Caso Metástasis: lo que viene en el proceso penal y los coletazos que deja en la política nacional

Trece días es lo que le queda a la instrucción fiscal abierta el 15 de diciembre pasado en el caso Metástasis. Penalmente son procesadas por delincuencia organizada 52 personas, entre jueces y exjueces nacionales y provinciales, policías, fiscales, peritos, secretarios de juzgados, funcionarios judiciales, empresarios, testaferros, abogados en libre ejercicio, todos, a decir de Fiscalía, girando en torno a una “estructura criminal” liderada por el narcotraficante hoy fallecido Leandro Norero.

Parecería que los días más complejos de la investigación están por venir, no solo por el corto tiempo que queda dentro de este megacaso de corrupción en el que aún hay pericias por completar, versiones por tomar, diligencias por concretar, sino también por los hechos, nombres, cantidades y otros datos que fueron entregados en los cuatro testimonios anticipados receptados el 28 de marzo pasado como parte del proceso de Metástasis.

El jueves último, los procesados Mayra Salazar y Hélive Angulo, directamente conectados con Norero y sus actividades ilegales en el sistema de justicia, y el testigo Marcelo Lasso Saavedra, hombre de confianza del narcotraficante mientras estuvo en la cárcel, y la fiscal Lidia Sarabia, quien investigó por lavado de activos a Norero y varios de sus familiares, hablaron directamente de los nexos de muchos de los investigados con actos que buscaban obtener fallos judiciales a conveniencia, beneficios penitenciarios y acceder a información privilegiada de funcionarios judiciales que conocían o podían saber de las causas penales que mantenían por temas de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de recursos ilícitos.

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Todo lo dicho debe ser corroborado por la Fiscalía para que pasen de elementos de convicción a ser pruebas en un eventual juzgamiento en este o en cualquier otra causa judicial en la que se use la información. Abogados de los procesados en Metástasis casi tienen la certeza de que la fiscal general, Diana Salazar, abrirá nuevos casos en los que irá usando los datos entregados.

Influencia de la información obtenida en Metástasis

De partida, la información expuesta en los testimonios de Metástasis ya ha servido para llamar a rendir versión a personas nombradas por los declarantes. Una de ellas es la actriz Carolina Jaume, de quien dijo Mayra Salazar es la propietaria de una agenda en la que estarían registrados los “operadores” de Xavier J., empresario que es parte de los 52 procesados de Metástasis. Ella deberá asistir vía Zoom a rendir versión el próximo martes, 2 de abril.

También alimentará al caso Purga, en el que se investiga por delincuencia organizada a doce personas, entre ellas el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo. De confirmarse los hechos, incluso podría existir la posibilidad de cambiar el curso de procesos civiles y penales en los que se resolvieron temas de tierras en la provincia del Guayas o el pago de indemnizaciones por casi $ 4 millones por parte del Banco del Pacífico.

En el último tramo de la instrucción fiscal se deberán resolver en audiencia los procedimientos abreviados solicitados por los policías Neycer Mazón y Gabriel García, quienes quieren reconocer su responsabilidad en el delito investigado; los pedidos para entregar sus testimonios anticipados hechos por el exjuez de Santo Domingo de los Tsáchilas Emerson Curipallo y por Daniel Salcedo; los pedidos para revisar la presentación incumplida por el policía Eddin Iza y el juez del Guayas Johann Marfetan; y además una posible cooperación con la justicia de Álex Palacios, asesor del exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán.

El cierre de la instrucción fiscal del caso Metástasis, la cual se dará el 13 de abril próximo, coincidirá con la campaña en pleno para la consulta popular y referendo que está dispuesta para el 21 de abril en todo el Ecuador. Desde el 7 de abril próximo, en el país se podría hacer campaña a favor del Sí o del No en las once preguntas que se plantean: cinco de consulta y seis de enmienda y reforma de la Constitución.

Entre las consultas que se hacen está la extradición de ecuatorianos; el que las Fuerzas Armadas apoyen de manera complementaria a la Policía en el combate al crimen organizado; el que se incrementen las penas para delitos como terrorismo, tráfico de drogas, delincuenia organizada, sicariato...; el que el Estado sea el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado... Temas en los que podría incidir la información que se produce en el proceso penal de Metástasis, pues se está hablando de narcotráfico, crimen organizado, bandas delictivas que han cooptado, a través de la amenaza o los ingentes recursos que posee, a una parte del poder judicial y político para alcanzar objetivos de impunidad.

Los últimos días de la investigación del delito de delincuencia organizada de Metástasis se van dando en medio de un recrudecimiento de la violencia en el país y a poco de que el 9 de abril próximo se completen los 30 días en los que se extendió el estado de excepción que originalmente nació el 8 de enero pasado, ante una grave conmoción por el tema de inseguridad que vivía Ecuador, atado principalmente a una escalada de muertes violentas y ataques atribuidos principalmente al narcotráfico.

En medio de esta situación, el sábado 30 de marzo último fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, Wilman Terán, señalado como colaborador de la organización en Metástasis, y el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, ubicado por Fiscalía en el caso Purga o Metástasis 2 como quien dirigía la estructura criminal que se tomó la justicia del Guayas para alcanzar sus objetivos. Terán fue llevado desde la Cárcel 4, en Quito, y Muentes, desde el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga.

Hasta el momento, la información desprendida de Metástasis 1 y 2 ha tenido coletazos en dos estructuras políticas: el Partido Social Cristiano (PSC), del cual Pablo Muentes es parte, y el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC5), del que acabó de desafiliarse el exlegislador Ronny Aleaga, a quien se ubica con el alias de Ruso en el expediente de Metástasis, caso en el que es uno de los 52 procesados. Aleaga es señalado dentro de la investigación como el operador político de Norero y el empresario también acusado en Metástasis Xavier J.

El PSC ha rechazado que se lo acause de ser el que manejaba la mayoría en el Consejo de la Judicatura y pide que se analice el accionar de Muentes como algo relacionado con el exlegislador y no con el partido. De su parte, la Revolución Ciudadana ha tomado distancia de su exintegrante y afirma que los señalamientos que se hacen hacia líderes del movimiento tienen que ver con el ataque que mantiene la fiscal Diana Salazar, entre otras cosas, supuestamente porque RC sería la que lidera en la Asamblea Nacional la propuesta de llevarla a juicio político por incumplimiento de funciones a la titular de la Fiscalía General.

Lo que viene en el proceso penal

Con el cierre de la instrucción fiscal del caso Metástasis, procesalmente hablando lo que viene es que la fiscal general, Diana Salazar, pida al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova día y hora para dar a conocer su dictamen acusatorio y solicitar que sean llamados a juicio. En la diligencia primero deberá valorarse si existen o no vicios de nulidad; y, de no encontrarse, se pasará a la presentación de los elementos de prueba pericial, testimonial y documental que poseen las partes para defender su teoría de acusación o de defensa.

Abogados de la Procuraduría General mantienen la representación del Estado ecuatoriano, el cual sería la víctima en el caso Metástasis. Al haber jueces y exjueces de por medio y existir una manipulación de la justicia para fines ilegales e ilícitos, el Consejo de la Judicatura también ha presentado una solicitud ante el juez para ser declarado víctima en esta causa penal.

Solo después de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se podrá conocer si los 52 procesados —o cuántos de ellos— son llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. En ese punto, será un tribunal de juzgamiento integrado por jueces de la CNJ el que valorará las pruebas que las partes presenten en audiencia y decidirá en primera instancia la pena que se impone.

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El artículo 369 del vigente Código Orgánico Integral Penal explica sobre la delincuencia organizada que la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena de cárcel de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Los demás colaboradores serán sancionados con pena de cárcel de cinco a siete años; mientras que la pena de prisión será de diez a trece años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos. En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. (I)