En 1925, un grupo de empresarios, preocupados por la inflación y el control cambiario, enviaron una carta al presidente solicitando la contratación de un famoso profesor de Princeton, Edwin Kemmerer, quien había asesorado a varios Gobiernos latinoamericanos en la implementación de políticas económicas. El Gobierno accedió a la solicitud. Kemmerer llegó al país con una comisión de asesores para estudiar la realidad nacional y sugerir cambios. A la misión Kemmerer le debemos la creación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General y muchas leyes que permitieron estabilizar la inflación e institucionalizar el país.
Casi cien años después, el país enfrenta otra grave crisis. Ya no se trata de la inflación y el control cambiario, sino del sistema judicial. Tal como lo han revelado los casos Metástasis, Purga y Plaga, existen jueces y funcionarios judiciales de los más altos niveles que están al servicio de las mafias políticas y del crimen organizado. Tenemos un sistema constitucional de supuestas garantías que hace muy sencillo que cualquier juez corrupto pueda poner en libertad a delincuentes o violentar derechos de propiedad. La falta de protección física a los jueces y su dependencia política de quienes los nominan y pueden destituirlos hacen que sus resoluciones estén condicionadas por factores distintos a la aplicación de la ley.
Liderar en un mundo convulsionado
Los empresarios no pueden hacerse los desentendidos. Es su problema. Y no me refiero solo a la gran compañía petrolera americana que opera en el país y de pronto es despojada de su inversión ilegalmente; ni solo a la multinacional que genera millones en ventas y a la que sus propios trabajadores amenazan con una demanda tan cuantiosa como absurda; ni solo al empresario honesto y patriota que decidió incursionar en política y luego una mafia enquistada en puestos burocráticos le pone una denuncia penal para intimidarlo. Me refiero a todos los empresarios, desde el más pequeño. El sistema judicial del Ecuador es un peligro para su patrimonio, para su libertad y para su vida. Sus empresas son fácilmente presas de extorsión, porque los extorsionadores controlan a los jueces. Sus contratos no están seguros porque cualquier juez corrupto, so pretexto de acciones constitucionales, puede desconocerlos. Nada garantiza que por algún descuido o alguna razón inventada no vayan a parar a la cárcel. Con este sistema judicial están en la completa indefensión y el progreso de sus negocios es imposible.
Tal como ocurrió hace casi cien años, los empresarios deben entender que su futuro depende de la solución de un gran problema nacional. Se trata de un problema que tiene una solución muy compleja. Y para encontrar esa solución es una buena idea contratar a una misión de profesores de las mejores universidades americanas para que estudien detenidamente la realidad del sistema judicial del Ecuador y para que, al margen de presiones políticas o de la influencia de intereses locales, diseñen un plan de reforma judicial en el Ecuador. Una suerte de misión Kemmerer para reformar la administración de justicia en el Ecuador. (O)
