Corte Constitucional dirimirá competencias de la Contraloría y del Tribunal Electoral

El futuro de cuatro organizaciones políticas ahora depende también de una decisión de la Corte Constitucional (CC), una vez que la Contraloría General del Estado planteó una demanda en contra del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que se dirima un conflicto de competencias.

El recurso de "acción de dirimencia de competencia", planteado por el contralor Pablo Celi, fue admitido a trámite por la CC el 14 de julio, por lo que se solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE), al TCE, a la Procuraduría del Estado y al Consejo de la Judicatura a que presenten un "informe y demás documentos que sustenten su posición" en un plazo de 15 días.

La reacción de Celi se da después de que Fernando Muñoz, juez del TCE, decidió tramitar una denuncia planteada por Vanessa Freire, presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS).

El objetivo es que destituya al contralor por una "infracción grave", por los resultados de una auditoría en la que se recomienda al CNE que elimine a Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y FCS porque incumplieron con el número de firmas necesarias para tener su personería jurídica.

La Contraloría alega que Muñoz admitió "de manera insólita" el recurso fuera de los plazos que establece su reglamento, y que convocó a una audiencia oral el 10 de julio, "desconociendo la presunción de legitimidad de las operaciones y actividades" del órgano de control.

"Se evidencia un indudable conflicto de competencias. Se afectó la competencia contencioso administrativa, que prevé que las decisiones de la Contraloría solamente serán susceptibles de impugnación ante los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo. Se demuestra la errónea actuación del juez contencioso electoral al no inadmitir la denuncia por caducidad e incompetencia", cita la demanda suscrita por Celi.

Se agrega que están frente a un caso de "falta de competencia del juzgador, por cuanto se está cuestionando la legalidad de un examen especial, el cual tiene una materia específica de impugnación que no corresponde al TCE".

El TCE aún no se pronuncia sobre la denuncia de Freire; en tanto, el Consejo suspendió a los movimientos políticos para que presenten pruebas de descargo, antes de decidir si acoge la conclusión de la Contraloría y las elimina.

A la par, los consejeros electorales Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero debían presentar hasta ayer sus descargos, por la predeterminación de destitución del cargo al no acoger las recomendaciones de una auditoría de agosto del 2019, en la que se determinó revisar la situación jurídica de las cuatro agrupaciones políticas. (I)