Con motivo de la reciente reforma al reglamento general de la Ley Orgánica de Comunicación, fui invitado a un programa de opinión a comentar al respecto. Allí pude notar que con el paso de los años, y como este país vive de escándalo en escándalo y de crisis en crisis, vamos dejando olvidados temas fundamentales para nuestra pacífica y democrática convivencia.
Uno de ellos es, precisamente, el marco jurídico de la comunicación, que la Revolución Ciudadana impuso mediante la Asamblea Constituyente del 2008 y consulta popular del 2013.
Digo esto porque noto que quienes hacen opinión al respecto andan entretenidos revisando la antes referida reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, que si es restrictiva o no, que si es positiva o no, que si tiene dedicatoria o no, olvidando que es muy poco lo que se puede ganar mediante una reforma al reglamento e incluso mediante reformas legales, pues, lo de fondo, está grabado en piedra en la Constitución de Montecristi.
Me refiero a esta majadería de considerar a la comunicación como una actividad pública y, por lo tanto, sujeta de regulación estatal, por un lado, y por otro, la barbaridad de prohibir a personas naturales y jurídicas invertir en medios de comunicación nacionales, salvo que solo se dediquen al ámbito comunicacional, dizque porque puede existir conflicto de intereses, que al parecer, no existe en los medios regionales ni en otras actividades comerciales y/o académicas.
Y es que como la reforma constitucional no era suficiente para quebrar a los grandes medios, independientes de la verdad oficial impuesta por la Revolución, expidieron reglamentos y resoluciones de órganos de control liderados por autoridades acólitas, diseñados a la medida de la voluntad suprema, para darle forma a ese sueño de estrangular la economía de los medios hasta que se arrodillen por pauta o vendan a algún empresario que quiera ganar plata y a quien no le importe la libertad de prensa ni la verdad.
Pues lo cierto es que, salvo Lenín Moreno, que mutiló las garras de la Ley de Comunicación eliminando al engendro perseguidor del inefable Carlos Ochoa y sus tentáculos sancionadores, sigue toda la estructura perversa vigente, a vista y paciencia de autoridades, políticos e incluso académicos, que se han acostumbrado a verla como parte del paisaje.
Es indispensable para un Estado de derecho que se precie de serlo, eliminar la prohibición constitucional para que empresarios puedan invertir en medios de comunicación libremente, sin dedicatorias ni subterfugios, tal como ocurre en otros sectores económicos. ¿Y si hay excesos o conflictos de intereses? Pues para ello están los organismos de control, como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la de Telecomunicaciones y la de Compañías.
En épocas tan complejas para la prensa, es vital que nuestro marco legal permita la inversión privada lícita en los medios, pues solamente una prensa económicamente sólida puede ser plenamente independiente, y ello es fundamental para contrastar a los poderes políticos y económicos en beneficio de la libre información ciudadana. (O)
