La promesa del actual Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, es aumentar el sueldo básico 25 dólares cada año del mandato.

Para el 2022 se fijó en $ 425, pero apenas la tercera parte (33,2 %) de la población económicamente activa del país, es decir, los que tienen más de quince años y poseen empleo o lo buscan, ganan ese valor o más, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondientes a mayo pasado.

El ingreso promedio de las personas con empleo del Ecuador apenas supera el sueldo mínimo de este año con 439,6 dólares mensuales en mayo último. Los trabajadores independientes, que representan el 46 % de la población con empleo del país, obtienen un promedio de 323,8 dólares y los que laboran en el sector privado, que son el 46,1 % de la masa salarial, ganan 442,2 dólares.

Solo el 7,9 % de la población que recibe ingresos cobra un promedio de 1.114,8 dólares. Son los que laboran en el sector público nacional por las disposiciones y los escalafones establecidos cuya base supera al sueldo básico fijado anualmente.

Eduardo, de 23 años de edad, palpa esta realidad de ingresos bajos a partir que empezó a laborar tras graduarse de bachiller en el 2017. Desde noviembre pasado trabaja como mesero y ayudante de cocina en un restaurante del sur de Guayaquil, que vende almuerzos, con otras dos personas más.

Cuenta que dos de los tres empleados del sitio reciben $ 300 al mes si laboran seis de los siete días de la semana en jornadas de ocho a diez horas diarias. “Llevo aquí ya ocho meses y acepté porque no tenía opción, ya que me quedé sin trabajo desde el inicio de la pandemia (en marzo del 2020) hasta que por fin encontré este el año pasado”, afirma.

Él es soltero, pero lo que gana sirve en su hogar donde vive con sus padres y dos hermanas más pequeñas. Afirma que su padre es comerciante ambulante, trabajo que en el mejor de los casos deja unos 50 semanales, 200 dólares al mes, en promedio. A veces más, a veces menos.

La situación de ingresos bajos es más palpable en 14 de las 24 provincias del país, cuyos ingresos promedio de personas con empleo en diciembre pasado estaba por debajo del sueldo mínimo del 2021 fijado en 400 dólares.

Estas son Napo ($ 311,7), Chimborazo ($ 324,9), Morona Santiago ($ 325), Bolívar ($ 342,3), Santa Elena ($ 350,5), Esmeraldas ($ 351,4), Los Ríos ($ 360,8), Orellana ($ 367,3), Pastaza ($ 373,6), Loja ($ 380), Sucumbíos ($ 383,2), Manabí ($ 384), Cotopaxi ($ 392,8) y Carchi ($ 396,5).

Las cifras de mayo pasado sobre el ingreso promedio señaladas solo incluyen los resultados sin desagregación por provincias, pero este último detalle si aparece en la publicación anual de diciembre último del INEC.

El analista y editor de la publicación económica Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, afirma que el empleo adecuado es un privilegio de muy pocos ciudadanos en Ecuador. “Apenas tres de cada diez personas de la población económicamente activa (PEA) tiene un empleo adecuado, esto significa que solo tres de cada diez ganan el sueldo mínimo o más. Una pequeña porción del resto está desempleada y otra gran parte tienen un empleo informal e inadecuado, es decir, la mayor parte no está ganando el salario mínimo”.

Galápagos es la provincia del país con mejor ingreso promedio de su masa salarial, seguida por Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Guayas, El Oro, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar e Imbabura, todas en las que el ingreso promedio estaba por encima de 400 dólares.

“El turismo sustentado en la llegada de extranjeros impulsa y justifica los ingresos más altos en Galápagos. Zamora es una provincia netamente minera, allí está el impacto de esta actividad y el resto son las que tienen un mayor grado de desarrollo como Guayas, Azuay, lo que les permite tener un mejor mercado laboral. Al final del día el tema es la precariedad laboral que persiste en el país”, asegura Acosta.

Guillermo Granja, catedrático de la Universidad Ecotec, afirma que las provincias que están en los primeros lugares son las que tienen una capacidad de generar fuentes adicionales de ingresos al salario mínimo, como Galápagos, con el turismo; Pichincha, que es importante y concentra la masa salarial del sector público; Azuay y Guayas, que también poseen una industria más desarrollada. En El Oro está la riqueza bananera enfocada en la exportación.

“No todas las provincias tienen los mismos accesos a generar ingresos adicionales, pese a que pudiéramos pensar que sí lo hacen como el caso de Santa Elena. Allí podemos decir que solamente durante los meses de temporada tienen un pico en las actividades y por ello están en una situación mejor que otras”, indica Granja.

Napo, Chimborazo, Morona Santiago, Bolívar, Santa Elena y Esmeraldas son las provincias del país cuya masa salarial obtiene el menor ingreso promedio. “Son las que tienen un nivel de inversión reducido porque para tener salarios elevados hay que tener más inversión en capital, tecnología, en maquinaria y equipos, entonces la consecuencia es una menor productividad del trabajo”, asegura Acosta.

Un ejemplo. Una persona que hace pantalones jeans podría hacer hasta dos al día de manera manual, pero con una máquina y un sistema tecnificado podría hacer hasta veinte, por lo que recibiría un pago mucho mayor.

Que Ecuador tenga un salario básico decretado en la ley no significa en la práctica que la población realmente lo esté ganando. “El Gobierno puede declarar el sueldo mínimo que quiera o desee, pero al final del día la válvula de escape es el empleo informal. El empleo adecuado ha caído en el país significativamente, significa que menos personas están ganando el salario mínimo. Si se sigue subiendo el sueldo mínimo de manera política y no técnica, veremos cómo aún más personas son excluidas del mercado laboral formal”, añade el especialista.

La mayor parte de las personas que trabajan y ganan menos del mínimo lo hacen sin un contrato formal. Solo acuerdan las condiciones del empleo de forma verbal con sus empleadores, como el caso de Eduardo.

El análisis de fondo es que esta problemática no se trata de que las autoridades controlen o no, ya que así lo hagan igual el mercado laboral termina regulándose y se paga según la productividad del trabajo.

Granja asevera que el país aún enfrenta los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 y a ello se suman las últimas jornadas de paralización lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Todavía hay empresas e industrias que no han podido cubrir el último sueldo de sus trabajadores y otras se vieron en la necesidad de despedir. Otras más no tienen capital de trabajo, todas son las consecuencias de las crisis económicas y políticas”, menciona.

¿Por qué no ganan el salario mínimo todos los que trabajan en el país?

“No todas las actividades tienen una productividad de trabajo suficiente como para justificar el salario mínimo fijado”, responde Acosta. “Hay actividades intensivas de mano de obra que usan poca tecnología como la agricultura, manufactura, de subsistencia muy poco tecnificadas, entonces lo que produce cada trabajador no alcanza para cubrir el salario mínimo”.

La decisión de incrementar el sueldo básico beneficia a un grupo menor de ecuatorianos, ya que el grueso de la población, siete de cada diez personas que son parte del mercado laboral, están desempleadas o en la informalidad, entendida como un puesto de trabajo que no cubre el ingreso mínimo fijado por el régimen de Lasso.

“Lo que sucede con aumentar el sueldo básico de manera política sin responder al incremento de la productividad de trabajo es que quienes tienen un empleo formal y adecuado lo pierdan”, afirma Acosta.

Orellana y Sucumbíos están en el grupo de provincias donde el ingreso promedio es menor al salario mínimo, pese a que son la fuente de la riqueza petrolera. “Esta es una actividad tecnificada que no emplea a gran cantidad de personas, más bien tiene una generación de empleo bastante limitada. A diferencia de la minería que sí es intensiva en capital, pero también requiere de una gran cantidad de servicios y mano de obra, por eso es que las provincias donde ya hay proyectos mineros importantes tienen mejores resultados como Zamora Chinchipe”, menciona Acosta.

El petróleo demanda mano de obra calificada y muy especializada. Los recursos que se obtienen de esta riqueza petrolera se utilizan en la inversión pública a nivel nacional, pero las provincias de donde se extrae el denominado oro negro siguen teniendo baja inversión en general. “No hay en ellas otras inversiones privadas importantes que puedan elevar la productividad del trabajo”, agrega.

La situación de puestos de empleo precarios con bajos ingresos viene de la mano con las crisis económicas del país, enfatiza Granja: “Cuando hay un ciclo de expansión económica normalmente el Gobierno tomaba la batuta y a través de la política de gasto e inversión pública se logra un poco disminuir porque se activa la construcción, el comercio se dinamiza, entonces empiezan a darse contrataciones formales cumpliendo con la disposición de pagar el salario básico”.

Las provincias más pequeñas en población que no concentran a las grandes fábricas e industrias se centran en actividades artesanales y agrícolas. “Aquí se empieza a contratar de acuerdo a lo que vas sembrando y no todas estas personas están acostumbradas a que las enrolen porque ello implicaría el descuento por la aportación a la seguridad social”.

No hay un esquema laboral que sea acorde a los tiempos modernos, agrega Granja, como la contratación formal por horas en todos los sectores. “Sin esta reforma seguiremos atados a los vaivenes políticos y económicos, entonces las personas prefieren ganar un poco menos y tener algo en el bolsillo a esperar un trabajo formal que permite ganar lo que se debe ganar, ya que esta última opción es escasa”.

El desafío está en conseguir que estas provincias ofrezcan mejores condiciones para que llegue la inversión. “Cada una tiene que revisar cuales son sus limitaciones, cuáles son los cuellos de botella que frenan esas inversiones para eliminarlos. Llama la atención que una provincia como Esmeraldas, que tiene beneficios geográficos con su puerto y su ubicación cercana a Quito, siempre ha sido una zona con bajos niveles de inversión. Está afectada por la violencia y el narcotráfico, entonces en eso hay que trabajar”, explica Acosta.

No hay cambios estructurales que logren despertar la inversión, lo que frena el crecimiento económico y el mejoramiento de los salarios. (I)