El Partido Sociedad Patriótica (PSP) 21 de Enero, lista 3, obtuvo dos importantes victorias que le permiten reactivarse en la esfera política. Por un lado, una Unidad Judicial Civil de Quito ordenó la rehabilitación del partido fundado por el expresidente y ahora asambleísta, Lucio Gutiérrez; por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró nula la suspensión impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La resolución judicial se emitió el 28 de marzo y tiene que ver con un dictamen de diciembre de 2022 -que declaró la quiebra en firme del fallido PSP-, que surgió de una demanda planteada por Rosa María Rosales, extrabajadora del partido, quien exigía el pago de valores adeudados por la tienda política.

La demandante pidió la rehabilitación del PSP, y que se levante el bloqueo de la cuenta bancaria del partido, una vez que el 15 de enero de 2024 llegó a un acuerdo de pago. Dicho acuerdo se concretó con la transferencia de $ 13.000 a favor de Rosales. La mujer también solicitó el archivo de la causa.

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La jueza de causa determinó que el pedido de Rosales era procedente y, por ello, fue aceptado. La magistrada dispuso la rehabilitación del partido y dejó sin efecto todas las medidas dispuestas en la sentencia de diciembre de 2022.

Por el dictamen de 2022, el CNE descalificó al PSP para participar en la campaña electoral por la consulta popular y referéndum del 21 de abril.

En cuanto al Tribunal Contencioso Electoral, el juez Fernando Muñoz resolvió el 3 de abril de este año aceptar el recurso subjetivo contencioso electoral, que fue interpuesto por Lucio Gutiérrez, y declaró nula la suspensión de un año que impuso el CNE al PSP, en enero pasado.

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El CNE suspendió temporalmente a la lista 3 aduciendo que la organización no presentó informes económicos anuales y no justificó el uso del Fondo Partidario Permanente (FPP), mediante una llamada caja transitoria, entre los años 2015 y 2016; los recursos se habrían destinado a causas ajenas a la formación política. El Consejo se sustentó en informe de la Contraloría General del Estado.

Frente a ello, la defensa de Gutiérrez alegó que existe una sentencia de un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que responsabilizó a un exadministrador de los recursos del PSP, Pedro Moncayo, como culpable del delito de abuso de confianza en el 2012. El excolaborador habría gastado alrededor de $ 1,6 millones en actividades no relacionadas con la formación y capacitación política.

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Además, la defensa precisó que el partido político fue inculpado de delito alguno y tampoco fue señalado como responsable solidario.

Luego de analizar los argumentos de las partes, el juez del TCE concluyó que la resolución adoptada por el CNE “carece de la debida motivación” y “se observa que el Consejo Nacional Electora procedió a la imposición d una sanción a la organización política recurrente, sin que medie procedimiento administrativo sancionador, por lo que no se ha cumplido con el debido proceso”.

El pasado 10 de marzo, el asambleísta Lucio Gutiérrez, en entrevista con EL UNIVERSO, aseguró que la suspensión del CNE respondía a una “persecución política” que pretendía desaparecer al partido. “Es como una guerra con el CNE”, dijo entonces el expresidente de la República. (I)