Las polémicas por el intercambio de denuncias entre autoridades estatales y actores políticos, más la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el curso de las elecciones presidenciales de febrero del 2025, alcanzaron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) propiciando una reconfiguración de fuerzas, en el que primer afectado fue el juez Fernando Muñoz Benítez.
En junio del 2025, Muñoz habría completado sus tres años como presidente del TCE, pero este 12 de agosto de 2024 fue removido de esa dignidad por una mayoría conformada por los jueces Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega Caicedo.
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Muñoz fue electo en el concurso público que hizo el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS–t) y asumió la presidencia en junio del 2022, tras la renuncia de Arturo Cabrera, quien completó su periodo de seis años.
El pasado jueves, los tres jueces habían solicitado a Muñoz que convoque a una sesión extraordinaria para evaluar su desempeño. Al no tener respuesta, se autoconvocaron, lo removieron con sus tres votos y eligieron a Ivonne Coloma como presidenta y Ángel Torres como vicepresidente.
La plenaria extraordinaria se instaló con base en disposiciones del Código Orgánico Administrativo (COA), pues el reglamento de sesiones del ente jurisdiccional dispone que haya una convocatoria previa a través de la Secretaría General por pedido del presidente del TCE, con al menos doce horas de anticipación, sea por iniciativa propia o a solicitud de tres jueces.
Aclara que los jueces podrán sesionar sin necesidad de convocatoria previa, cuando así lo decidieren por unanimidad y con la presencia de los cinco jueces.
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Para Muñoz, esta norma dejaría insubsistente la sesión en lo que se lo removió.
Sin embargo, el conflicto aún no se cierra, ya que este martes a las 11:00 se instalaría una sesión para elegir secretario general, tras la renovación de sus dignidades.
Los pendientes del TCE
Este cambio en las relaciones de poder del TCE se da en medio de varias coyunturas.
1. Elecciones generales
Está en desarrollo las elecciones generales del 2025 que tienen a 68 partidos y movimientos políticos nacionales y provinciales en el ajetreo de escoger a sus precandidatos a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos en las denominadas primarias.
Luego vendrá la calificación oficial de las candidaturas, proceso en el que, después del Consejo Nacional Electoral, el TCE es el órgano de última y definitiva instancia en la toma de las decisiones en materia electoral.
2. Renovación parcial del CNE
Simultáneamente, se reactivará el concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y sobre eso Muñoz tendrá incidencia.
Él está a cargo del trámite de una denuncia en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social afines al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC): Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, principales; y, los suplentes Vielka Párraga Macías y Eduardo Franco Loor, este último que no se posesionó en el cargo en la Asamblea Nacional.
Los activistas Pamela Troya y Santiago Becdach los acusan de haber incumplido resoluciones emitidas por el CNE y el TCE, en cuanto a la prohibición de ser promocionados por grupos políticos, lo que es considerado como una infracción electoral muy grave.
A los denunciados se los bautizó como los candidatos de la ‘liga azul’ aludiendo al movimiento de la RC, cuyo líder Rafael Correa los promocionaba en redes sociales y medios digitales.
Por este hecho, hay un sancionado. El exconsejero de Participación, Alembert Vera Rivera, fue penado con una multa de 50 salarios básicos y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años, ya que fue parte de la polla electoral del correísmo.
El 7 de agosto pasado, se realizó la audiencia pública para la presentación de las pruebas de cargo y descargo y, Muñoz prepara su proyecto de sentencia en el que resolverá si sanciona o no a los cuatro vocales del CPCCS por infracción electoral muy grave, que estipula una sanción de multa por 21 salarios básicos hasta 70 y la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Su fallo podrá ser apelado para tratamiento del pleno del Tribunal.
En el caso de Franco y Párraga, esta posible sanción, los inhabilitaría como candidatos a vocales del Consejo Nacional Electoral.
En el CPCCS está en marcha el concurso público de renovación parcial del CNE a cargo de una comisión ciudadana que está incompleta y desde octubre del 2023 no ha retomado sus actividades con normalidad.
Las comisiones están integradas por diez personas, pero en esta, hay cuatro miembros en funciones y no alcanza el quorum para sesionar.
Los vocales de Participación activaron el proceso y este miércoles, a las 16:00, designarían por sorteo a dos comisionados que faltan de un banco de elegibles en representación de la ciudadanía. También resta que las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial envíen a sus delegados.
En dicho concurso hay 165 postulantes a quienes se les calificó sus méritos. Resta que rindan el examen de oposición y práctico y superen la penúltima fase, que es la impugnación ciudadana a la probidad o incumplimiento de requisitos.
En ese numeroso listado están Franco y Párraga, que subieron lugares por la recalificación de méritos y fueron admitidos pese a que el reglamento prohíbe la postulación de aquellos que hayan sido directivos de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o hayan desempeñado dignidades de elección popular en los cinco últimos años.
Los denunciados fueron candidatos en las elecciones seccionales y del CPCCS de febrero del 2023.
Franco alcanzó en una primera calificación de sus méritos: 24,5/50 y Párraga 35,25/50.
Tras la recalificación, Franco subió a 46, 75/50 más un punto por acción afirmativa, y Párraga 46/50, más un punto por acción afirmativa. Con la recalificación se subió a Franco 22,75 puntos y a Párraga 10,75.
3. Relaciones Muñoz-Noboa
A Muñoz también se lo critica en el interior del Tribunal por su votación en una causa planteada en contra del presidente Daniel Noboa.
El denunciante, Marlon Pasquel Espín, argumentó que Noboa incumplió disposiciones del Código de la Democracia durante la campaña electoral por la consulta popular y referéndum de abril pasado.
La causa pasó por los jueces Joaquín Viteri Llanga y Ángel Torres que la archivaron.
Pasquel apeló y por un voto de mayoría, de tres jueces, se ratificó el archivo. Solo Muñoz pronunció un voto salvado, es decir, en contra del archivo.
Para el magistrado lo que estaría por detrás es tener el control del Tribunal a propósito de las presidenciales de febrero. “Seguramente querrán tener el control de este órgano, es lo obvio”, dijo a periodistas.
4. Procesos contra Abad
Con su separación de ese cargo, ascendió Coloma, que era la vicepresidenta y actualmente tiene en su conocimiento la denuncia por presunta infracción electoral en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, interpuesta por el vocal del CPCCS Juan Guarderas Cisneros.
Él la acusa de haber hecho campaña electoral anticipada cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca en los comicios seccionales de febrero del 2023.
Coloma llamó a audiencia pública que se había previsto para este 15 de agosto.
Guarderas pide que sancione a Abad con la destitución de su cargo y la suspensión de sus derechos de participación.
Esto avanza de forma paralela a las acciones judiciales que analiza el gobierno de Daniel Noboa para no encargarle la Presidencia a Abad, cuando él deba ausentarse para hacer campaña por su candidatura presidencial.
A la vicepresidencia ascendió el juez Ángel Torres, que fue increpado por la asambleísta del movimiento Construye Ana Galarza de supuestamente tener una afinidad con el presidente Noboa, pues habría nombrado a su “yerno director provincial de ADN y todas las hijas (del juez Torres) están trabajando en el CNE”.
Estas acusaciones se dieron mientras Torres resolvía un caso en contra de Construye porque no presentó sus informes económicos del 2022 al CNE.
En estos escenarios, la vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, presentó una denuncia por presunta violencia política en contra Daniel Noba, su canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora Diana Jácome.
Todavía no se conocen los resultados del sorteo en el que se asignará la causa a uno de los jueces electorales. (I)
