La condenable corrupción que ha destapado con valentía la fiscal general, reflejada en los últimos casos penales históricos, Metástasis y Purga, evidencia el estado de descomposición y podredumbre que se vive y la contaminación en las instituciones. Entre los involucrados, panas y allegados, hay cinismo y audacia, que niegan vinculaciones entre ellos, pese a que por años estuvieron juntos y las evidencias que se presentan.

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Las pruebas contundentes, testimoniales, documentales, videos, chats, reflejan esta realidad de corrupción generalizada, que se explica cuando están presos siete jueces de la Corte del Guayas, su presidenta hasta hace poco tiempo y otros funcionarios de la Judicatura y se dice que faltan más.

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En el caso Metástasis, otros jueces venales, que también están presos, beneficiaron contra ley expresa a quienes recibieron sentencias condenatorias pero salieron libres con abuso de acciones constitucionales y autoridades pusilánimes que no han actuado. Han hecho lo que les ha dado la gana, protegidos por políticos y complacientes con delincuentes, en medio de un estado de indefensión y de indiferencia. Era vox populi lo que se sabía, menos las autoridades, de esa justicia corrompida que favorecía la impunidad. Lo denunció años atrás Fernando Villavicencio y por eso lo mataron.

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Siempre se habló del control político y la injerencia partidista que con hechos se ha evidenciado en la historia reciente. Un líder político y expresidente de la República ya fallecido para controlar la Corte Suprema de Justicia envió tanques al Palacio de Justicia hace 39 años y desde allí han manipulado a los jueces. Otro expresidente prófugo de la justicia hizo una consulta popular en el 2011 y sin empacho anunció que era para meterle mano a la justicia y así lo hizo. Los fallos evidenciaron esta realidad.

Resulta hoy inverosímil hablar de jueces con probidad notoria, independientes e imparciales

Lo grave en la situación actual evidencia que dirigentes políticos,  exlegisladores y sus compinches no solo que han corrompido a la justicia y se han beneficiado de ella, sino que han estado conectados con bandas delincuenciales y del narcotráfico, que recibieron sentencias condenatorias, pero fueron beneficiados por jueces y funcionarios judiciales.

¡Sinvergüenzas!

Repugna leer las investigaciones penales de los casos Metástasis y Purga en contraste con miles de ciudadanos que esperan el despacho de causas y sentencias durante años.

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Penosamente la justicia y el imperio de la ley no han tenido bases sólidas sino que han estado en una estructura de poder que ha determinado que forme parte del juego político.

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Resulta hoy inverosímil hablar de jueces con probidad notoria, independientes e imparciales, con el visto bueno del órgano administrativo y disciplinario, que actúa con cobardía para aplicar el Código de la Función Judicial. La Constitución es letra muerta cuando sostiene (art. 168) que los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa y que toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal.

El manoseo a la función judicial

La independencia judicial constituye un elemento básico en todo Estado de Derecho, que sigue siendo una utopía y un desafío en medio del deterioro institucional, que no ofrece seguridad jurídica. (O)