El gobierno de Daniel Noboa Azín anunció de la «creación» de una Política Nacional de Integridad Pública de ocho líneas estratégicas, aunque son las mismas que se recogen en la Estrategia Nacional Anticorrupción del 2022 que se trabajó en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza.
Por decreto ejecutivo 337, suscrito este 22 de julio de 2024, Daniel Noboa emitió la Política Nacional de Integridad Pública 2030 para el desempeño de la Función Ejecutiva, cuyo cumplimiento estará a cargo de la Secretaría General de Integridad Pública, presidida por José Neira Hanze.
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En ella, el mandatario dispuso el cumplimiento obligatorio en todas las instituciones del Gobierno central de un conjunto de ocho líneas estratégicas, que son:
- Concientización de las dimensiones de la corrupción, causas y consecuencias.
- Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la prevención y lucha contra la corrupción.
- Gestión de riesgos y generación de tipologías para la lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
- Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés.
- Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario.
- Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y competencias.
- Contratación pública responsable y transparente; y,
- Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
El secretario de Integridad Pública, José Neira, agradeció a Noboa por expedir el decreto que apoya —expresó en su cuenta de red social X— «la creación de una Política Nacional de Integridad Pública. Hoy, nuestro compromiso de promover una cultura de integridad en la gestión de la Función Ejecutiva es más firme que nunca».
Agradezco al presidente @DanielNoboaOk por la expedición del Decreto 337, que apoya la creación de una Política Nacional de Integridad Pública. Hoy, nuestro compromiso de promover una cultura de integridad en la gestión de la Función Ejecutiva es más firme que nunca. pic.twitter.com/74ZFpM9iwu
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) July 23, 2024
Sin embargo, las líneas estratégicas son similares a las que constan en la Estrategia Nacional Anticorrupción que trabajó Luis Verdesoto Custode, que renunció a su cargo el 23 de enero de 2023, tras la revelación de un informe que detallaba irregularidades en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) y que hoy las investiga la Fiscalía General del Estado en el llamado caso Encuentro.
Dicha Estrategia se elaboró con organismos de cooperación internacional, cuando la secretaría se llamaba de Política Pública Anticorrupción en la administración de Guillermo Lasso.
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Las líneas estratégicas del plan de Noboa son similares a las de Verdesoto, ya que eliminó una: para la «prevención y lucha contra la corrupción transnacional». Esas líneas fueron:
- Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.
- Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la prevención y lucha contra la corrupción.
- Lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
- Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés.
- Transparencia en el gasto público.
- Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y sus competencias.
- Contratación pública responsable y transparente.
- Prevención y lucha contra la corrupción transnacional.
- Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
En el documento de la Secretaría de Noboa, de 108 páginas, se argumenta que las políticas actuales se centran en sancionar la corrupción, pero no trabajan en la prevención. Y recoge el diagnóstico elaborado en el 2021 por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que fue una de las bases de la Estrategia publicada en el 2022 y que alertaba a Ecuador que la promoción de la integridad pública estaba fragmentada y sin claridad.
Según Noboa, con estos elementos, se creó la Secretaría General de Integridad Pública y se le asignó la formulación de la Política Nacional de Integridad Pública y de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, entre las que se imponen metas al 2030, como incrementar de «0 % del 2023 a 70 % en el 2030» el porcentaje de funcionarios concientizados en prevención y lucha contra la corrupción.
Aumentar de 0 % en el 2023 al 100 % en el 2030 las instituciones que sensibilizaron a sus servidores sobre conflictos de intereses; la transparencia en la contratación pública del 70 % en el 2023 al 77 % en el 2030, entre otras estadísticas.
A criterio del exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto, dicha estrategia está compuesta de «muchos adornos, pero nada de cambio sustantivo».
«Los ocho puntos delineados son los ocho puntos previstos en la Estrategia Anticorrupción y es importante, pero lo fundamental es que no se destruyan cosas hechas, las metodologías de identificación de mapas de calor de la corrupción, de la prevención. Hay que rescatar los diagnósticos de corrupción de las instituciones públicas. Me ha preocupado que no esté el capítulo sobre el gran crimen internacional, porque este no es solo un tema de seguridad, pues el crimen transnacional siempre opera detrás de la corrupción», opinó Verdesoto.
El exfuncionario llamó la atención a las autoridades de «competir con la Fiscalía», porque se concentran en «ver quién captura el pez más gordo, quién se lleva el premio del cazador del pez más rico y quién lo fríe en la Plaza Grande» para que lo vea la opinión pública.
Adicionalmente, criticó que se quiera usar la Secretaría presidencial «como aval de los procesos de contratación pública», cuando esa competencia es de la Contraloría General.
«Estas secretarías tienen que hacer esa tarea silenciosa de cambiar los comportamientos morales de la ciudadanía y avanzar», añadió Verdesoto, quien cree que ponerla en vigencia a los ocho meses de mandato de Noboa se debería al momento político electoral, pues se avecinan las elecciones presidenciales de febrero del 2025.
Desde la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización de la sociedad civil que abandera la lucha contra la corrupción, su coordinador Germán Rodas Chaves considera que esta estrategia es una política que supone que los funcionarios estatales «con un decreto ejecutivo van a actuar de manera adecuada e idónea».
«La corrupción no es un conflicto que se soluciona por decreto. Es una hoja de ruta hasta el 2030 en la que se pide que todos sean honestos, pero no vamos a pasar de eso, sobre todo porque esta Secretaría, que se encargaría de dirigir estas políticas, lo que hace es cuidar al poder y no lo alertan. Lo fundamental es identificar a esos núcleos instalados en los gobiernos de los últimos quince años, que son mandos medios que están ahí presentes en la contratación pública», esgrimió Rodas.
La corrupción se extiende por esa esfera y el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Leopoldo Ocampo Andrade, propuso trabajar en una nueva ley de contratación pública y evitar parches.
Aseguró que la legislación vigente permite el direccionamiento y, pese a que se han hecho propuestas a la Asamblea Nacional, lo que se hacen es parches y resoluciones para palear en algo y tratar de democratizar la contratación.
El directivo ejemplificó que el Servicio de Contratación Pública emitió una disposición para que no se califique al oferente la metodología, el equipo y la experiencia. Pero «hecha la ley, hecha la trampa: no piden al oferente la experiencia, ahora piden al personal. Entonces, hay que cambiar la normativa en su profundidad», comentó.
Ocampo destacó una iniciativa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de exigir un requisito para garantizar que las empresas constructoras sean legales, porque este sector «se ha convertido en un caldo de cultivo» de la corrupción. (I)
