Dos denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado fueron la base con la que la Fiscalía General del Estado arrancó una investigación previa sobre hechos relacionados con el abuso de dineros públicos utilizando fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 2016, que afectó principalmente a zonas de la costa ecuatoriana.