Con la vinculación de Beatriz Herdoíza, Priscila Burneo y Alexandra Álvarez al caso conocido como Sinohydro son ya 40 las personas procesadas por el delito de cohecho ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair

Para la Fiscalía, Herdoíza y Burneo, esposa y nieta del empresario ya procesado en esta misma causa, Conto Patiño, y Álvarez, son parte de la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción de Coca Codo Sinclair.

Para configurar el delito de cohecho, la fiscal general, Diana Salazar, explicó que a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones, dineros que terminaron siendo repartidos entre los sospechosos a través de transferencias, el cobro de cheques y el uso de empresas de varios de los procesados.

Justamente Salazar presentó elementos de convicción que revelarían que Herdoíza, Burneo y Álvarez realizaron actos para facilitar y ayudar el movimiento de dineros procedentes de las coimas entregadas por la china Sinohydro.

Por ejemplo, de Beatriz Herdoíza y Priscila Burneo se dijo que como presidenta y accionista de Comercial Recorsa C. A. habrían proporcionado las condiciones para que dicha empresa reciba las dádivas; mientras que de Alexandra Álvarez se dijo que era esposa del ya fallecido integrante del directorio y responsable de la Comisión Técnica del proyecto Coca Codo Sinclair y que ambos habrían recibido $ 3 millones de forma personal y a través de su empresa Valley View con domicilio en Panamá, ejecutando prácticas similares a las de los otros procesados.

Para los tres ahora procesados el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Bayardo Espinosa, ordenó que deban cumplir las medidas de presentación periódica los últimos días días de cada mes, la prohibición de salida del país y la colocación del grillete electrónico.

En el penúltimo día de los 90 definidos inicialmente para la etapa de instrucción, la Fiscalía solicitó al magistrado a cargo una audiencia para vincular al proceso a Herdoíza, Burneo y Álvarez. Por norma al existir la vinculación la instrucción fiscal se extiende por 30 días más, es decir, tendrá una duración total de 120 días. El juez Espinosa entró a analizar los elementos dados para así definir el día exacto en que concluirá formalmente esta etapa del proceso.

Se dispuso también la inmovilización de cuentas en el sistema financiero nacional y que se ordene la misma medida en el campo internacional en China, Panamá y Estados Unidos y además la prohibición de enajenar bienes por $ 3 millones para Beatriz Herdoíza, por $ 280.000 para Priscila Burneo y $ 6 millones para Alexandra Álvarez.

Otros procesados

Dentro de este mismo caso, el 5 de junio pasado el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, parte de los procesados, recibieron la disposición de presentarse los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses tendrán que hacerlo en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

El exmandatario ecuatoriano y su pareja inicialmente recibieron la medida de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Para su defensa, David Meza, esa medida era desproporcionada, pues viajes tan seguidos en las condiciones de sus clientes no solo vulneran sus derechos, sino que afectan directamente la vida y la salud del expresidente que tiene 70 años de edad y mantiene el 81 % de discapacidad.

Moreno y su esposa viven desde el 2022 en Paraguay. Allí Moreno ocupa un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Caso Sinohydro: desde la empresa Recorsa se repartieron $ 76 millones a dos núcleos familiares, funcionarios públicos y representantes chinos

El conjuez Espinosa también cambió la presentación periódica cada quince días en Ecuador del empresario amigo de Moreno, Xavier Macías Carmingniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño. Desde inicios de junio deben presentarse los últimos diez días en la delegación consular de Ecuador en Panamá y los últimos diez días cada cuatro meses deberán hacerlo en la Sala Penal de la CNJ, en Quito.

En estos cuatro casos, Bayardo Espinosa tomó en cuenta los certificados médicos que señalaban temas de salud complicados de estos procesados y además aclaró que la Fiscalía no justificó el numeral 2, del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta norma señala que para garantizar la comparecencia de la persona procesada y el cumplimiento de la pena, el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador, de manera debidamente fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran requisitos como elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el procesado es autor o cómplice de la infracción. Este requisito para el juez no se había cumplido para los matrimonios Moreno-González y Macías Carmigniani-Patiño.

Jorge Glas afirma en versión que el expresidente Lenín Moreno lo contactó para pedir que reciba a una persona que estaría a cargo del tema Sinohydro

El ciudadano chino Song Donsheng debe igualmente presentarse en la embajada de Ecuador en China los últimos diez días de cada mes y tiene la obligación de volver a Ecuador para presentarse una vez cada cuatro meses en la Corte Nacional. Una medida similar la deberá cumplir el procesado Francisco Espinosa, quien cumplió su medida cautelar en Ecuador, pero desde este momento lo deberá hacer en la delegación consular de Ecuador en Miami, Estados Unidos.

En relación con Irina Moreno, hija del ex primer mandatario, el juez confirmó que debe presentarse cada quince días en la Corte Nacional, en Quito, pese a que se haya argumentado que vive en Miami, Estados Unidos, y está a cargo de dos niños menores de edad, situación que le impide volver al país. Se negó el pedido de Fiscalía de que se le ordene prisión preventiva y que se notifique a la Interpol (Policía internacional, por sus siglas en inglés) para que se los localice y detenga en territorio extranjero. (I)