La Procuraduría General del Estado tendría que dirimir si se llevarán a cabo los concursos públicos para la renovación parcial y definitiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de dos jueces del pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Con cuatro votos a favor, este 31 de enero de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió elevar una consulta jurídica a la Procuraduría General para que aclare si procede la renovación de los vocales y jueces del CNE y del TCE, respectivamente, que integran la Función Electoral.

La razón: que el Consejo Nacional Electoral se encuentra en periodo electoral organizando elecciones de vocales de juntas parroquiales en tres provincias y lo estará hasta diciembre del 2024.

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El mismo Consejo Electoral había confirmado al Consejo de Participación que se encuentran en periodo electoral y que termina en diciembre de este año.

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A lo que se suma que, en los próximos días, el CNE se declarará en periodo electoral para organizar las elecciones presidenciales del 2025, medida que incluye al TCE.

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Y para organizar el referéndum para reformar un artículo de la Constitución, que fue una iniciativa del expresidente Guillermo Lasso, y la consulta popular planteada por el gobierno de Daniel Noboa.

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Sobre esa base, los miembros del CPCCS conocieron este miércoles un informe jurídico que asegura que no se podría avanzar con la renovación de las autoridades electorales porque se encuentran en período electoral.

La recomendación fue que se consulte a la Procuraduría si en este periodo el Consejo de Participación Ciudadana puede iniciar y conformar o reconformar la comisión ciudadana de selección para el concurso de méritos y oposición de las renovaciones parciales del CNE y TCE.

Ello se aprobó con los votos de Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz y Augusto Verduga. Los consejeros Juan Esteban Guarderas, Jazmín Enríquez (suplente de Mishelle Calvache) y Andrés Fantoni se abstuvieron.

El documento -que se leyó en la plenaria- argumenta que el Código de la Democracia estipula como una infracción electoral grave que se cite a un servidor de la Función Electoral para que se presente a la práctica de cualquier diligencia ajena a las elecciones.

Se hace referencia también al artículo 16 de la ley de que «ninguna autoridad extraña podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales».

No obstante, en el Código no se hace referencia respecto a prohibiciones de llevar a cabo los concursos públicos para renovar autoridades, pero sí para los juicios políticos que se sustancian en la Asamblea Nacional.

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El artículo 19 en su tercer inciso determina que la Función Legislativa no podrá designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciarlo (un juicio político) una vez que se hubiese efectuado la convocatoria a un proceso electoral y hasta que concluya con la proclamación de resultados.

La Constitución, en su artículo 208, ordena al CPCCS la designación de las autoridades del Consejo y el Tribunal Electoral.

Es así como en la actualidad está integrada una comisión ciudadana encargada de elegir a dos de los cinco vocales del Consejo Electoral, como parte de su primera renovación parcial, que tras dos años no concluye.

En noviembre del 2021 se cumplieron los primeros tres años de gestión y el CPCCS debió nombrar a dos vocales electorales y suplentes.

La Procuraduría absolvió una consulta jurídica en ese año en la que indicó que los actuales consejeros deberán permanecer en funciones hasta que el Consejo de Participación nombre a los nuevos funcionarios.

Adicionalmente, en noviembre del 2024, los actuales cinco vocales: Esthela Acero, José Cabrera, Diana Atamaint, Enrique Pita cumplirán su periodo de seis años en funciones; aunque la consejera Elena Nájera se principalizó en el 2021, cuando renunció Luis Verdesoto.

Estas autoridades fueron designadas por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición en noviembre del 2018 y los seis años se cumplen en noviembre del año en curso.

En el caso del TCE, el CPCCS de Transición designó solo a tres jueces principales y los cinco suplentes, ya que dos exmagistrados no fueron destituidos de sus cargos: Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, en el marco de la evaluación de la gestión a las autoridades de control que se impulsó entre el 2018 y 2019.

Cabrera y Guaicha concluyeron su periodo de seis años en noviembre del 2022 y desde entonces el CPCCS no ha hecho el concurso para elegir a sus reemplazos.

Actualmente están en funciones los jueces Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri, Fernando Muñoz, Guillermo Ortega, Ivonne Coloma, Patricio Maldonado, Richard González y Roosvelt Cedeño, cuyo periodo de designación termina en abril del 2025.

En el CPCCS la renovación parcial del CNE está detenida desde octubre del 2023, cuando se hizo una evaluación a los diez miembros de la comisión ciudadana por denuncias y quejas de posibles anomalías en la calificación de méritos de 265 postulantes.

De forma paralela, a través de una acción de protección, un juez de primer nivel, resolvió que el concurso retorne a la convocatoria; y, el 19 de enero, la Corte Provincial de Justicia del Guayas dejó sin efecto dicha acción.

Este martes, el CPCCS conoció las renuncias de Roberto Bhrunis (exjuez de la Corte Constitucional en el régimen de Rafael Correa), quien presidía la comisión; y de Andrea Romo, que era comisionada delegada de la Presidencia de la República.

Con ello, el pleno principalizó a Mercedes Villarreal Vera en lugar de Bhrunis y a Édgar Rojas Torres en reemplazo de Romo.

Los integrantes de la comisión ciudadana aún no fijan una ‘autoconvocatoria’ para elegir a un presidente y vicepresidente y resolver qué pasará con el proceso de selección. (I)