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Francisco Bravo aspira a la reelección para fortalecer lucha contra la corrupción

Papeleta Pueblos, Nacionalidades y Migrantes - casillero # 8. Abogado se compromete a formar nuevas escuelas de participación para ejercer control social.

Francisco Bravo Macías, de 47 años, fue elegido consejero del CPCCS en 2019. Foto: Cortesía

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Francisco Bravo Macías, vocal actual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aspira a su reelección a esta dignidad para “llevar adelante la designación de autoridades de forma transparente e independiente y seguir fomentando la participación ciudadana, que es una herramienta de gran importancia para que el ciudadano pueda ser parte del control social, de la fiscalización popular”.

Abogado portovejense, de 47 años, destaca de su gestión la lucha contra la corrupción al presentar, por ejemplo, una denuncia de posible delincuencia organizada por el “mal manejo” de recursos de la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas, en febrero de 2020. Tras cerca de tres años, “está en manos de la Fiscalía (...), hemos estado atrás para que formule cargos o, en su defecto, archive, porque no puede estar toda la vida con una indagación abierta”, cuestiona Bravo, quien reportó a Contraloría un patrimonio de $ 9.071.

Otras denuncia que presentó fue por presunto tráfico de influencias del exprefecto manabita Mariano Zambrano, porque sus empresas mantenían contratos con el Estado. “La Fiscalía solicitó el archivo de la denuncia a razón de que no hay hechos fácticos para poder determinar responsabilidades contra el exprefecto, cuando los hechos fácticos sobran para poder acusarlo”, considera este consejero, que fue destituido –al igual que los otros seis vocales– por la Corte Constitucional el 23 de enero.

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Este mes, Bravo culminó una maestría en Derecho Constitucional, la cual decidió estudiar por su cargo en el CPCCS: “Nos han puesto 43 acciones de protección, entonces hay que saber cómo se come eso (...), me vi abocado a la necesidad”.

También añade que han impulsado varias veedurías y requerimientos de exámenes especiales a proyectos, como el sistema de riego para los cantones Sucre y Tosagua (Manabí), por más de $ 18 millones. “Contraloría detectó una glosa de $ 7,8 millones a la Prefectura, en el 2020″, dice Bravo, quien tributó $ 4.690 de impuesto a la renta desde 2020.

Antes, entre el 2012 y 2019, declaró cero. En esa época tuvo un breve paso en la Contraloría, como especialista jurídico (2012), y estuvo ligado de lleno a la actividad agrícola. Ahora, asegura, sus hermanos están a cargo de las 25 hectáreas de tierra cultivable que comparte con su familia, en Portoviejo. Ahí cosechan plátanos, maíz y dátiles.

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En esta nueva candidatura, este manabita que se considera montubio propone luchar contra la corrupción con mayor número de investigadores: “El departamento del CPCCS estaba conformado por siete investigadores, lo cual es insuficiente para llevar adelante una lucha más fuerte”. Ante ello, sugiere un presupuesto mayor para “dar los resultados que se requieren”.

También ofrece un proceso de designación de autoridades “transparente” con comisionados ciudadanos que tengan “trayectoria, probidad, formación académica y compromiso con la sociedad” y, además, plantea la creación de nuevas escuelas de formación ciudadana, que asegura que desde 2019 ha impulsado 359 espacios a través de convenios con universidades, municipios y gobiernos parroquiales. (I)

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