Si algo ha dicho claramente el Gobierno de Daniel Noboa es que el Ecuador está en guerra y que tiene un enemigo común: la delincuencia organizada. La ministra de la política, Mónica Palencia, incluso señaló a la minería ilegal como el problema en ciertas zonas del país, mientras que el jefe del Comando Conjunto, el contraalmirante Jaime Vela, planteó que para conquistar la paz el país debe asumir el compromiso en su conjunto.

A esto se deben añadir los anuncios de cambios en la cúpula policial, de responsabilidades de generales, de reajustes en inteligencia, de equipamiento, de reducción de las muertes violentas, de lealtad de los militares al Ejecutivo, entre otros.

Inseguridad jurídica

Estos anuncios provocan al menos dos preguntas que están entrelazadas y que pudieran convertirse en una muestra del compromiso real que tienen todas las funciones del Estado para enfrentar el crimen organizado y, al mismo tiempo, evidenciar parte de esos rostros que están contaminados por este tipo de delincuencia.

Las preguntas son: ¿cómo construirán el apoyo político que se requiere? y ¿cómo van a enfrentar la impunidad? Estas interrogantes ponen buena parte del peso sobre la acción política desde el Ejecutivo.

Juristas vs. tinterillos

Este trabajo implica, por ejemplo, convencer o neutralizar al bloque de Revolución Ciudadana, uno de sus socios legislativos –que al menos sirvió para organizar a la Asamblea– para que desista o, al menos, demore su agenda política específica y que golpea a uno de los actores que se ha convertido en una pieza en esta guerra contra la criminalidad: la fiscal general, Diana Salazar. Con ello se pudiera adelantar otro tipo de procesos políticos, como a los vocales del Consejo de la Judicatura.

Eso también significa que el PSC o, al menos, el presidente de la Asamblea –su otro socio en la misma conformación de las autoridades legislativas– se sume a alguna acción en contra del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo, de gobierno, de vigilancia y de disciplina de la justicia, que tiene a sus integrantes con acusaciones de tipo penal: Maribel Barreno y Juan José Morillo enfrentan acusaciones de presunto tráfico de influencias; Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, de presunta obstrucción a la justicia y, este último, además, por presunto lavado de activos. Estos mismos vocales han sido cuestionados nacional e internacionalmente por el concurso para nominar jueces de la Corte Nacional de Justicia y su presidente, el consejero Terán, es recibido por Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, en un acto político poco entendible ante una situación como esta.

Hasta ahí un grupo de desafíos, muy difíciles de lograr. Pero hay más: la justicia tiene una gran deuda por el comportamiento no solo de los vocales de la Judicatura, sino por las decisiones de jueces que liberan presos vinculados al crimen organizado y a la constante impunidad reinante.

Si bien el ideal es que las funciones del Estado sean independientes, ¿no será hora de alguna reunión con la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia para tirar todos en la misma dirección? Se escuchan sugerencias. (O)