Una denuncia en la Presidencia de la República y en la Corporación Financiera Nacional (CFN) presentaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el marco del conflicto por la titularidad de las instalaciones en donde funciona este organismo.

El vocal y presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, anticipó que presentará una denuncia en ambos organismos, luego que días atrás, presuntamente, funcionarios habrían querido ingresar a un inmueble, aunque no precisó a cuál hacía referencia.

«La semana pasada, el día viernes, funcionarios de la CFN irrumpieron en nuestras instalaciones. Se ha presentado una denuncia en la Fiscalía en contra de ellos y entendemos y esperemos que no sea otro ataque del Gobierno de nuevo de esta cantaleta de querer dejarnos sin oficinas», reclamó este jueves.

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El funcionario se refiere a que a través del Decreto Ejecutivo 759, emitido el 5 de junio de 2023, el jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, resolvió derogar varios decretos emitidos por el expresidente Rafael Correa, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE) al CPCCS y a Inmobiliar, atendiendo la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Uno de esos decretos derogados fue el 494, que suscribió Correa en octubre del 2010, en el que requirió al Banco Central que el inmueble signado con el número 15, en una escritura de unificación de bienes, se lo traspasara al dominio y propiedad a título gratuito del Consejo de Participación Ciudadana.

Según Vera, informará a Carondelet de lo sucedido, porque «es lamentable que personeros de la CFN cual pandilleros, como si fueran asaltantes o vacunadores, pretendan entrar a una instalación a la fuerza. No lo vamos a permitir», advirtió.

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Añadió que no ha mencionado este asunto a la prensa porque primero seguirá el «cauce orgánico» y que presentará una denuncia en la Presidencia y en la CFN.

Desde el 2011 y hasta la actualidad, el CPCCS funciona en el edificio Centenario, ubicado en Santa Prisca, en el centro norte de Quito, y que es parte del complejo del Banco Central del Ecuador.

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En ese entonces, Correa instruyó al Banco Central que mediante un contrato de comodato se entreguen al CPCCS dicho edificio y 70 parqueaderos.

Trece años después, Guillermo Lasso derogó ese decreto y argumentó que la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero impide al Banco Central del Ecuador “proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas, sin establecer excepción alguna”.

Con esto, el BCE, según el régimen, tiene prohibición para realizar transferencias a título gratuito de sus bienes inmuebles propios.

Por ello derogó el Decreto 494 y dispuso a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) que se encargue de acatar la prohibición del Código. (I)

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