La confianza y la credibilidad son dos valores fundamentales y cuando se los pierde resulta muy difícil recuperarlos. Cuesta mucho construirlos y en una acción se pueden pulverizar. Más aún en temas muy sensibles, que afectan al normal desenvolvimiento de un país. Ese es el caso de instituciones del Estado en las cuales actores políticos detestables solo buscan su acomodo, en desmedro de la mayoría, que ni siquiera entiende lo que que se hace en su nombre.

En la Asamblea se intentó meter gato por liebre en la fallida reforma penal, con intereses directos de quienes afanosamente buscan impunidad y otros temas fundamentales como la entrega de prebendas únicas a la justicia indígena, lo que rompería el ordenamiento jurídico, con un Estado dentro de otro Estado.

Remezón en la alianza

A tal nivel de audacia se ha llegado al intentar imponer reformas que pretenden desbaratar el sistema penal en beneficio directo de quienes recibieran sentencias condenatorias por corrupción probada en los procesos e incluso levantar la reserva en las investigaciones que precisamente son reservadas. Algo inaudito.

Además de los responsables directos hubo complicidad, por acción u omisión, de quienes luego tomaron distancia y cuestionaron lo que aprobaron en la comisión porque quedaron al descubierto por denuncias de la comunidad jurídica y otros actores, lo que golpea aún más a la imagen y credibilidad de esta función del Estado. Por todas las denuncias a tiempo, el proyecto ha quedado en suspenso, en la incertidumbre y cerrado el debate.

El reconocido jurista Fabián Corral ha escrito mucho sobre la confianza, dentro de los problemas profundos, estructurales, de nuestra sociedad. El año pasado, en una de sus columnas, decía que la desconfianza no es una queja, nace de la evidencia de que mientras no se entienda que la única tarea del Estado es servir, no habrá lo que llaman pomposamente democracia; de la certeza de que, en las condiciones de un país plagado de corrupción y populismo, no habrá poder que cumpla y responda. Por ello la vigencia de la ley y su racionalidad son ficciones y la seguridad jurídica es capítulo precario de un discurso. Es una recurrente mentira.

La desconfianza no es queja. Es la conclusión lógica que invade el ánimo de cualquiera que observe cómo prolifera el crimen y la corrupción, cómo la política sirve para ventilar disputas y afianzar arreglos, mientras el país se derrumba. Desconfianza frente a estructuras inoperantes y a discursos que niegan la verdad, ante un Estado en el que reina la incompetencia, ante un sistema que endiosa el cálculo y el disparate.

Palabras sabias que no pasan. Al contrario, persisten y se profundizan en medio de un país que vive un conflicto armado interno y a pretexto de endurecer las penas se intenta en la Legislatura introducir grosera e ilegalmente normas para desbaratar aún más el ordenamiento jurídico, todo en beneficio de quienes buscan impunidad para retornar al poder.

En este estado de cosas, cómo puede haber seguridad jurídica cuando la Constitución, artículo 82, consagra la necesidad de contar con normas previas y claras. Tanto se ha afectado la imagen de confianza que resulta muy difícil restablecerla. (O)