‘Yo me escondía para fumar, hoy fuman de frente’: las cuatro generaciones de la cocaína en Ecuador

Entre la media docena de tatuajes que le cubren el tórax, la espalda y los brazos, hay uno de la imagen de Jesucristo en el pectoral derecho que le recuerda quien lo rescató de las garras de la droga.

“Yo me metía base de cocaína, los de ahora se meten H y plo-plo; yo me escondía para fumar, pero hoy en día lo hacen de frente; ellos reciclan para fumar, yo en cambio robaba, yo llegué a asaltar blindados, unas barras de oro nos llevamos”, cuenta César P. cuando se acuerda de que entre los años 80 y 90 integró las bandas delictivas de Rigoberto Castro, alias Patucho Rigoberto, y de Reynaldo Zamora, alias Rey Zamora.

En aquellas décadas, la delincuencia que predominaba en el país –explica el historiador e investigador social Freddy Avilés– estaba compuesta en su mayoría por arranchadores, carteristas y pocas bandas de robacarros, asaltantes de bancos y viviendas.

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Zamora y Patucho Rigoberto encabezaron las primeras listas de los delincuentes más buscados, y se sustrajeron –según estimaciones policiales– al menos unos 500 vehículos antes de que el primero fuera asesinado en 1990 y el segundo huyera en 1993 a Estados Unidos, donde estuvo preso hasta el 2004, cuando fue deportado y detenido en Ecuador, liberado y nuevamente detenido del 2017 al 2018.

“De la gente con la que andaba yo, unos salieron (de la cárcel), a otros los mataron. Yo soy casi el único que sobrevive. Me condenaron a nueve años por robo, salí en 2004, en ese tiempo había el 2x1, estuve cuatro años y medio”, dice César, de 61 años y hoy dueño de un taller de cerrajería en el Guasmo sur de Guayaquil.

A dos metros de su negocio, tres jóvenes aspiran un polvo blanco mientras escuchan su relato. En el mismo grupo, un hombre de extrema delgadez y con la piel ennegrecida por el desaseo duerme sobre el caliente pavimento a las dos de la tarde del miércoles 30 de agosto.

En una ocasión, cuenta César, le ordenaron custodiar quince fundas de un cargamento de cocaína, y él se las fumó todas. “Con la maldita droga no se puede, la droga se come la fuerza de voluntad. Tengo tatuajes de Cristo para darle gracias porque me rescató. Dios es todo”, recalca este hombre de canas que aconseja a los consumidores de su cuadra dejar ese vicio que lo secuestró por años.

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César tenía unos 20 años cuando la primera generación del narcotráfico nacía en Ecuador, la primera de cuatro generaciones bien identificadas por el director de la Policía Antinarcóticos, Pablo Ramírez: “Hemos hecho un análisis sobre la evolución del narcotráfico y se puede hablar de cuatro generaciones: la primera, del 80 al 90, cuando el principal productor de cocaína, Colombia, dominaba desde la producción hasta la comercialización internacional; desde los laboratorios, con todo lo que genera este negocio ilícito”.

Ecuador era visto entonces como un país de tránsito de droga debido a “su corta extensión territorial y a una infraestructura vial que le permite movilizarse entre fronteras en menos de doce horas”, señala un informe policial que además menciona otras debilidades: “Un perfil costanero navegable que permite el zarpe de embarcaciones desde cualquier punto y un escaso control del territorio marítimo y aéreo”.

Estadísticas policiales señalan que las capturas de cocaína no superaban las 30 toneladas en 1989, cifra muy distante de las 200 toneladas decomisadas en 2022. “No se incautaron grandes cantidades (en los años 80), teníamos plantaciones con hectáreas muy reducidas, había quizás ciertos laboratorios de procesamiento, pero eran esporádicos”, agrega Ramírez mientras analiza el origen de la actual violencia narcocriminal que enfrenta el país y que hasta agosto de este año ha cobrado 4.835 vidas.

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Los primeros laboratorios aparecieron en Ecuador a raíz de las embestidas del Gobierno colombiano a los carteles de Medellín y Cali, que monopolizaban la distribución de droga a Estados Unidos. En 1986, durante el gobierno de León Febres-Cordero, la Policía destruyó catorce laboratorios de pasta de coca en el Oriente ecuatoriano y al año siguiente se descubrió en la Amazonía el primer laboratorio para fabricación de precursores químicos de Sudamérica. El cultivo de coca en Ecuador representaba en 1987 el 2 % de lo que producía Colombia y el 1 % de los sembríos de Perú.

El operativo más relevante de esa década se dio en el gobierno de LFC: la detención del empresario Carlos Hidalgo Tejada, acusado de enviar desde Guayaquil a España 300 kilos de cocaína oculta en barras de chocolate en marzo de 1988, en plena campaña electoral por la Presidencia de la República.

Abdalá Bucaram y Rodrigo Borja se disputaban la segunda vuelta cuando surgieron las primeras acusaciones de la penetración del narcotráfico en la política. “Aquí está la ficha original que yo me comprometí a presentar del señor Carlos Hidalgo Tejada, narcotraficante internacional, la 707777, esto no es una copia, es un original, esta es la ficha de afiliación a la ID (Izquierda Democrática) de un narcotraficante”, denunció Bucaram en televisión nacional y agregó que el abogado de Hidalgo había organizado una cangrejada para recaudar fondos para la campaña de Borja, incluso que la empresa de Hidalgo había girado un cheque a su favor.

El partido de Borja negó las aportaciones y más tarde, en 2003, el entonces presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (ID), admitió que la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil por su partido, Juana Vallejo, había recibido en 1988 un cheque de $ 2.300 de parte de Hidalgo. “El señor Hidalgo era ciudadano regular y no se sabía su vínculo con el narcotráfico”, dijo Landázuri como justificación.

Una segunda generación del narcotráfico en Ecuador ocurrió en los años 90, cuando los carteles colombianos crearon alianzas con los mexicanos. “Los unos comienzan a producir y los otros a comercializar a Estados Unidos, por la cercanía; y aparecen los carteles de Sinaloa, Nueva Generación, y todos los que han ido estableciéndose en los países”, señala el director de Antinarcóticos, mientras que Avilés menciona que “en los 90 desaparecen los grandes carteles en Colombia, surgen pequeños carteles y empiezan a crear contactos en Ecuador”.

En esta década se ejecutó el operativo Ciclón, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén, en el que se desarticuló una banda integrada por policías y militares, y liderada por Jorge Hugo Reyes Torres, un empresario lojano sentenciado a catorce años de prisión.

La Policía estimaba su fortuna en cientos de millones de dólares e incluía la famosa hacienda San Antonio, en la vía Santo Domingo-Quevedo, valorada en $ 31 millones, con una extensión de 6.000 hectáreas y que comprendía plantaciones de banano y palma africana, una pista de aterrizaje, canchas de tenis, gimnasio, piscina, 7.700 cabezas de ganado, entre ellos, un caballo siberiano valorado en $ 180.000.

“A mí no me pregunte cantidades (bienes), todo fue un montaje de la Policía, la Fiscalía y la prensa”, dijo el empresario en una entrevista con este Diario a propósito de una decisión judicial que lo absolvía de cumplir una sentencia por reincidir en narcotráfico en 2002.

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El llamado Plan Colombia, un programa creado en 1999 para combatir el narcotráfico y promover la paz en ese país con el apoyo de Estados Unidos, tuvo repercusiones en Ecuador y marcó la tercera generación del narcotráfico, en la década del 2000.

Ecuador comenzó a tener un rol importante, no solo en el abastecimiento de precursores químicos para hacer cocaína y heroína, sino también el rol de flujo de tráfico de armas para Colombia, tráfico de personas, secuestros extorsivos en la frontera norte, suministro de uniformes para las FARC, Ecuador tiene ese rol subsidiario

Renato Rivera, especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional.

Por la frontera norte con Colombia, dice Rivera, comenzó a crecer el narcotráfico. “El crimen se expande donde no hay presencia del Estado (…), en la década del 2000 se incrementa la Ruta del Pacífico, que es más difícil de controlar, más que nada por el clima, ahí empieza Ecuador este rol de ser plataforma logística”, menciona Rivera, director del Observatorio del Crimen Organizado.

Y mientras eso ocurría en las fronteras, dentro del país las organizaciones delictivas diversificaron sus actividades. Varios operativos antinarcóticos descubrieron la presencia del cartel mexicano de Sinaloa en 2003. Para entonces ya había surgido la agrupación Choneros, fundada por Jorge Véliz, alias Teniente España, que se dedicaba al microtráfico en Manabí y a quien, tras su muerte, le sucedió Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en 2007.

“Comienzan a darse importantes incautaciones en la frontera, se destruyen laboratorios y más tarde Ecuador rompe relaciones con Colombia”, precisa Ramírez. Se refiere al bombardeo colombiano en Angostura (Sucumbíos), en el que murió el narcotraficante y guerrillero de las FARC Raúl Reyes, en marzo del 2008, durante el régimen de Rafael Correa.

Uno de los comisionados que investigaron ese ataque señaló que “en la base de Angostura funcionaba una especie de oficina del Registro Civil, donde falsifican cédulas a cualquier guerrillero que quería pasar por ecuatoriano y curarse las heridas en el territorio nacional”.

En los años siguientes, ya sin la base norteamericana de Manta, retirada en 2009, las redes del narcotráfico comenzaron a organizarse. Mafias como la Albanesa se detectaron en esta década y nuevos operativos antinarcóticos develaron la expansión de carteles como Sinaloa, que reclutó en sus filas a un excapitán de las Fuerzas Armadas (Telmo Castro, asesinado en prisión) y a Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, considerado este último ‘uno de los narcotraficantes más importantes del mundo’.

Ambos, Castro y Sánchez, fueron detenidos en junio del 2013, junto con ocho personas en una pista de aterrizaje en el sector de Campo Verde, por el sector Santa Lucía-Pichincha (Manabí), donde también fue retenido un camión que transportaba 450 paquetes de cocaína y una avioneta piloteada por dos mexicanos del estado de Sinaloa.

Las muertes violentas tienen horario y acechan a los hombres de 18 a 25 años

“No tengo nada que ver, ni participación alguna en el tráfico de drogas de que se me acusa”, dijo en su versión Wilder Sánchez antes de acogerse al derecho al silencio.

Para la cuarta generación del narcotráfico en el Ecuador, a partir del 2010, ya la Policía tenía identificadas a las organizaciones delictivas locales, como Choneros, que en la actualidad han reclutado a subgrupos como Tiguerones (Esmeraldas), Lobos (Azuay, El Oro, Santo Domingo) y Chone Killers (Durán). Todos al servicio de carteles mexicanos y colombianos.

“Estas organizaciones vieron que nuestro país no tenía restricción y luego la muerte de ciertos cabecillas (alias Rasquiña) que hizo que otras facciones intentaran dominar el mercado de la droga”, analiza el director de Antinarcóticos, mientras que el perito en perfilación criminal Danilo Ruiz cuestionó el exceso de garantías de derechos “a favor del victimario y no del derecho restaurador de la víctima”.

Las cifras de la Policía muestran el incremento de operativos y de decomisos de drogas en la última década, pero también el aumento de la violencia que ha mostrado su lado más sanguinario. En 2018, un atentado con explosivos cobró la vida de tres infantes de Marina en San Lorenzo, Esmeraldas, y en esa misma provincia un equipo periodístico de diario El Comercio fue secuestrado y asesinado.

A esto se suma el aumento de muertes violentas en las calles y en las prisiones, donde –tras el asesinato del cabecilla chonero Rasquiña y el ascenso de Júnior Roldán y José Macías Fito– se producen masacres entre bandas delictivas por captar espacios de poder en el mundo criminal. Hasta junio de este año se han registrado catorce motines con más de 500 muertos en las prisiones, y hasta el 12 agosto ya van 4.835 asesinatos, 22 diarios, en las calles. (I)