El represamiento de licencias ambientales ya empieza a afectar a diferentes industrias del Ecuador. Hasta marzo de 2023 se estimaba que al menos cien obras están paralizadas y muchas más están en espera por la falta de este permiso que otorga el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).

El Maate no ha emitido estas licencias porque todavía no ha concluido la consulta prelegislativa, que es obligatoria por parte del Ejecutivo para obtener insumos de la ciudadanía y con esto reformar al reglamento al Código del Ambiente. Esa reforma debe definir los parámetros de la consulta ambiental en las zonas de influencia del proyecto, que es un requisito para obtener la licencia.

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Y todo ese proceso debido a que la Corte Constitucional ordenó que no se expidan permisos ambientales nuevos sin que se reforme los términos de la consulta ambiental, ya que lo que se había realizado hasta el momento bajo esta figura no cumplía con los criterios jurídicos establecidos.. El presidente Guillermo Lasso emitió un decreto para el ejercicio de la consulta prelegislativa, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) planteó una acción de inconstitucionalidad del decreto.

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Mineras, hoteles, camaroneras, haciendas y gasolineras siguen a la espera de las licencias ambientales. Concesiones mineras La Plata y Curipamba, que están a la espera de licencias ambientales para la fase de explotación.

Según Leonidas Iza, presidente de la Conaie, detrás de la consulta prelegislativa existe la intención de desbloquear la ejecución de proyectos, sobre todo mineros, especialmente a gran escala, que no se han podido ejecutar porque no cuentan con licencias ambientales.

Uno de los primeros gremios industrial en expresar su preocupación y rechazo a la postura de la Conaie fue la Cámara de Minería del Ecuador (CME): “En caso de acceder al pedido de las organizaciones sociales, existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación del proceso de la consulta prelegislativa y por ende de la consulta ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”, indica Andrés Ycaza, síndico de la CME.

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En tanto, Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), afirma esta problemática ya ha generado un retraso en el cronograma de implementación de los proyectos y esto acarrea una imposibilidad para cumplir con los plazos establecidos y los presupuestos. Lo que se traduce, según el ejecutivo, en que los costos de los proyectos aumentan y también se pone en riesgo el financiamiento de los mismos. Además, los fondos de financiamiento buscarían países en los que las reglas de juego sean claras y transparentes.

“Es importante mencionar que por mandato de la sentencia del caso “Los cedros” de octubre de 2021, se le prohíbe a la autoridad ambiental que emita licencias ambientales sin haber pasado por el procedimiento de consulta ambiental, en consecuencia, el Ministerio de Ambiente dejó de emitir licencias ambientales desde octubre de 2021″, afirma.

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Desde la CIP se indica que los sectores que están afectados en gran medida son minas y petróleo, agricultura, cerámica, canteras, vialidad, electricidad, procesamiento de químicos y fármacos, turismo, entre otros.

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“La suspensión del servicio de emisión de licencias ambientales afecta a todas las actividades que requieran licencia ambiental sin importar el sector económico al que pertenezcan. Existen actividades económicas en las que la licencia ambiental constituye un requisito previo para la operación y, por tanto, la implementación de nuevos negocios, o el crecimiento de los ya existentes halla un freno en este punto”, añade Jiménez.

Tanto la CME y la CIP afirman que existe un impacto en la economía ecuatoriana debido a la paralización de la inversión y el empleo. .

“Hemos expresado la necesidad de contar con una hoja de ruta clara en esta materia, pues todos los proyectos registrados a partir de octubre de 2021 están a la espera. Como gremio abogamos por la seguridad jurídica en el país, que se reconozca al sector productivo formal como medio para el desarrollo sostenible del Ecuador”, afirma Jiménez. (I)

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