Una prueba oral con casos prácticos, delinear mecanismos para verificar la probidad notoria, intervención de una veeduría internacional y conformar un comité de expertos, están entre los temas que podrían ser incluidos en el reglamento que guiará el concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) discuten internamente la elaboración de un proyecto de reglamento para iniciar con el concurso público para elegir a un nuevo fiscal que reemplace a Diana Salazar Méndez, cuyos seis años en el cargo acaban en abril del 2025.
Aunque puede prorrogarse en la función hasta que sea legalmente reemplazada, según establece el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
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Sentar las reglas para designar a esta autoridad están marcando la agenda del Consejo, en una coyuntura en que la Fiscalía lleva adelante investigaciones en casos de corrupción como Metástasis, Plaga, Purga, de delincuencia organizada, narcotráfico y vínculos con actores políticos y, asesinatos a autoridades locales y candidatos.
El martes anterior se produjo una primera reunión entre varios consejeros y sus asesores para discutir las fases y las reglas del concurso y arrojó algunos consensos que podrían ser tomados en cuenta para la aprobación del articulado en el pleno.
Uno de ellos fue ampliar el plazo para adoptar una decisión. En un inicio, los vocales coincidieron en que este viernes debía resolverse, pero reconocieron que se necesitaría más diálogo, por lo que el pronóstico es tener otra mesa técnica el martes de la siguiente semana y finiquitar el viernes, 6 de septiembre con la aprobación.
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Eso fue parte de una resolución que se tomó en la sesión de este miércoles, 28 de agosto de 2024, por unanimidad.
La controversia sobre el texto está también en coincidir en que los candidatos que participen rindan una prueba oral y acrediten probidad notoria “intachable”, que no deje dudas ni deslegitime la selección, han dicho sus autoridades.
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Al menos tres de las propuestas, de Augusto Verduga Sánchez, Nicole Bonifaz López y Yadira Saltos Rivas, es que los cuestionamientos a la probidad de una persona sean tramitados en la fase de impugnación o escrutinio y únicamente de existir una sentencia condenatoria ejecutoriada o sanción administrativa en firme.
Proponen que no se admitan denuncias ciudadanas simples que cuestionen el libre ejercicio del derecho, de la judicatura o de la docencia de algún aspirante.
Sin embargo, tras este reciente debate se mostró disposición a modificar ese punto para que, por ejemplo, las imputaciones a la probidad sean evaluadas si existe un auto de llamamiento a juicio de registrar una causa en la justicia ordinaria, comentó Verduga.
Otro aspecto es incluir una prueba oral en la fase de oposición. Las divergencias se enmarcan en que esta etapa puede ser subjetiva y subir puntos a un candidato por afinididad, pese a que en sus méritos o prueba escrita registre bajas calificaciones.
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De forma preliminar, el concurso contará con nueve momentos, entre estos, la calificación de méritos, una prueba escrita y una oral, que se basaría en un caso práctico. El puntaje total de los tres ítems sería sobre los 100 puntos.
Esta exposición oral permitiría evaluar el desempeño profesional en el litigio del aspirante y podría calificarse sobre cinco puntos, anticipó Verduga.
El Consejo tendría que establecer la división de puntajes, entre méritos, prueba escrita y oral, que consistiría en exponer sobre un caso práctico elaborado por un grupo de catedráticos especializados en el derecho y sus ramas.
El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni Baldeón, defiende la inclusión de la oralidad en el concurso porque quien vaya a asumir la Fiscalía debe ser una autoridad que “no tenga ninguna mancha”, que demuestre conocimientos y que sepa litigar para que defienda al Estado y las víctimas.
Su propuesta es también contar con muchos “ojos” observando el proceso para lo que no se desestima conformar una veeduría internacional con el apoyo de entes como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), además de la veeduría nacional que es obligatoria y que, en su conjunto, ֿdarán “tranquilidad y legimitarán la designación”, opinó Fantoni.
La consejera Yadira Saltos detalló que junto a Verduga y Bonifaz construyeron un documento para aportar al debate y resaltó la soltura de sus colegas por llegar a acuerdos en temas como la prueba oral, la calificación y la verificación de la probidad que debe acreditar quien asuma el cargo de fiscal de la nación.
Saltos no descartó que se incluya una regla para que aquellos postulantes que hayan patrocinado causas por narcotráfico, por ejemplo, pueda ser considerada como una causal para señalar falta de probidad. (I)
