Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pueden ser fiscalizados por la Asamblea Nacional a través de juicios políticos o si incurren en actos de corrupción en la justicia ordinaria. También están expuestos a la revocatoria de mandato si incumplen su plan de trabajo o sus funciones; y hay quienes creen que se debería encaminar una asamblea constituyente para «extirparlo» de la estructura del Estado.
Desde su constitución en el 2008, el Consejo de Participación Ciudadana ha estado bajo escrutinio por cómo ha llevado adelante los concursos públicos para elegir a cerca de cien autoridades de control del Estado, una atribución que se le asignó en el artículo 208 de la Constitución.
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Siendo los más visibles los titulares de la Fiscalía General, de la Contraloría General, de la Procuraduría General, del Consejo de la Judicatura, de las defensorías Pública y del Pueblo; del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, de las superintendencias, entre otras.
Las críticas se enfocan en que sus siete miembros responden a relaciones de poder de los partidos y movimientos o de los gobiernos de turno, influenciando en las autoridades que resulten electas.
Un reciente caso fue la designación del titular del Consejo de la Judicatura (CJ), que en una semana tuvo dos autoridades electas.
El CJ tiene cinco vocales, cuyo presidente debe provenir de una terna (tres candidatos) que proponga la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El presidente de la Corte, José Suing Nagua, candidatizó a Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina y Mario Naranjo Godoy.
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El 8 de julio de 2024, con los votos de los consejeros del CPCCS Mishelle Calvache, Gonzalo Albán (suplente que se principalizó en lugar de Augusto Verduga) y Andrés Fantoni, quien dirimió, se eligió a Dunia Martínez.
Disgustados con esa decisión, los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos impulsaron la reconsideración de la votación de Martínez.
Necesitaban cinco votos para reconsiderar y consiguieron las voluntades de Johanna Verdezoto y Juan Guarderas. Con ello, el miércoles 10 de julio designaron a Mario Godoy Naranjo, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa y, hasta poco más de un mes, del equipo de Daniel Noboa Azín.
No obstante, en la mañana de ese miércoles, los siete consejeros fueron convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, conformada con una mayoría afín al movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC) y de Acción Democrática Nacional (ADN) del oficialismo, en donde Andrés Fantoni y Mishelle Calvache, presidente y vicepresidenta, respectivamente, habían sido fustigados por la legisladora Pamela Aguirre (RC) y otros de sus coidearios para que instalen una sesión y les dejen votar a Augusto Verduga y Nicole Bonifaz en la elección del titular del CJ.
¿Por qué? Porque Verduga había solicitado permiso de paternidad desde el 6 de julio y no asistió a la sesión del lunes cuando se designó a Dunia Martínez.
Fue llamado a la Comisión de Fiscalización el miércoles para hablar de lo sucedido con la Judicatura, pero se excusó porque estaba con permiso de paternidad. Empero, al mismo tiempo, en sus redes sociales exigía a Fantoni que lo principalizara porque decidió renunciar a ese derecho laboral.
En el caso de la consejera Bonifaz, se conectó a la sesión virtual del 8 de julio, cuando se habían proclamado los resultados de la votación por Martínez.
Andrés Fantoni, en una entrevista con radio I99 de este lunes, contó que en la Comisión de Fiscalización fue advertido seis o siete veces de que sería enjuiciado políticamente si no se hacía lo que los asambleístas querían.
En ese espacio reflexionó que el Consejo «ha estado secuestrado siempre por la Asamblea Nacional» y ello podría cambiar para hacer que los consejeros actúen con independencia si los juicios políticos se resuelven con un número más alto de votos y no solo con 70, como consta actualmente en la Ley de la Función Legislativa.
En estos quince años, la Corte Constitucional ha resuelto más de una docena de pedidos de consulta popular o referéndum para eliminar la entidad o quitarle su atribución de elegir autoridades. Cuatro se procesaron: como la reforma parcial que propuso el Comité por la Institucionalización Democrática, cuya propuesta de quitarle las atribuciones no sumó los votos en la Asamblea Nacional.
En el Parlamento, en el periodo 2017-2021 también se trató una propuesta de enmienda con ese objeto y no tuvo los votos necesarios.
El gobierno de Guillermo Lasso planteó en el 2023 un referéndum para que la atribución de elegir autoridades pase a los asambleístas y perdió en las urnas.
Solo una tuvo un efecto concreto. En el 2018, el expresidente de la República Lenín Moreno Garcés promovió un referéndum y consulta que ganó con más del 50 % de los votos, en cuyo cuestionario planteó que la elección de los siete consejeros de Participación sea por voto popular cada cuatro años coincidiendo con las elecciones seccionales.
Antes de esto, la Constitución de Montecristi inscribió que estas autoridades se elijan por concursos públicos de méritos que organizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ese cambio permite que los consejeros puedan enfrentar una revocatoria de mandato.
Actualmente, la Constitución y la ley del CPCCS permiten que estas autoridades sean sometidas a juicio político y si incurren en actos irregulares, por la justicia ordinaria.
Según el catedrático Esteban Ron, tras el referéndum del 2018, los vocales están sujetos también a la revocatoria de mandato, pues se convirtieron en autoridades de elección popular.
En este caso, para candidatizarse a consejero presentaron un plan de trabajo «y de hecho hicieron propuestas programáticas que fueron pautadas por el Consejo Nacional Electoral durante la campaña; y, además, se les podría iniciar una revocatoria por incumplimiento de funciones», precisó.
El artículo 199 del Código de la Democracia permite que los electores soliciten la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fueron electos.
Los actuales consejeros cumplieron un año en funciones el 14 de mayo de 2024.
A su vez, la Ley de Participación Ciudadana en el artículo 25 precisa que se podrá revocar el mandato por incumplimiento del plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular.
Para impulsar esta iniciativa, el CNE debe calificar la solicitud y el cumplimiento de requisitos; y, si es aprobada, se requiere del 10 % de firmas del padrón electoral, tomando en cuenta que es una autoridad nacional.
Dichas firmas deben ser verificadas por la autoridad electoral y empezaría el trámite para ir a las urnas.
La revocatoria del mandato es una opción, aunque larga y complicada, reconoce Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero cree que la solución es de fondo.
«En Montecristi se inventaron una institución que no representa a la sociedad civil, pero a nombre de ella actúa un grupo de gente con intereses concretos en función de los objetivos de los intereses del Estado. El Consejo lo único que ha hecho es estatizar a la sociedad civil, pues estos personajes (los siete consejeros) lo que hacen es negociar, ponerse de acuerdo para repartirse el gran pastel que son los organismos de control. Es un antro de negociación, de presiones políticas, de juegos abominables para el sistema democrático y lo más vergonzoso es que lo hacen a nombre de la sociedad civil», dice Rodas Chaves.
Lo que queda es buscar los mecanismos constitucionales para desaparecerlo o, al contrario, una movilización social e ir a «ponerles candado en la puerta para que estas gentes se vayan a su casa».
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo da seguimiento a las actividades que realiza el CPCCS y su director, Mauricio Alarcón, coincide en que la solución es de fondo, como ir hacia una asamblea constituyente.
«El Consejo es como un tumor canceroso en el Estado. Es un mal que no tiene arreglo. No estamos atacando el problema de fondo. Dieciséis años después, hay que ponerle un alto a esta institución que debe desaparecer. Debemos hablar de un proceso de reforma constitucional con una constituyente que, si tiene los parámetros claros, no debe ser temida por nadie», opinó.
Aludió a iniciativas pasadas, como la de Guillermo Lasso, que «no servían para nada porque cambiaba el poder de unas manos a otras» y, en esa línea, «el país necesita de forma responsable un proceso que extirpe al Consejo de la institucionalidad pública». (I)
