Comisión ciudadana que elegirá dos vocales del Consejo Nacional Electoral se reconfigura

Una recomposición de fuerzas experimentará la comisión ciudadana encargada de hacer el concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no se reactiva, pese a la revocatoria de una acción de protección.

Dos personas se integrarán a la comisión ciudadana, tras la renuncia de dos de sus exmiembros: Roberto Bhrunis (exjuez de la Corte Constitucional en el periodo del expresidente Rafael Correa), quien presidía la comisión renunció.

También, Andrea Romo, que era delegada de la Presidencia de la República y, en el contexto del cambio de administración de Guillermo Lasso a Daniel Noboa, dimitió.

Las comisiones ciudadanas están integradas por diez personas: cinco electas en representación de la ciudadanía de un concurso público de méritos e impugnación; y, cinco delegados de las cinco funciones del Estado, Ejecutiva, Judicial, Legislativa, Electoral y de Transparencia y Control Social.

Para este martes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene previsto principalizar a sus suplentes, que son Mercedes Villarreal Vera y Edgar Rojas Torres.

Villarreal asumirá en lugar de Bhrunis. De acuerdo con su expediente, es abogada y entre sus últimas funciones, en el 2023 había sido designada directora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas.

Otros cargos fueron de gerente de talento humano en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana; gerente de desarrollo corporativo en la Corporación Nacional de Electricidad CNEL; coordinadora de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura del Guayas.

En la empresa privada menciona que entre el 2008 y 2014 fue directora jurídica de la Compañía Azucarera Valdez S.A- Nobis; y, en materia electoral, señala haber sido vocal de la Junta Provincial Electoral de Santa Elena en las elecciones seccionales del 2019 y presidenciales del 2023.

Edgar Rojas, abogado de profesión, reemplazará a Andrea Romo. Entre sus ocupaciones, en el 2023 en el gobierno de Lasso, fue director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Azuay; intendente de la Policía de Azuay, director de Participación Ciudadana e Interculturalidad en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y también director zonal 6 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

No obstante, este cuerpo colegiado no está completo. Aún resta que el CPCCS decida el reemplazo de la excomisionada María Grijalva Ojeda, en delegación de la Función Judicial.

Ella se jubiló y como su suplente consta Luis Toala Bazurto, que en su expediente señala ser secretario de juzgado y unidades judiciales en Manabí, de donde es oriundo.

Ha sido servidor de Gestión Jurídica en la cárcel El Rodeo, ubicada en esa provincia, del «1 de septiembre al 3 de diciembre del 2014, del 29 de mayo del 2015»; y, director provincial del mismo centro carcelario del 4 de diciembre del 2014 hasta el 30 de enero del 2015.

En cambio, la Asamblea Nacional tiene pendiente designar a su comisionado principal en lugar de Diego Lucero, que renunció luego que en mayo del 2023, el expresidente Guillermo Lasso disolvió el pleno de ese organismo por grave crisis y conmoción interna lo que provocó la desvinculación automática de decenas de funcionarios.

Otro pendiente para el pleno del Consejo de Participación Ciudadana es dilucidar qué pasará con el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a dos vocales principales y suplentes del CNE.

El proceso está detenido desde octubre del 2023, cuando el pleno del Consejo de Participación Ciudadana evaluó las actuaciones de los diez comisionados al conocer de posibles hechos irregulares en la etapa de calificación de méritos de 265 postulantes.

Esto en un ámbito en el que un tribunal de la Corte Provincial del Guayas revocó una sentencia de acción de protección de un juez de primer nivel que dispuso volver el concurso a la etapa de la convocatoria y con un nuevo reglamento.

El tribunal, en un fallo del 19 de enero, declaró improcedente este recurso jurisdiccional, por lo que la comisión ciudadana debería retomar la selección desde la etapa de la rendición del examen escrito, una vez que terminó la fase de calificación de méritos.

Pero hay otro inconveniente. El CPCCS, -para acatar la sentencia del juez de primer nivel de la Unidad Judicial de Samborondón, Fausto Inca, que retrotrajo el concurso al inicio- resolvió devolver los expedientes físicos presentados por las 265 personas que fueron admitidas a participar de esta selección.

Se conoció que hasta el momento no se ha dispuesto que los aspirantes vuelvan a ingresar sus documentos. (I)