El presidente Guillermo Lasso, con la disolución de la Asamblea Nacional, contemplada en el art. 148 de la Constitución, no solo que cerró temporalmente a una función legislativa desprestigiada hasta la médula (cuya imagen negativa llegó al incómodo guarismo de 95,37 %), sino que también abrió la posibilidad para que el pueblo ecuatoriano, en un ejercicio democrático, sea quien zanje la grave crisis política y conmoción interna existentes, con el nombramiento de nuevas autoridades para las funciones ejecutiva y legislativa, que provendrán de elecciones que han sido convocadas para completar el resto de los respectivos periodos.

Debate presidencial: otras preguntas

Sin duda, se trata de un proceso atípico, en tanto los tiempos requeridos para organizar una elección de esta magnitud se han visto significativamente reducidos en función de los plazos perentorios que constan en la Carta Fundamental y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que les dan a estos comicios el carácter de exprés, corriendo consecuentemente el albur que el debate de ideas entre los candidatos, incluida la difusión de sus propuestas tan necesarias para ejercer un voto reflexivo, se vea reemplazado por el trabajo de marqueteros políticos y “community managers” que abundan en las redes sociales, cuyo propósito es crear figuras muchas veces vacías de contenidos, pero con enorme capacidad para captar la atención de incautas audiencias que generosas retuitean mensajes anodinos, pero con imágenes que tienen impacto en determinados segmentos de la población. Así entramos en los terrenos de la política “tiktokera” y sus superficialidades. A la final, para los estrategas de campaña, lo que realmente importa y cuenta no son las personas, sino los votos.

Otros factores

Entonces, estamos hablando de unas elecciones cruciales que requieren de la mayor responsabilidad y participación de los ciudadanos y, más aún, cuando el país vive momentos de una profunda crisis expresada en una previsión de crecimiento del PIB para el 2023 de apenas el 2,6 % (con corrección a la baja), un riesgo país superior a los 1.850 puntos que compromete seriamente las posibilidades de financiamiento de un déficit fiscal que –por otra parte– amenaza con ampliar su brecha dada la proyección de una menor recaudación de tributos, la disminución del precio y volumen de producción de petróleo, los embates de la naturaleza, verbigracia, los potenciales efectos destructivos del fenómeno de El Niño y otros factores.

De tumbo en tumbo

En esas condiciones tan adversas, la correcta administración de la red pública se torna en una necesidad determinante para dar respuesta eficiente a problemas complejos como el azote de la delincuencia, que al actual ritmo de expansión podría cerrar a una tasa de 34 muertes violentas por cada 100.000 habitantes; corrupción desbordada, crisis económica, desempleo, deterioro de los servicios públicos, narcotráfico, carencias en la salud y educación, incontenible flujo migratorio, etc., que convierten al ejercicio del poder en un potro desbocado.

De ahí que el Ecuador debe elegir a un estadista con la suficiente capacidad, firmeza y autonomía para liderar el cambio. No hay margen para el error. (O)