En manos de la próxima Asamblea Nacional la decisión de iniciar o no un juicio político contra los integrantes de la Judicatura

El corto tiempo que tendrán los legisladores que lleguen a completar el período hasta el 2025 en la Asamblea Nacional, la serie de urgencias en materia de seguridad, salud, educación y trabajo, los trece juicios políticos que quedaron pendientes de la cesada Asamblea son, entre otros, los temas que deberán ser evaluados dentro del nuevo Legislativo previo a un posible planteamiento de juicio político contra los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ).

El órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial se ha colocado en el ojo público por una serie de decisiones de tipo administrativo y disciplinario que han sido cuestionadas e incluso porque cuatro de los cinco integrantes del pleno de la Judicatura son investigados penalmente por la Fiscalía por delitos como tráfico de influencias (Maribel Barreno y Juan José Morillo), obstrucción de la justicia (Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz) y lavado de activos (Xavier Muñoz).

El panorama se complicó para este CJ y más especificamente la situación jurídico-penal de Morillo y Barreno, la madrugada del 28 de septiembre pasado, cuando el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, los llamó a juicio como coautores del tráfico de influencias que se analiza en el denominado caso Vocales. Con esa decisión ambos quedaron inhabilitados para seguir en el cargo de vocales y se enfrentan una pena, de ser encontrados culpables, que van de tres a cinco años.

Justamente la forma en la que fue destituido el juez Macías fue uno de los hechos que levantó críticas a esta administración de la Judicatura. Con solo los votos a favor del presidente del CJ, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz se destituyó al magistrado en una sesión extraordinaria, el 19 de agosto pasado. Varias semanas después una jueza constitucional aceptó una acción de protección y dio de baja la decisión al considerar que en la destitución se violentaron varios derechos fundamentales de Macías.

Según la Constitución, legalmente los vocales del Consejo de la Judicatura, así como su presidente, únicamente pueden ser removidos de sus cargos mediante un juicio político en la Asamblea Nacional. El artículo 131 de este cuerpo legal señala que el Legislativo podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, hasta un año después de terminado su periodo.

Con lo dicho en esta última parte de la norma, pese a que Morillo y Barreno hayan sido inhabilitados para seguir en el cargo, sí podrían ser llevados a un juicio político hasta un año después de su salida de la Judicatura. Pese a ello, Entre los trece juicios políticos pendientes en el Legislativo está uno que relaciona a Morillo y Barreno y tiene que ver con los audios filtrados que se judicializan en el caso Vocales, los cuales hablarían de una supuesta influencia de estos funcionarios para conseguir que una acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, le sea favorable y así evitar su destitución del cargo.

Más de una docena de juicios políticos sin interpelantes esperan a la recién electa Asamblea Nacional

Actualmente no está conformado el Poder Legislativo, aunque la mayoría de sus integrantes fueron ya electos en la jornada de votación nacional dada el 20 de agosto pasado. Aún falta por saber los resultados que arroje la repetición de las votaciones en las tres circunscripciones del extranjero, planificadas para el próximo 15 de octubre junto a la segunda vuelta electoral para elegir presidente de la República. Para finales de noviembre próximo se cree que podría estar en funciones la Asamblea que completará el período hasta mayo de 2025.

La asambleísta electa Sofía Sánchez, del movimiento Construye, reconoce que sí se ha hablado del tema del Consejo de la Judicatura en su bancada, así como de otros juicios políticos, pero indica que se debe tener claro que hay que priorizar estos temas, pues existen juicios políticos que se quedaron pendientes y según la ley estos se van tratando de acuerdo a como van llegando a la Comisión de Fiscalización.

Desde esa perspectiva, sostiene, en la lista de juicios políticos represados estarían a la cabeza los relacionados al Consejo Nacional Electoral (CNE), al exministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera y al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Sánchez refiere que para su agrupación política el tema del CNE es fundamental, por todo lo que ha sucedido, incluida la afectación ocasionada a su proyecto político en estas elecciones.

Pese a ello, afirma que lo que ha sucedido en estos últimos meses con el CJ, así como también con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es preocupante y ha sido analizado por el que sería el segundo bloque más numeroso dentro de la Asamblea Nacional. Sobre el tema del CJ, Sánchez cree que está claro que existen todas las causales para un juicio político y explica que ‘sí están analizando esa posibilidad dentro de su bancada’ .

“Es compleja la tarea, porque esta Asamblea Nacional tiene una obligación moral con el país de resolver los problemas prioritarios. Entonces, por tiempos, por cómo se tratan los juicios políticos, las decisiones que se toman, hay que priorizar y eso es fundamental que en base a una agenda legislativa podamos las distintas bancadas saber las prioridades que tenemos como país. También en el ámbito de fiscalización tendremos que priorizar y resolver lo que tenemos pendiente. (...) La justicia es algo que está preocupando al país (...) Estos temas son fundamentales para el país y nosotros sí los tenemos dentro del radar de nuestra agenda legislativa”, refiere la asambleísta por la provincia de Azuay.

Respecto al CJ, el 28 de octubre pasado, la mayoría de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) tomaron no solo la decisión de retirarle la confianza a Wilman Terán, miembro del CJ que fue propuesto desde la Corte Nacional y quien preside actualmente el organismo, sino también exhortaron a los vocales actuales de la Judicatura a dar “un paso al costado” en salvaguarda de la institucionalidad de la Función Judicial y la seguridad jurídica del país.

Iván Saquicela, presidente de la CNJ, dice que este caso no se trataba solo de Wilman Terán, sino que es el CJ el que está provocando inseguridad jurídica, inseguridad en la tutela de derechos y realizando, incluso, actos bochornosos. “No puede un CJ en estas condiciones ser el órgano de gobierno del Poder Judicial. Hoy más que nunca los ciudadanos no solo exigen, sino que hay un clamor de que la justicia sea diferente y un órgano como el CJ que respete el ordenamiento jurídico. A todas luces se ha hecho todo lo contrario”, añade.

Además, el pleno de la Corte Nacional instó a los órganos nominadores de los demás vocales de la Judicatura: Fiscalía General, Defensoría Pública, Ejecutivo, Asamblea Nacional, a rever la delegación otorgada, al ellos estar involucrados en actos que se rechazan y condenan. La Fiscalía y el Ejecutivo reiteraron su posición de que los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz no representan los intereses ni las necesidades de esas instituciones, sino más bien manejaban su propia agenda.

Pese a los exhortos hechos, incluso por gremios del sector judicial del país para que los integrantes de este CJ renuncien a sus cargos para que otros tomen las riendas de la institución, los aludidos han respondido que no lo harán.

Para proceder a la censura y destitución de los miembros de la Judicatura, refiere la norma, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del Legislativo. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

Hace unos días al presidente del CJ, Wilman Terán, se le mencionó en una entrevista en el programa radial Notihoy que desde varios sectores de la nueva Asamblea se hablaba de la posibilidad de un juicio político contra él y sus demás compañeros de pleno. La respuesta del funcionario fue reconocer que esas son actividades que están regladas en la Constitución y la Ley y pedía que le señalen qué causal ha sido incumplida. “Sin temor ni favor se tendrá que hacer todo lo que corresponda en favor de la ciudadanía, lo que estoy haciendo al interior de la Función Judicial”.

Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, dice que como bloque o bancada no han hablado del tema Consejo de la Judicatura. Aunque no han tocado ese tipo de acciones de control político en este caso u otros y tampoco puede descartar una situación de ese tipo, en lo que tiene que ver a la Judicatura, la legisladora por Pichincha recuerda que fue su bancada en la cesada Asamblea la que propuso el juicio político contra los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo y la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado.

Sesión extraordinaria 156 del pleno de la Judicatura mostró la división en la que se desenvuelve el órgano de gobierno de la Función Judicial

“No tuvimos los votos porque se dio una suerte de reparto de notarías y demás. (...) No estoy quitándole peso (a la situación del Consejo de la Judicatura), pero entiendo también que hay cosas urgentes y sostenidas en el tiempo. Y estas urgencias también las debemos entender desde el Legislativo y actuar en consecuencia”, sostiene Garzón.

Al consultarle si cree que existe la posibilidad de un juicio político contra los actuales integrantes del CJ, la legisladora reelecta asevera que de cara al control político le parece que sí, aunque piensa que también se debe realizar un proceso similar de fiscalización a la fiscal general, Diana Salazar, al estar cuestionada por la probidad de su tesis y demás acciones que han sido de conocimiento público.

“Pese a todo esto entiendo que hay que centralizar el trabajo del control político y la fiscalización no solo en esos temas, sino además en las urgencias del país: el abandono en materia de seguridad, de salud y educación. Entiendo que sin dejar de lado la importancia del control político a estas autoridades, también existen otras preocupaciones ciudadanas que están costando vidas. Tendremos que ser lo más eficientes posible para que las decisiones que tomemos como bancada y Asamblea Nacional vayan a tono con la crisis, con las respuestas que la gente está esperando de la Asamblea y más instituciones del Estado”, concluye Garzón.

En la teoría, en enero de 2025 termina legalmente el periodo de seis años que deben cumplir en el cargo Xavier Muñoz, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo. Hasta esa misma fecha deberá permanecer como presidente de ese organismo Wilman Terán, pues fue él el reemplazo de Maldonado y fue posesionado en el cargo el 16 de febrero pasado, luego de ser parte de una terna conformada por jueces en funciones de la Corte Nacional. (I)