El correcto funcionamiento del sistema de justicia de un país es uno de los factores más importantes para el desarrollo de una sociedad. Pero no ocurre en Ecuador, como muestran casos recientes (Metástasis y Purga) y otros del pasado.

Por ello, son recibidas para el análisis iniciativas como la del Colegio de Abogados de Pichincha, que propone al Consejo de la Judicatura (CJ) -órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial- que se hagan evaluaciones periódicas a los funcionarios judiciales y que se incorpore como prerrequisito en los concursos que quien postula por un cargo de juez abra sus cuentas y certifique sus bienes patrimoniales. Esto en colaboración con la Contraloría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). También que para concursos de jueces de primero y segundo nivel, así como de la Corte Nacional, se tome en cuenta a los gremios de abogados y la academia.

Algo que debería aplicarse a nivel nacional en las diferentes cortes y no solo en Guayas, una de las provincias más complicadas, de las que incluso la fiscal general, Diana Salazar, ha indicado que “es el epicentro de la desnaturalización del derecho”. Comentario debatido por abogados que litigan en la Corte de Guayas.

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Desde el Colegio de Abogados del Guayas indican que sus colegas sienten que son “víctimas de un sistema que no garantiza decisiones justas”, y que se sabe que parte de los jueces, en especial en el área penal, “son corruptos”, lo cual genera una sensación de desconfianza y decepción porque no saben si actuarán apegados al derecho.

Desde los gremios se han elevado quejas al CJ, al que corresponde llevar adelante un proceso de depuración de la justicia en la provincia y en todo el país. Para ello, debe esta institución también ser compuesta con probidad y sin intereses particulares. Todo con el fin de trabajar para que la corrupción y la delincuencia organizada no sepulten cualquier intento de institucionalidad democrática. (O)