Con frecuencia saltan a la palestra pública escándalos judiciales por conductas condenables moralmente o inexplicables desde el ángulo jurídico o de la racionalidad en general.
Pocos ecuatorianos estarán conformes con las actuaciones de múltiples vocales del Consejo de Participación Ciudadana en distintas épocas. Captar esa institución se ha convertido en un desafío constante. ¿Será por el incontrolable entusiasmo por servir al país? Me parece que quienes quieren ser vocales de tal institución deben meditar muy bien qué están dispuestos a hacer para satisfacer al líder político que los impulsa, no importa quién sea ese líder. Quien puede parar en la cárcel no es el líder, sino los ejecutores de los designios de ese líder. No hay que olvidar que el derecho es superior a los hombres, y los somete a todos por igual, sin discriminación; es parte de la grandeza del derecho (Carnelutti). El concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional tradicionalmente no ha gozado del mejor prestigio, no obstante, el empeño de los expertos que lo han apoyado.
Fragmentación polarizada, polarización fragmentada
Según la prensa el Consejo de Participación Ciudadana no tiene dinero para llevar adelante el concurso para elegir al nuevo/a fiscal general del Estado. Según me comentó un candidato para juez penal de la Corte Provincial del Guayas, el concurso pertinente se declaró desierto.
El Consejo de la Judicatura es capítulo aparte. Su importancia en la marcha de la administración de justicia es capital. Es un ente de gobierno de lo no judicial de la justicia, pero que ha incursionado en la justicia por la famosa “gestión procesal”, por disposiciones equivocadas del Código de la Función Judicial y por cierto maquiavelismo sobre el cual no vale la pena profundizar. He escuchado con frecuencia de un articulista bien informado que deja caducar su potestad sancionadora en algunos casos de error inexcusable ya declarado judicialmente. Su gerenciamiento del sistema de justicia, globalmente hablando, ha sido deplorable.
Ante las penosas situaciones relatadas, ¿cabe que nos quedemos en el lamento? No. Urge en los administradores públicos reflexiones profundas sobre la realidad y las perspectivas de la respectiva entidad, y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan sin devaneos, con firmeza. No hay alternativa. La sociedad clama por la eficiencia y la eficacia de la institucionalidad pública, porque el Estado funcione de verdad, porque los servicios públicos cumplan su papel, porque la salud funcione; porque los gremios den primacía al bienestar de sus afiliados y no a acomodos circunstanciales. Como regla, a las universidades no se las escucha opinando sobre la realidad nacional, condenando el caos institucional y reconociendo lo positivo del gobierno.
“La construcción de soluciones para los problemas del país” exige de vez en cuando hacer opinión. Nunca convertirse en actores políticos. Dentro de los cambios necesarios que contribuirán a la paz institucional y a la calma social que todos merecemos, deben reformarse las reglas para evitar el ridículo: un pocotón de candidatos a la Presidencia. ¿No cree usted? (O)
