No hay razones para sorprenderse. Las palabras del expresidente y líder de la Revolución Ciudadana (RC), Rafael Correa, en la red social X, durante el feriado, respecto a la intención de llevar a juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, en la Asamblea Nacional, confirman que nunca han tenido intenciones de abandonar su agenda: buscar que sus sentencias, esas que ordenan disculpas y cárcel, desaparezcan, y lograr la caída de quienes consideran responsables de aquello.

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Durante los seis meses en los que la Función Legislativa ha estado cesada comenzaron a recorrer otros caminos para intentar conseguir su objetivo. Basta recordar el espectáculo dado por algunos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que quisieron revisar su nombramiento, emitieron un informe con acusaciones penales y pretendieron formar una veeduría ciudadana para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional, y que terminó con la salida del presidente del CPCCS. O en el Consejo de la Judicatura, que intentó abrir un expediente en su contra y suspenderla de sus actividades, pese a no tener competencia (en este punto vale recordar que hay dos vocales procesados penalmente por presunto tráfico de influencias en un caso que data de 2022 y que estaban detrás de la cabeza de Salazar). O el intento de desconocimiento de su título universitario, auspiciado por una organización y Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo (sentenciado por abuso sexual), entre otros.

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A 18 días de que vuelvan los 137 legisladores a la Asamblea Nacional, la primera minoría muestra otra vez su baraja, anunciando que en sus conversaciones con el PSC ese es un tema. Henry Kronfle, quien se anuncia como posible candidato a la Presidencia de la Función Legislativa, ha dicho que ellos no están desde el 2021 a favor de ese enjuiciamiento. Sin embargo, hay demasiada historia (en términos políticos lo llamarían coincidencias) entre estas dos agrupaciones, que no sorprende.

Este anuncio, en medio de las conversaciones para la nominación de autoridades legislativas, integración del CAL, de las mesas y de los intentos del Gobierno electo -según Valentina Centeno- de conseguir votos para el listado de iniciativas legales de tipo económico que dicen priorizarán, confirman lo que se ha dicho desde hace semanas: el nuevo Gobierno deberá ser muy hábil políticamente para evitar que el escenario de bloqueo se repita. Si ocurre, eso pudiera implicar que se trate de lanzar la pelota hacia adelante, es decir, esperar las elecciones del 2025.

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Aquello no solo sería grave para el país, por los problemas acuciantes que hay, sino que despierta otras dudas. El presidente electo, Daniel Noboa, al parecer, tiene intención de postularse para una reelección. Para conseguirla necesitará atender, al menos, en parte los temas de seguridad y empleo. A la RC no necesariamente le interesa que le vaya bien a Noboa, porque si no tiene apoyo para su agenda de impunidad, deberá nuevamente recurrir a algún miembro de su partido para tratar de captar la Presidencia. En suma, la impunidad para RC es el tema central de su agenda y uno de los mayores obstáculos de gobernabilidad del Ecuador. (O)