Si bien las mesas de diálogo entre los indígenas y el Gobierno continuarán trabajando hasta el 12 de octubre y todavía hay temas extremadamente delicados por discutir, ya se pueden apreciar aspectos que son importantes para la sociedad en su conjunto, en este esfuerzo que debemos hacer por construir lazos entre los ecuatorianos.

Uno de ellos y que se ha repetido hasta el cansancio es que negociación y diálogo son el mejor camino para superar las diferencias. En las primeras mesas se lograron 40 acuerdos, aunque también quedaron entre 8 o 9 aspectos en los que ambos sectores no lograron un acercamiento de posiciones.

Otro aspecto positivo es el acceso a la información que han tenido de lado y lado. Esto permite comprender el porqué de ciertas visiones o argumentaciones y, al producirse esa transparencia, las posturas polarizadas e intransigentes comienzan a quedarse sin piso y presionan a un entendimiento.

La participación de los facilitadores, que han puesto reglas claras, también frenan perspectivas cerradas y obligan a que la conversación fluya. Las imposiciones además se contienen, como ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando Leonidas Iza, por ejemplo, exigía la presencia de representantes de la Función Judicial para hablar de los problemas legales que afrontan los dirigentes y comuneros, y la Conferencia Episcopal le dijo que se los había invitado. Oficialmente, los funcionarios judiciales no son parte de las mesas de negociación.

También provoca que los ciudadanos asuman responsabilidades. Los dirigentes indígenas deberán convencer a sus comunidades de las ventajas de los acuerdos, no en vano han comprometido su palabra y están consiguiendo una parte de sus objetivos. El Gobierno, en cambio, deberá cumplir lo que está ofreciendo y abrir más puertas del diálogo, con quienes pudieran sentirse en desventaja o afectados de alguna manera, como pudieran ser las empresas petroleras y mineras. Y asumir paralelamente compromisos –que no están en la discusión de las mesas, pero son parte del problema– para frenar las actividades ilegales de explotación de los distintos recursos (mineros, madereros, entre otros), que provocan serias afectaciones al ambiente.

Esta pedagogía de diálogo y negociación debe implantarse para crear una cultura distinta, que permita o facilite la gobernanza del Ecuador y desmontar esa práctica irascible de cerrar posiciones, arropadas bajo el argumento de supuestas creencias políticas, que no son más que muestras de intolerancia, exclusión y de bloqueo. Es también la oportunidad para dejar de señalar como culpables a los demás, cuando hemos sido, como sociedad, responsables del país que hemos creado, al permitir que campee la corrupción, el irrespeto a la ley, la ruptura de la institucionalidad, entre otros muchos ‘permisos’ que nos hemos dado.

Los desafíos que tiene el Ecuador y su institucionalidad son cada vez más complejos. Y estas son valiosísimas oportunidades para aprender a entendernos y afrontar esos desafíos. No está mal soñar con que podamos corregir esto, debemos hacerlo, por nuestra generación, por las anteriores a nosotros y por las que vienen. Nos debemos como país una nueva oportunidad que hay que construirla. (O)