La decadencia del sistema jurídico ecuatoriano en las diferentes instancias de la institucionalidad pública y privada forma parte de una mayor y generalizada, que nos involucra a todos. Lo que sucede –en tantos casos– en las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y en la de Participación Ciudadana está fuera del marco del derecho y de la ética. Lo mismo sucedía y aún con mayor brillo negativo en la temporalmente inactiva Función Legislativa.
Esta decadencia tiene una serie de factores que contribuyen para su envolvente presencia. La carencia de oportunidades de trabajo para tantos y la pobreza extrema que se expande cada día más se encuentran en el amplio escenario social y económico. Luego, la dramática inseguridad que nos afecta socialmente, la corrupción omnipresente y el retroceso en la calidad de vida de toda la sociedad. Cada momento, en cualquier ámbito de la convivencia, puede ser analizado en su relación con lo que ahora somos… una sociedad devastada. Todos, de una u otra forma, tenemos responsabilidades frente a lo que hemos permitido, la mayoría por indefensión, claro está, y también por omisión, porque no es suficiente la solitaria lucha de unos para combatir la corrupción y el delito. El deber cívico nos interpela para hacer más desde nuestra corresponsabilidad ciudadana.
Y están los otros, pocos, organizados para delinquir. Capaces de todo. Planificadores y ejecutores de ataques, secuestros, extorsiones, muertes y otros actos de corrupción. Esos que ahora son tan fuertes que nos dominan y someten, que nos encierran en nuestro temor e impotencia.
Escribo en esta ocasión sobre uno de los ámbitos directamente relacionados con la legalidad y su rol en la actualidad nacional. Sobre el papel de las escuelas de derecho en donde se estudia o debería estudiarse también el deber ser moral de las normas, su interpretación y aplicación a cada caso con el fin de garantizar una vida social pacífica.
Considero que los objetivos de las actuales mallas curriculares apuntan a formar aplicadores del derecho. Profesionales que desde el texto legal analicen los hechos con los cuales se relacionan y lo apliquen para resolverlos. La comprensión de la relación de la norma con la justicia, si bien es abordada, necesita serlo de manera mucho más profunda, objetivo que se alcanza desde la producción de doctrina jurídica propia. Este enfoque muchas veces es dejado de lado, porque se considera que pensar y escribir sobre las instituciones que conforman el sistema jurídico es casi una pérdida de tiempo. Esta afirmación puede ser comprobada al analizar la producción jurídica doctrinaria nacional y su incidencia en los diferentes cuerpos legales y en la aplicación del derecho.
Desde el debate doctrinario publicado y no solo desde la opinión en medios de comunicación –que es el espacio de mayor relevancia conceptual– respecto a la pertinencia de las instituciones del derecho penal, constitucional y de todas las otras ramas, se puede comprender su relación con la justicia y la correcta adecuación de la norma a la situación social que regula.
La doctrina jurídica debe fundamentar la creación y la aplicación del derecho. (O)
