Un sistema informático, el responsable de calificar las pruebas escritas de los candidatos a ser contralor

Las calificaciones de los exámenes escritos que rindieron 48 personas que postulan a ser la primera autoridad de la Contraloría General del Estado abrieron una polémica entre los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y los miembros de la comisión ciudadana por un aparente pedido de funcionarios de revisar e imprimir nuevamente esos documentos.

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Esta etapa del concurso es determinante, ya que esta nota sobre 50 puntos se suma a los resultados de los méritos sobre otros 50, que definirán al candidato mejor puntuado y que llegaría a ser designado como contralor del Estado para un periodo en funciones de cinco años.

En la calificación de las pruebas escritas no intervienen los comisionados, catedráticos o funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. Al contrario, estaría ajustada a cumplir procedimientos de un sistema informático creado con este fin.

Para ejecutar esta etapa del examen, se cumplieron pasos previos que incluyeron la contratación de un equipo técnico externo especializado en seguridades y auditorías informáticas, como lo disponen los artículos 38 y 42 del reglamento para elegir esta autoridad.

La administración de Alembert Vera había adjudicado a la firma Castro Mora Asociados por $ 5.000 el encargo de aplicar un protocolo específico que garantice la transparencia, acompañamiento de la implementación y operación de los procesos tecnológicos.

Su trabajo incluía tres fases: la instalación y configuración de la infraestructura tecnológica y del sistema informático; la generación del banco de preguntas, mediante el sistema informático; y la generación y evaluación del examen de oposición, mediante el sistema informático, según cita el contrato adjudicado.

Con ello, se evitaría la intervención humana en el momento de calificar las pruebas y tener los resultados.

De forma paralela a esta contratación se eligió a doce catedráticos que elaboraron el cuestionario de 2.000 preguntas y respuestas que deben ser “objetivas y de opción múltiple”.

Los docentes tuvieron cinco días para hacerlas y, cuando terminaron, las ingresaron en una base de datos en un computador. Esta información y el equipo habrían permanecido resguardados por miembros de la Policía Nacional en un área del edificio del CPCCS, desde mediados de septiembre hasta el 30 de septiembre.

Ese sábado, la comisión ciudadana convocó a 103 postulantes a rendir la prueba en el coliseo del colegio Sebastián de Benalcázar en Quito.

Asistieron 48 personas de las 103 admitidas, y para cada una se imprimió una prueba diferenciada de nueve páginas con 50 preguntas que fueron escogidas de forma aleatoria. Cada respuesta vale un punto.

Como parte del protocolo, 48 horas antes del examen se publicó el banco de preguntas, y el domingo se divulgaron las respuestas en la página web del CPCCS.

El sábado desde las 10:00, en el coliseo, los comisionados, equipos técnicos y funcionarios del Consejo del área de tecnología se instalaron con las computadoras, escáneres e impresoras y demás material de oficina.

Se imprimieron 48 exámenes identificados con un código de barras y que ponía un número a cada documento. No se usaron los nombres de los candidatos.

Cada prueba contenía nueve hojas con 50 preguntas, que fueron sumilladas por el presidente de la comisión ciudadana, Marco Chalco.

Cada impresión se introdujo en un sobre manila, y los postulantes, con su cédula de identidad, se acercaban a la mesa de autoridades y escogían al azar un sobre.

Cuando terminaban de responder, se escaneó cada prueba y automáticamente se generaba una copia para el candidato.

Los exámenes originales se forraron con una mica de plástico para evitar posibles alteraciones y se los volvió a poner en un sobre de papel sellado.

Esas 48 impresiones se guardaron en una caja de metal con candado, cuya llave la tiene Marco Chalco.

El domingo, antes de que se conocieran los resultados de las notas, los técnicos realizaron un proceso llamado “correr el sistema”, que verificaría la seguridad de la información digitalizada, así como de los 48 exámenes, las preguntas y respuestas.

Eran las 4:29 p. m. cuando se suscribió el acta de entrega del reporte de puntuaciones, poco antes de la sesión en la que los comisionados lo aprobaron.

En un primer paso, se había ingresado a la base de datos con las personas responsables del inicio de software con usuarios y claves.

Marco Chalco ingresó su usuario y clave para generar el archivo con el reporte del banco de preguntas y respuestas.

Se observó que había 48 exámenes en sobres de manila en la caja de seguridad. De ese total, cuatro se habrían declarado nulos, porque presentaban tachones y no habían sido ingresados al sistema.

El sistema informático generó el reporte de calificaciones; y, como paso final, se generó el banco de preguntas con respuestas que se publicaron en la página web del Consejo de Participación Ciudadana.

Este procedimiento había implicado que ni los comisionados ni los docentes calificaran las pruebas y así guardar su integralidad, según dicta el reglamento.

Pese a la sistematicidad, de los 48 exámenes que se guardaron en la caja, el sistema arrojó un registro solo con 42 notas. Según Chalco, eso habría sucedido porque los concursantes no las llenaron con sus respuestas y el sistema no los registró.

“No tenemos por qué ocultar nada. Estuvieron 48 personas dando la prueba, pero el reporte genera 42 exámenes, y la explicación técnica que dio TICS (Tecnologías de la Información del CPCCS) es que, de los seis que faltaban, no fueron pasados por el escáner por cuanto no hubo respuestas. No están en el reporte y eso se considera como exámenes no recibidos”, explicó el 3 de octubre en una polémica sesión.

El comisionado testimonió que habrían intentado inducirlo a revisar las pruebas momentos antes de aprobar el informe de calificaciones en una plenaria del 1 de octubre.

“(…) Recibí la visita de otros personajes, coordinadores, que inducían que debíamos revisar nuevamente, escanear nuevamente los exámenes, y eso no está en el reglamento; eso es antilegal. No podemos revisar. Hemos cumplido los protocolos y se revisó el sábado, con la presencia de veedores, de la prensa, del equipo informático externo, y acá ¿con quién queríamos revisar nuevamente?”, se preguntó.

El 1 de octubre, la comisión sesionó de manera extraordinaria y aprobó el informe de calificación del examen escrito con 42 postulantes, de los cuales Xavier Torres Maldonado apareció como el mejor puntuado, con 87,5/100: 42 de su prueba y 45,5 de sus méritos.

Ello bajó posiciones a una exfuncionaria de la Contraloría, Alejandra Vivanco, que sacó 33 en oposición y 49,5 en sus méritos, con 82,5.

Le seguía Juan Falconí Puig, exdiplomático en el régimen de Rafael Correa, que tiene 79, con 32 en su prueba y 47 en méritos.

Esas notas podrían variar, pues los concursantes tienen tres días término para pedir recalificación, es decir, una corrección de sus notas de considerar que han sido afectados en su puntuación.

Las dudas alrededor del examen escrito surgieron porque quien participaba como secretario de la comisión ciudadana, Francisco Toral, envió una comunicación instando a Chalco a anular lo actuado en la sesión del 1 de octubre.

Afirmó que se habrían producido errores técnicos en la impresión de los exámenes porque se había ido la luz el día del examen.

También, porque no se ha precisado qué pasó con las pruebas de dos participantes, y porque la plenaria del domingo se hizo en un día no hábil.

Marco Chalco desmintió que hubo un corte de energía y aclaró que esa sesión se hizo para que la notificación a los concursantes se cumpla el lunes 2 de octubre.

Toral no cumplió con esa disposición, por lo que con siete votos afirmativos de los comisionados lo suspendieron de sus actividades.

El comisionado dijo que hubo “mala fe” de parte de Toral y lamentó que no hubo “apoyo, sino tratar de entorpecer el concurso y el trabajo de la comisión”.

En todo caso, los diez comisionados están llamados al pleno del CPCCS el próximo martes a las 11:00 para que expliquen por qué sesionaron en un domingo y no en un día hábil y por qué suspendieron a Toral de ser el secretario, electo por la misma comisión de una terna que envió Alembert Vera. (I)