En el tercer día de audiencia en el caso Reconstrucción de Manabí, Fiscalía continúa con la fundamentación de su dictamen acusatorio

Con el anuncio de los elementos de convicción que fundamentan la acusación de la Fiscalía al procesado por el delito de peculado Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del gobierno de Rafael Correa, es con lo que continuó este jueves, 13 de marzo, el tercer día de audiencia preparatoria de juicio del denominado caso Reconstrucción de Manabí.

La diligencia se reinstaló el lunes último, 10 de marzo, para que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Aguirre, dé a conocer su resolución respecto a la posible existencia de vicios de nulidad. La decisión oral finalmente fue rechazar todos los pedidos de nulidad hechos por las defensas de los acusados y declarar la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía en la etapa de instrucción fiscal.

Desde ese momento, el fiscal general subrogante Wilson Toainga está fundamentando el dictamen acusatorio que emitió contra Jorge Glas, como exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del gobierno de Rafael Correa, y seis personas más.

A todos, el titular de la Fiscalía los acusó en calidad de autores directos del delito de peculado, conforme al primer inciso, del artículo 278, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 42, numeral 1, literal a, del mismo cuerpo legal.

El peculado es uno de los delitos contra la eficiencia de la administración pública y habla de que los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Una vez instalado el tercer día audiencia, el conjuez Aguirre conoció un escrito presentado por Andrés Villegas, defensa de Jorge Glas. En el documento, el abogado del líder correísta solicitaba que se suspenda la diligencia este jueves, el próximo viernes y lunes, entre las 11:00 y las 14:00, debido a que Villegas era parte de los tribunales de defensa del trabajo dentro de la maestría en Política Criminal y Derecho Penitenciario en la Universidad de Guayaquil y debía asistir a los mismos.

El magistrado corrió traslado con el pedido a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y al abogado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, instancia que asiste a la audiencia como víctima. Los tres sujetos procesales coincidieron que la diligencia ya ha tenido suficientes interrupciones y que lo necesario era darle continuidad a la audiencia. Le pidieron al juez que para garantizar el derecho a la inmediación de Glas se le coloque un defensor público.

El conjuez, al creer que el pedido no era desproporcionado, dispuso que esas horas solicitadas por la defensa del líder de la Revolución Ciudadana se hagan coincidir con las horas de almuerzo en los días indicados. Es decir, por ejemplo, este jueves la audiencia se suspenderá entre las 11:00 y las 13:30, y de la misma forma el viernes próximo.

Además de Glas, Solís y Bernal, por peculado son procesados Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), y el exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.

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Para la Fiscalía, el líder correísta y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto de abril de 2016

También, se asegura, la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos a ellos, existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada a familiares de, por ejemplo, apuntó Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.

Al momento, el fiscal Toainga se encuentra detallando los elementos de convicción que tienen que ver con el procesado Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP. Luego de que concluya el fiscal que subroga en el cargo a Diana Salazar, la exposición de los elementos de convicción generales y particulares para cada uno de los acusados, Toainga deberá anunciar la prueba pericial, testimonial y documental que usará la parte acusadora en el caso de que la decisión de Aguirre sea llamar a juicio. Luego deberán intervenir en la audiencia los abogados de la Procuraduría, del CPCCS y de los nueve procesados, estos últimos para rechazar la acusación y los elementos presentados por Toainga. (I)