La Función Judicial del Ecuador cierra el 2023 en entredicho y con la necesidad urgente de depuración

Nota del editor

Estimado lector: Esta información es parte de nuestro contenido premium preparado al finalizar el 2023. En su contenido encontrará uno de los hechos destacados de este año y por ello el acceso lo hemos dejado abierto.

El caso Metástasis resume lo que ha vivido la justicia ecuatoriana en 2023: un sistema judicial cuestionado no solo por fallos jurisdiccionales, sino también por decisiones administrativas, la intromisión del poder político y la influencia del crimen organizado, con una baja credibilidad en la población y con autoridades de la Función Judicial, especialmente del Consejo de la Judicatura (CJ), procesadas penalmente.

La noche del 14 de diciembre pasado, la fiscal general, Diana Salazar, en su formulación de cargos contra 31 personas por delincuencia organizada señalaba que el uso de la justicia para la impunidad de grupos criminales organizados no eran más que meras murmuraciones en la sociedad, pero que con el caso Metástasis estas suposiciones han aterrizado en una radiografía íntegra de la “profunda descomposición” que atraviesa la justicia y como esta ha sido vejada sin discriminación en todos los niveles de la institucionalidad judicial: jueces de distintos niveles, fiscales, secretarios, ayudantes judiciales, policías, peritos, guías penitenciarios, abogados en libre ejercicio.

‘Ya no nos representa’, le dice la Corte Nacional de Justicia al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán

“El presente caso revela cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas”, refería Salazar respecto al caso Metástasis, en el que entre los procesados están el ahora expresidente de la Judicatura, Wilman Terán; y el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el general (sp), Pablo R.

A inicios de diciembre, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, durante una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dada en Quito, recordaba que hace un año compartía la reflexión de que la impunidad amenazaba con hacer irrelevante al sistema de justicia en Ecuador. Lamentaba que un año después todo se haya hecho más evidente y las conclusiones sean hoy aún más claras

“La legitimidad y la integridad judicial para la defensa de una democracia justa sigue en riesgo. (...) La independencia judicial en Ecuador está en grave peligro, como la ha señalado recientemente la relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, Margareth Satterthwaite: Estos ataques y amenazas socavan la independencia del sistema judicial, impactando directamente en el trabajo de jueces y fiscales en su lucha para garantizar el estado de derecho contra la corrupción y el crimen organizado”, afirmó el diplomático.

La Función Judicial arrancó el 2023 con inestabilidad en sus autoridades. Por ejemplo, los dos primeros meses del año el CJ, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de este poder del Estado, tuvo dos presidentes temporales y uno titular. El vocal titular del CJ, Fausto Murillo, entregó el cargo al vocal suplente Álvaro Román y este a su vez, luego de pocas semanas, se apartó para que sea posesionado como vocal titular y presidente del organismo a Wilman Terán, quien luego de haber sido detenido e incluido en el proceso penal por delincuencia organizada, renunció a la presidencia en la Judicatura.

En once meses de administración, Terán abrió su primer frente con el Ejecutivo al que le planteó una acción de protección para que se le entregue $ 265 millones adeudados al presupuesto de la Función Judicial; luego, la mayoría liderada por el titular de la Judicatura intentó aplicar el régimen disciplinario para suspender a la fiscal general, Diana Salazar, y destituyó con solo dos votos al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías.

Este último hecho le valió el rechazo de la mayoría del pleno de la Corte Nacional, quienes le retiraron la confianza a Terán, funcionario judicial de carrera que llegó al cargo al ser el primero de la terna entregada por la CNJ. Las diferencias entre el presidente del CJ y los titulares de la Fiscalía, de la Corte Nacional, Iván Saquicela, todos parte de la Función Judicial, fueron evidentes. Acusaciones de querer meterle la mano a la justicia han venido de lado y lado.

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El constitucionalista Xavier Palacios cree que la justicia termina el año en uno de sus peores momentos, y esto estaría dado especialmente porque el CJ ha terminado muy mal y ha sido el origen de las confrontaciones.

Para Palacios, de la realización de un concurso para designar siete jueces de Corte Nacional con observaciones y denuncias y el tener a dos vocales apartados del pleno de la Judicatura (Maribel Barreno y Juan José Morillo) por ser llamados a juicio por tráfico de influencias, a otro vocal titular (Xavier Muñoz) investigado por lavado de activos y a la entonces cabeza del CJ, Wilman Terán, investigado por el delito de obstrucción a la justicia y procesado por delincuencia organizada, quedaría la impresión que la transparencia no es lo que está primando en la Función Judicial.

La amenaza de juicio político contra el vocal Fausto Murillo y el exvocal Morillo, por un lado, y por otro a Terán, Muñoz y Barreno se sumó al panorama de crisis en ese organismo.

“En el 2023 se dio el escenario sui géneris de la muerte cruzada y ciertos vocales del CJ hicieron y deshicieron porque no había órgano que les pueda fiscalizar. Creo que la solución a esto es repensar las funciones del CJ, repensar cuál es rol del CJ dentro de la Función Judicial, pues lamentablemente más allá de ciertos fallos y jueces criticables las mayores críticas y la mayor queja a la Función Judicial vienen de parte del CJ”, refirió Palacios.

Entre 142 países a nivel mundial analizados dentro del Índice de Estado de Derecho de la World Justice Project (WJP), organización estadounidense que trabaja para crear conocimiento y estimular acciones para promover el estado de derecho en todo el mundo, Ecuador se ubicó en 2023 en el puesto 109 en justicia penal. El país reportó niveles bajos en lo que tiene que ver con un sistema de investigación eficaz, se encontraron dificultades en la detención y acusación de los autores de delitos. También se incluyó en el reporte que la policía, los investigadores y los fiscales no cuentan con los recursos adecuados, no están libres de corrupción o desempeñan sus funciones de manera competente. Ecuador habría obtenido bajos puntajes en el procesamiento y castigo de los autores de un delito, sobre si jueces y otros funcionarios judiciales son competentes o toman decisiones rápidas, en que sea imparcial, en su independencia del Gobierno o de la influencia política.

Ya en lo jurisdiccional, las críticas a la justicia se centraron en la entrega indiscriminada de acciones de protección y habeas corpus planteadas. Por un lado, personajes políticos que no estaban de acuerdo con decisiones administrativas de funciones como la Legislativa, la de Transparencia o de la misma Función Judicial, mientras, por otro, líderes y miembros de grupos delictivos se valieron de estas acciones constitucionales para retrasar, adelantar o evadir procesos, reformar sentencias, alcanzar cambios de Centros de Privación de la Libertad, entre otros.

Solo entre febrero y noviembre de 2023, según datos del Consejo de la Judicatura, existieron 256 sanciones disciplinarias, entre ellas, 69 servidores jurisdiccionales destituidos. En el año 2020 se dieron 46 destituciones; en 2021, 66; mientras que en 2022, 77.

Para la exfiscal general del Estado Mariana Yépez entre los caminos para superar esta mala calificación que tienen la administración de justicia están el evitar la politización del sector justicia y propender a una mayor profesionalización y mantener un sistema de selección de quienes son parte de la Función Judicial, con parámetros muy estrictos, que no solo evalúen su capacidad de conocimientos sino también aspectos éticos.

Ante la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa impulse una consulta popular en la que se incluyan cambios al tema de justicia, Yépez insiste en que la intromisión de la política en temas judiciales no es la solución para superar esta crisis.

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, piensa que las situaciones que han ocurrido este año en el sistema de justicia, en especial el caso Metástasis se ha clarificado la existencia de casos de corrupción en la justicia ecuatoriana.

Considera que es importante que esta situación se devele en profundidad porque se muestra la decadencia y lo caótico que ha estado viviendo un sistema judicial ha rebasado todos los límites. “Considero que ahora es cuando debe darse un “lavado de cara” profundo, poner los pies sobre la tierra y resurgir de esta cenizas en las que ha quedado el sistema de justicia ecuatoriano. Esa es la única forma en la que la ciudadanía nuevamente tenga la credibilidad y confianza en la justicia que en un país democrático es importantísimo”, sostiene. (I)

Tres casos de relevancia nacional

Caso Encuentro

Desde el 24 de noviembre pasado corren los 90 días de instrucción fiscal dentro del proceso penal conocido como el caso Encuentro. En esta causa se investiga el delito de delincuencia organizada y al momento son procesados Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso; Hernán Luque, exgerente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe y Gabriel Massuh.

Según la fiscal Luzmila Lluglla, quien lleva el caso, este “grupo criminal estructurado” se encontraba conformado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tienen roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes habrían asumido la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Carrera y a Rubén Cherres Faggioni, empresario asesinado en marzo pasado en Santa Elena.

“Estos líderes mantenían una relación de amistad durante años, conforme se desprende de los elementos recabados en la presente investigación. Estas personas de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y de esta forma interferir en instituciones públicas como: CNEL, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”.

Los procesados han rechazado la teoría de Fiscalía y aducen que todo responde a una persecución contra varios de los sospechosos, la cual está arrastrando a otros. El artículo 369 definido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) registra para autores y colaboradores penas que van de cinco a trece años de cárcel.

Caso Metástasis

La madrugada del viernes 14 de diciembre, la fiscal general, Diana Salazar, da a conocer los elementos de convicción que tenía para formular cargos contra 31 personas que serían parte de una delincuencia organizada que operó usando jueces, fiscales, policías, peritos, funcionarios penitenciarios, abogados... para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, dos de sus hermanos y su esposa. La operación simultánea para allanar y detener en este caso se da entre el 13 y 14 de diciembre pasados en siete provincias de Ecuador.

El asesinato de Norero al interior del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre del 2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen generan la obtención de evidencias, entre las cuales se encuentran 15 celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

Entre los procesados en esta causa están el ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien a la época de los hechos ocupaba el cargo de juez en la Corte Nacional; el general de la Policía (sp), Pablo R., oficial que ocupó cargos en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y en la Dirección Nacional Antinarcóticos; los jueces Ronald G., Santiago Z., Ánge L., Gustavo M., Glenda O., Adolfo G., Emerson C. y Gabriel S.; así como también Álex P., Helive Paúl A., Alexander N., Daniel M., Daniela B., Mayra S., José S., María A., Jhon C., Lenín M., Alexander I., Héctor P., Christian Ch., Ángel L., Gabriel G., Armando R., Vicente F., Kevin P., Sofía G., César A. y Braulio M.

Pese a que la causa se abrió hace poco, la Fiscalía ha anunciado que vinculará a al menos siete personas que estaban en la lista inicial de detenidos, pero que huyeron al ser alertados de la operación simultánea que se preparaba. Aparentemente todos salieron del país.

Caso Reconstrucción de Manabí

El 1 de junio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, solicita fecha y hora a la Corte Nacional para formular cargos por el delito de peculado, parte del denominado caso Reconstrucción de Manabí, contra el exvicepresidente Jorge Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

En este caso la Fiscalía sostiene que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016.

Según Salazar, en 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, obra a la que se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

Seis meses después del pedido de Fiscalía, el 29 de noviembre, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, acoge el pedido hecho por la defensa de Glas y previo a que exista una audiencia de formulación de cargos dispuso que se remita un oficio a la Asamblea Nacional solicitando la autorización para enjuiciar penalmente a quien fue binomio presidencial de Rafael Correa.

Jorge Glas se mantiene fuera de la cárcel bajo la “libertad provisional” ordenada dentro de unas medidas cautelares otorgadas a finales de noviembre de 2022 a favor del exvicepresidente. Él mantiene una pena única de ocho años de cárcel, la cual es resultado de las dos sentencias en firme que mantiene por actos de corrupción cometidos en la función pública. Al momento también mantiene abierta una investigación previa por el delito de intimidación, ante una denuncia hecha por la exasesora de Glas, Soledad Padilla. (I)