Al estar la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas Mercedes Leonor V. V. en calidad de investigada dentro del caso Purga y haber salido del país hacia España, horas antes de que se concretara el operativo con el que se detuvo a doce personas, la Fiscalía General pide oficiar a la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se genere una notificación azul contra la exfuncionaria judicial.

“De conformidad con lo que dispone el artículo 499, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, ofíciese a la Oficina de Interpol con asiento en la ciudad de Quito a fin de que, a través de sus similares, genere una notificación azul con relación a Mercedes Leonor V. V. (...), toda vez que sobre esta ciudadana ecuatoriana pesa una orden de detención para notificación de formulación de cargos otorgada por el juez de la Corte Nacional Javier de la Cadena”, señala el impulso fiscal emitido en la investigación de Purga.

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¿Qué significa las “notificaciones azules” de la Interpol?

Según la Interpol, las notificaciones azules sirven para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

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Mercedes V. era uno de los objetivos por detener en la operación, que incluyó allanamientos, realizada la madrugada del 4 de marzo pasado en Guayas y Pichincha, parte del caso Purga. Según un informe de la Unidad Nacional de Investigaciones con la Fiscalía General (UNIT), Mercedes V. dejó el Ecuador vía aérea a las 18:27 del domingo 3 de marzo último, horas antes de que la Fiscalía obtuviera las autorizaciones del juez De la Cadena para allanar y detener a trece personas con la finalidad de que asistieran a una audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada.

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Los allanamientos policiales y fiscales llegaron al domicilio de Mercedes V. en las primeras horas de la madrugada del 4 de marzo, pero ella ya no estaba ahí. En el vuelo 755 de la aerolínea KLM, la exfuncionaria judicial había dejado el país y su rumbo era Barcelona (España).

En el documento en el que se pide oficiar a la Interpol se explica que “(…) en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023 se habrían cometido varios hechos de corrupción en una Corte Provincial del país dentro del contexto de una delincuencia organizada, contando con la participación de varios jueces y funcionarios que ostentan fuero de Corte Nacional”. Y se aclara que, al existir un procesamiento penal en curso, es necesario que se proceda a la localización y ubicación de la sospechosa.

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Además, se dispuso que se oficie a la aerolínea en la que viajó a Europa la sospechosa para que certifique los registros de compraventa, embarque, viaje y destino con escala y destino final de Mercedes V.

Lo que se buscaría definir es si ese fue su destino final o fue la conexión para otro país europeo. En un análisis preliminar al círculo familiar de Mercedes V. se habría descubierto que en Ámsterdam, en los Países Bajos, estaría una hija de la persona buscada por haber colaborado con una “estructura criminal” que infiltró el sistema de justicia en Guayas para obtener sentencias favorables a líderes de la organización, como el exasambleísta socialcristiano Pablo M., la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola G. o el juez penal Johann M.

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En su testimonio anticipado, Salazar, comunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, procesada por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, señaló que el entonces legislador socialcristiano Muentes manejaba a la mayoría de los vocales del CJ, es decir, al en ese momento presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y a los vocales titulares Xavier Muñoz y Maribel Barreno.

Que esa relación era un ganar-ganar, dijo Salazar, pues, por un lado, los tres integrantes del CJ recibían el apoyo político de “Muentes y del PSC”, y, a cambio, Terán, Muñoz y Barreno les daban “cuotas” en el Consejo de la Judicatura. Prueba de ello, afirmó, fue que a ella Pablo Muentes le consiguió, por medio de Wilman Terán, el nombramiento en Guayas, y también a Mercedes V. como directora del CJ en la provincia del Guayas.

Actualmente, Mercedes V. es investigada por la Fiscalía por haber realizado cambios de jueces y archivado varios sumarios administrativos que mantenía, por ejemplo, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas y otra de las líderes de esta estructura delictiva analizada.

“¿Favores? El Partido Social Cristiano (PSC) en ninguna parte del país ha nombrado ni hecho nombrar jueces ni fiscales. El partido no tiene funcionarios de ningún tipo en la función judicial. El PSC no ha enjuiciado ni impulsado sentencias ni a favor ni en contra de nadie, tampoco ha defendido ni logrado que se libere a persona alguna. Ninguna de las acciones denunciadas implica beneficios para el PSC ni para sus dirigentes. No sorprende que escribientes y asalariados, en unos casos, acepten como válidas las versiones de procesados, y en cambio, no lo hagan en otros bullados casos de supuesta corrupción”, se respondió en un comunicado desde la directiva nacional del PSC. (I)

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