Comisiones ciudadanas que preparan la elección de autoridades del Estado sienten los ‘estragos’ de la falta de vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Tres comisiones ciudadanas de selección de autoridades de control del Estado empiezan a sentir la ausencia del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para avanzar en los procedimientos de los concursos públicos.

Noticias relacionadas

Los exvocales destituidos y candidatos a la reelección en el Consejo de Participación Ciudadana, empeñados en que volverán a sus cargos pese a prohibiciones legales

Posesión de los consejeros suplentes del CPCCS sujeta a análisis y cálculos políticos

La Corte Constitucional tomó la decisión ‘más radical’ al destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, dice el expresidente Hernán Ulloa

En la actualidad, hay tres comisiones ciudadanas que fueron conformadas con el voto de cuatro de los siete exvocales del CPCCS que fueron destituidos el 23 de enero por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional (CC): las que se encargan de elegir a las primeras autoridades de la Contraloría General del Estado y la Defensoría Pública y la que debe renovar a dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La comisión que debe renovar el pleno del CNE no alcanzó a que el pleno del CPCCS apruebe la convocatoria pública para que la ciudadanía se postule al concurso de selección.

A mediados de diciembre del 2022, el pleno del Consejo que presidió Hernán Ulloa hizo un llamado a la comisión ciudadana para que “trabaje”, pues llevaban más de un mes de haber iniciado sus funciones y no presentaron el proyecto de convocatoria al concurso público.

La comisión, presidida por el exjuez de la Corte Constitucional que actuó durante el gobierno de Rafael Correa, Roberto Bhrunis, aprobó el 21 de diciembre el texto de la convocatoria.

Pero en los siguientes días los consejeros no resolvieron sobre la propuesta de la comisión, mientras que, en enero, no hubo el quorum para instalar las sesiones porque cinco exvocales pidieron licencia sin remuneración para promocionarse para la reelección en los comicios del 5 de febrero.

Con la presencia de Hernán Ulloa y los consejeros suplentes que se principalizaron, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz no reunían la mayoría para instalarse, pues Sofía Almeida no asistió para tratar temas pendientes.

Luego, el 23 de enero último, la Corte Constitucional destituyó a los siete vocales: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, David Rosero, Javier Dávalos y Sofía Almeida por incumplir una sentencia en la que se ordenó designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), de la cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

A continuación, el 24 de enero, en una sesión de la comisión para renovar el CNE, Roberto Bhrunis informó a sus pares que se notificó el 23 de diciembre al pleno del Consejo con el oficio de la propuesta de convocatoria para su aprobación y “31 días después no tienen respuesta”.

Sin la aprobación de la convocatoria al concurso público para la postulación ciudadana, la comisión ciudadana no puede avanzar a ninguna otra etapa.

Por otra parte, están las comisiones ciudadanas de selección del contralor del Estado y del defensor público que detuvieron los procedimientos porque requieren aclaraciones del pleno del CPCCS sobre la aplicación de la normativa para calificar los méritos de los ciudadanos que aspiran a llegar a ser autoridades.

La comisión de selección del contralor del Estado mantuvo una tensa sesión este 25 de enero en la que con cinco votos a favor, cuatro en contra y una ausencia se aprobó una resolución que concluyó con la “suspensión de manera provisional el decurso del término del artículo 26 del reglamento de selección (relacionado con la calificación de méritos) hasta que se posesione a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana”, de los suplentes que formen parte del listado de los comicios del 2019.

La presidenta Janneth Ojeda no asistió a esta sesión por una enfermedad estomacal, mientras que sus colegas mantuvieron un intenso debate sobre si suspender o no el trabajo.

El delegado de la Presidencia de la República, Jossueth Almeida, persistió en que debían suspender el proceso porque no había pleno del Consejo que responda a sus inquietudes sobre la calificación de los títulos académicos de los candidatos a ser contralor.

Los comisionados de la ciudadanía, Lenín Uquillas y Marco Chalco, insistieron en que debían avanzar con el trabajo de calificación de méritos. Pero la mayoría se impuso en suspenderlo.

Comisión que elige al contralor del Estado permite participación de más de 60 postulantes que no presentaron su declaración juramentada de haber ejercido con probidad su profesión

La comisión ciudadana que organiza el concurso para designar al defensor público se encuentra también en la fase de calificación de méritos y se preparaba para organizar la logística para que los catorce postulantes admitidos rindan el examen de conocimientos oral y escrito.

Sin embargo, se había hecho una consulta al pleno del CPCCS para que aclare una duda sobre el cumplimiento de los plazos para calificar los méritos, pues se tardaron más días de lo previsto en el reglamento.

Bajo esos escenarios, los comisionados que provienen de la ciudadanía estarían manteniendo reuniones de trabajo no públicas y sin la presencia de los comisionados de las funciones del Estado.

Esto, en medio de la preocupación del pago de las dietas, pues la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece en su artículo 65 que los comisionados ciudadanos perciben dietas del 3,3 % del salario de un consejero por el periodo que duren en sus funciones.

Para pagarles, el CPCCS tomó en cuenta que los pagos serán por el trabajo diario, cuya prueba son las convocatorias a las sesiones y las actas respectivas.

En cambio, los delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social perciben los salarios de sus sitios de trabajo.

En tanto, otros procesos que requerirán de la presencia de los consejeros del CPCCS son para resolver sobre los concursos públicos convocados para conformar las comisiones ciudadanas para elegir a los dos jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), del titular de la Defensoría del Pueblo, de los nueve miembros de la Conferencia Intercultural y Pluricultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y de los 25 miembros de los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI).

Para estos procesos se ampliaron los plazos para que la ciudadanía se postule a ser comisionado, debido al poco interés para inscribirse. (I)