Una sociedad en la medida que tenga la suficiente capacidad para articularse y funcionar con base en la confianza, dispondrá del llamado capital social, ese recurso fundamental que se crea, reproduce y transmite mediante mecanismos culturales y que posibilita alcanzar el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia, con base en un activo relacionamiento social en el que predominan los valores éticos, compromisos cívicos y la participación real de la ciudadanía. Hablamos de un escenario en el que no sea necesario ahondar en contratos o excesivos controles y regulaciones que –a decir del politólogo Francis Fukuyama– incrementan en lo económico los costes de transacción, sino más bien dejar que la confianza simplifique y facilite el flujo de los diferentes intercambios o actividades dentro de la organización social.

No obstante, uno de los mayores problemas que afrontan los países en vías de desarrollo, como el caso de Ecuador, es precisamente el deterioro de su capital social como resultado de la falta de transparencia y el incremento de las diferentes formas de corrupción que arranca a dentelladas el débil tejido social y que a más de crear un clima de desconfianza, distrae ingentes recursos económicos que deberían estar orientados a atender a los sectores más vulnerables de la población, ahondando con ello la pobreza y la desigualdad que en América Latina ha adquirido connotaciones ofensivas a la condición humana.

Penosamente, del Informe Latinobarómetro 2021 se desprende que en muchos países de la región se mantienen niveles preocupantes en la percepción de corrupción, encabezado por Venezuela con un 75 % y seguido por Chile (73 %), Ecuador (72 %) y Paraguay y Perú (70 %)... Es decir, un oscuro escenario donde el fraude social avanza a pasos agigantados, llegando a verificarse, en más de una ocasión, que las palabras honestidad, responsabilidad, respeto, etc., adquieren incluso una ‘mala reputación’ en medio de una sociedad líquida, en la que a decir del sociólogo Bauman, predominan valores no tan sólidos y que abre paso al individualismo, falta de compromiso de las personas a largo plazo, dado los conceptos de inmediatez y temporalidad con la que se asume la vida humana, inclinación por el consumismo y sometimiento a la mercadolatría...

De ahí que haya la urgencia de zarandear el establishment y de trabajar en el cultivo y afirmación de valores, en el fortalecimiento del capital social. Y uno de los elementos centrales de esa política pública debe ser el combate frontal a toda forma de corrupción para lo cual se requiere de una efectiva veeduría ciudadana y control social capaz de escrutar al poder público. Por eso mismo, la iniciativa del presidente Guillermo Lasso de conformar una Comisión Nacional Anticorrupción integrada por autoridades institucionales y dirigida por el secretario de la Administración Pública constituye un dislate en el propósito de activar a un organismo que carecería de la suficiente independencia y autonomía para cumplir con su trabajo fiscalizador.

De no revisar el ejecutivo esa propuesta, es probable que el traje nuevo del emperador entre otra vez en conflicto con la verdad. (O)