Conflicto armado interno, militarización, estados de excepción, reformas penales y tributarias han sostenido las estrategias del Gobierno nacional para enfrentar la violencia y el crimen organizado, lo que ha implicado 500.000 operativos de la fuerza pública con más de 6.000 detenidos, de los que muchos habrían sido dejados en libertad.