‘El Gobierno debe ser garante de la libertad de expresión y ahora resulta que es cómplice de la impunidad’, familiares de periodistas asesinados en la frontera norte exigen la desclasificación de información ‘secreta’

El 26 de marzo de 2018, un equipo de diario El Comercio fue capturado en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia por el grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra. Días después, en abril, se confirmó el asesinato de Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor), luego de fallidas negociaciones entre los captores y las autoridades ecuatorianas.

En esos días, el presidente de turno, Lenín Moreno, mantuvo reuniones con el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe), integrado por los cargos más altos del Estado, para determinar la hoja de ruta para liberar a los tres hombres. El contenido de esas reuniones está detallado en tres actas, con audios, informes y citas textuales de la postura y acción de cada miembro del Cosepe frente al secuestro, y a los posteriores asesinatos.

A cinco años del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, el caso sigue impune; las agresiones a comunicadores se recrudecen

Las tres actas del 28 de marzo, 13 de abril y 17 de abril de 2018 entraron en la categoría de ‘reservadas’, lo que significa que por cinco años no podía revelarse su contenido. Habiéndose cumplido los cinco años, los familiares de Javier, Paúl y Efraín pidieron que se proceda a desclasificar la información, pero el gobierno actual volvió a blindar el acceso a las actas, convirtiendo la categoría a información ‘secreta’.

La ley especifica que el contenido ‘secreto’ debe permanecer oculto por diez años, lo que significa que la información de las actas podría no revelarse por cinco años más. Según el general Wagner Bravo, actual secretario de Seguridad Ciudadana, los miembros del Cosepe “recomendaron al presidente (Guillermo Lasso) mantener la clasificación y la reserva de la información”.

“La información clasificada como secreta no ha cumplido con los plazos señalados en la ley, no ha sido objeto de un proceso de desclasificación o reclasificación y tiene en su contenido estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”, dijo Bravo al medio La Hora.

Esa es la postura del Gobierno, a pesar de que la Constitución expresa que en casos de violaciones de derechos humanos, ningún contenido puede permanecer clasificado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe emitido en el 2019, también recomendó la desclasificación de las actas.

“Es lamentable como van poniendo los candados y se va allanando la impunidad”, dijo Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, en una entrevista este miércoles con radio Pichincha. “Negación, encubrimiento y silencio es la constante de un Estado que no funciona en temas de violación de derechos humanos”, añadió.

Según Rivas, los familiares de los periodistas y el conductor asesinados pusieron una demanda en la Corte Constitucional en julio del 2021 para que se proceda a desclasificar la información, pero esta entidad no ha respondido.

Para las familias es importante acceder a la información detallada en las actas ‘secretas’, pues es la forma más efectiva de llegar a conocer la verdad. Ellos quieren esclarecer los “protocolos que se omitieron, conversaciones que se mantuvieron en el seno del Cosepe, las posiciones con el Gobierno colombiano, a qué negociaciones se llegó con ellos, si se autorizó o no el ingreso de una fuerza extranjera”, entre otros.

“Todo lo que se elaboró en el Cosepe nos tiene que llevar a esclarecer una verdad por la omisión que se generó en el gobierno de Lenín Moreno, recordando que aún hay personas que están como funcionarios del Estado, y en altas posiciones”, aseguró Rivas. Entre ellos, él señala como responsables a Moreno, a la exministra de Gobierno María Paula Romo, a Wilson Toainga, el primer fiscal que tomó su caso, y a la fiscal Diana Salazar.

También incluye al presidente Guillermo Lasso, pues el actual mandatario prometió desclasificar las actas durante su administración y no lo cumplió.

“Qué pena lo que les ha sucedido. Déjame sentarme en la Presidencia y a la semana hablamos de esto. Yo mismo te invito para poder avanzar en este tema y conseguir la verdad”, le dijo Lasso a Ricardo Rivas cuando el político se preparaba para la segunda vuelta electoral. Así lo recoge la Fundación Periodistas sin Cadenas, que ha llevado el caso de Javier, Paúl y Efraín desde el inicio.

El hermano de Paúl acusa al mandatario de “escudarse” en la recomendación del Cosepe para evitar liberar la información de las actas.

“El gobierno se convierte en un encubridor de todo este proceso al negar el acceso a esta información”, manifestó Rivas. “La Constitución es clara, y dice que no puede haber documentos secretos y que es obligación del Estado entregar toda la información. Nadie está sobre la Constitución del país, es obligación cumplirla. Que no quieran es otra cosa y ahí tendrán que responder”, añadió.

La necesidad de conseguir justicia en este caso no es importante solo para las familias del equipo periodístico asesinado, sino también para todos los periodistas y comunicadores del Ecuador y de la región. Por eso, el hermano de Paúl quiere sentar un precedente.

“Hay historias que han de ser contadas, que ya no van a ser escritas por la pluma de Javier. En el caso de Paúl, fotorreportajes que ya no van a ser captados porque ya no está con vida. ¿Por qué?, por negligencia estatal”, lamentó Rivas, quien sigue esperando justicia. (I)