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Consejo de Participación Ciudadana: un organismo ‘clave’ por su atribución de elegir a las autoridades de control más importantes del país

Desde el 2009 ha tenido cinco administraciones, con la participación de 51 consejeros ,y debe organizar la elección de 101 funcionarios del Estado.

Por el Consejo de Participación Ciudadana han pasado cinco cuerpos colegiados, desde su creación en el 2009, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi. Foto: Archivo/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

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En el 2008, con la llegada del gobierno de Rafael Correa y la aprobación de la Constitución de Montecristi se dio vida a la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que ha estado bajo el escrutinio público por una de sus doce atribuciones: la elección de las principales autoridades de control del Estado.

El artículo 208 de la máxima norma constitucional otorgó al Consejo de Participación Ciudadana doce deberes y atribuciones, que se resumen en la promoción de la participación ciudadana, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones del sector público, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, y elegir a los titulares de varios organismos de control con la intervención de comisiones ciudadanas de selección.

Por encargo de la Carta Política y por mandatos legales, es decir, por la divulgación de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, el Consejo organiza procesos públicos para elegir a 101 autoridades.

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Por mandato constitucional y mediante comisiones ciudadanas debe elegir a las cabezas de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de las defensorías del Pueblo y Pública; a los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Por ternas enviadas por la Presidencia de la República, en las que no intervienen comisiones ciudadanas y, al contrario, las desarrolla el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, se elige a la autoridad de la Procuraduría General del Estado, de las superintendencias de Bancos, Compañías y a los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), que en cuyo caso envían las ternas la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En tanto que por leyes aprobadas por la Asamblea elige mediante el procedimiento de ternas a los superintendentes de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; de Economía Popular y Solidaria; de Control del Poder del Mercado y de Protección de Datos, entre otros.

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Por esta atribución, el gobierno de Guillermo Lasso propone realizar un referéndum para modificar los textos de la Constitución a través de una enmienda y eliminar los numerales 10, 11, 12 del artículo 208 que encarga al CPCCS la elección de estas autoridades y el artículo 209 en el que se establece la obligación de conformar comisiones ciudadanas para que desarrollen los concursos.

También propone modificar el mecanismo de elección de sus siete vocales para que ya no se realice en un proceso electoral, sino que lo asuma la Asamblea Nacional.

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El jefe de Estado argumenta que el CPCCS es un órgano “vulnerable”, pues toma decisiones con una mayoría de cuatro, de siete vocales, siendo un “riesgo” para la institucionalidad del país, a lo que se suma que se “demoran varios años” en cumplir con su atribución, manteniendo funcionarios en funciones prorrogadas.

Juana Marcela Miranda y Fernando Cedeño presidieron el primer pleno del CPCCS, en el que se designó por primera vez a Carlos Pólit como contralor del Estado en el 2011.

En total, son ocho preguntas de enmienda entre las que está el Consejo y fueron calificadas como constitucionales por la Corte Constitucional (CC), respecto de la vía para que se haga mediante una enmienda, así como el texto de los considerandos, anexos y el cuestionario.

El CPCCS está conformado por siete vocales que desde el 2019 son electos por el voto popular. Antes se elegían mediante un concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana que realizaba el Consejo Electoral.

Desde el 2009 y hasta la fecha han pasado por su sede cinco administraciones con la participación de 51 consejeros, entre principales y suplentes. La primera fue de transición que la presidió Julián Guamán.

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Las siguientes dos, conformadas del concurso público que realizó el CNE, las presidieron: Marcela Miranda y Fernando Cedeño para el periodo 2010-2015 y Raquel González para el periodo 2015-2020.

En estas dos administraciones fue electo y reelecto Carlos Pólit Faggioni como contralor del Estado, alcanzando los más altos puntajes en los concursos.

En el 2017, meses después de su segunda reelección, fue procesado por el delito de concusión relacionado con el caso Odebrecht. Lo subrogó Pablo Celi, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, quien actualmente es procesado por delincuencia organizada en una investigación que emprende la Fiscalía en el denominado caso Las Torres.

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Otros funcionarios electos fueron Galo Chiriboga (cercano a Rafael Correa, que en esa administración fue embajador de Ecuador en España y exministro del Trabajo), como titular de la Fiscalía General; o el exprocurador del Estado Diego García, entre otros.

El periodo en funciones de González no se agotó, debido a que en el 2018 con la llegada del mandato del expresidente Lenín Moreno se convocó a una consulta popular que instaló un Consejo de Participación Ciudadana de transición que lo presidió Julio César Trujillo (+) y que asumió una atribución excepcional con la cual se evaluó a todas las autoridades del Estado que designaron sus predecesores.

Como resultado de ese plebiscito, la voluntad popular aprobó que desde el 2019 los siete vocales del CPCCS se elijan en los comicios seccionales cada cuatro años y por tanto sean candidatos de elección popular.

Con ello, se instaló una plenaria que reunió a José Tuárez, Rosa Chalá, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Christian Cruz.

Quito, 14 08 2019 .- Walter Gómez, Rosa Chalá (sin zapatos) y José Tuárez / Asamblea Nacional, juicio político contra cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Estuardo Vera / Diario El Universo

Este cuerpo colegiado perduró poco más de un mes en funciones, pues cuatro de ellos fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional en un juicio político, bajo la causal de haber aprobado una resolución para conformar una comisión que revise la elección de los jueces de la Corte Constitucional que efectuó el CPCCS de transición.

Ello iba en contra de una sentencia interpretativa que emitió la Corte Constitucional, en la que ratificó que las actuaciones del Consejo transitorio no eran susceptibles de revisión, con lo que ‘blindó’ los concursos públicos que se hicieron para renovar a las autoridades.

Más tarde, otro juicio político censuró y destituyó a Christian Cruz, por incumplimiento de funciones.

De esta forma, los suplentes se principalizaron y lo componen actualmente Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Javier Dávalos (i), Sofía Almeida (c) y David Rosero (d) no fueron convocados a juicio político por la Asamblea Nacional Foto: Archivo/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

En la coyuntura, los últimos cuatro consejeros enfrentan una interpelación política en la legislatura por supuestamente haber incurrido en una arrogación de funciones al incluir una moción en el orden del día para reformar el reglamento de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

El juicio se sustanciaría este viernes 18 de noviembre desde las 14:30 y los cuatro vocales son interpelados con el auspicio de los bloques legislativos del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y de algunos miembros de Pachakutik (PK) que se denominan ‘rebeldes’.

Estas bancadas, en conjunto con legisladores independientes, aprobaron con 84 votos una resolución el 15 de noviembre con la que se llamó a juicio político a Ulloa, Estupiñán, Bravo y Rivadeneira, por mocionar la reforma a ese reglamento.

Los cuatro vocales coinciden en que esta acción responde a un objetivo: “Tomarse los concursos de elección de autoridades”, advirtió Rivadeneira, mientras que su colega Ibeth Estupiñán apunta que el fin es la “cereza del pastel de los políticos”, la Contraloría.

Dávalos, Almeida y Rosero no fueron incluidos en esta solicitud. Al contrario, el pedido de juicio político que impulsaron Ricardo Vanegas y José Chimbo (PK) para que sean procesados los siete vocales fue archivado en ese mismo acto.

Esto se da en medio del inicio del concurso público para elegir al contralor del Estado, quien sucederá en funciones al subcontralor Carlos Riofrío González, este a su vez reemplaza a Pablo Celi, quien cumple medidas alternativas a la prisión preventiva y también fue censurado por la legislatura.

La comisión ciudadana de selección, que se conformó bajo la administración de los cuatro consejeros enjuiciados, estima terminar con el proceso el 30 de mayo del 2023, cuando se aprobaría la resolución con el nombre del candidato mejor puntuado y que asumiría ese cargo por los próximos cinco años.

La Contraloría es considerada una de las más importantes del aparato estatal, por su atribución de controlar el uso de los recursos públicos por parte de los servidores, lo que le permite determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal que son derivados a la Fiscalía General para su investigación. (I)

Redacción
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