocurrió algo más grave que fue “proporcionar medicinas que no tenían registro sanitario y que no eran aptas para el consumo humano”. Si bien no se sabe cuántos se murieron, sí se conoció de las alertas que se presentaron, anotó.

La acusación presentada por la asambleísta Nathalie Viteri se relaciona con las enfermedades catastróficas e intenta demostrar que las personas que tienen este tipo de enfermedad no fueron atendidas debidamente por el Ministerio de Salud, porque no les proporcionaron las medicinas para que fueran tratadas; y esto se agrava porque hay una demanda de una medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (I)