Vocal del Consejo de Participación Ciudadana se quedó con la intención de archivar veeduría que aspira a evaluar la elección de los jueces constitucionales

Una sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se suspendió a último momento, dejando de lado la posibilidad de tratar una propuesta de una de las consejeras, quien pretendía archivar la conformación de una veeduría ciudadana, que los tiene en incertidumbre por sanciones que podría aplicar la Corte Constitucional (CC) si concluye que se incumplió un dictamen interpretativo que emitió en el 2019.

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Para este miércoles, 20 de septiembre a las 10:00, estaba previsto instalar la sesión ordinaria n.º 19, en la que la consejera Johanna Verdezoto pretendía incorporar una moción para archivar la veeduría ciudadana, creada para evaluar la elección de los jueces de la Corte Constitucional.

Por este hecho, la misma Corte inició la fase de seguimiento y verificación de un dictamen de mayo del 2019, con el que blindó la elección de autoridades del Estado que hizo el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición y aclaró a los CPCCS definitivos que «no gozan de autotutela» para revisar esas actuaciones.

Pero en el Consejo no se dieron las condiciones para debatir la propuesta de Verdezoto. Este miércoles el organismo vivió una anormal jornada.

En la mañana, un grupo de miembros de la Policía Nacional se ubicó en los alrededores del edificio en Quito, supuestamente, porque conocían de la llegada de grupos sociales para protagonizar protestas; luego, a eso de las 09:00 se fue la luz y los funcionarios laboraban a oscuras.

El servicio se reintegró minutos después de las 10:00, cuando la sesión se había suspendido.

El presidente del Consejo, Alembert Vera, explicó en un oficio las razones, que fueron informadas a los otros seis consejeros.

Argumentó que la plenaria no se instalaría porque fueron notificados con una investigación previa y se preparaban diligencias judiciales; que el Consejo fue notificado con la medida cautelar de acción de protección del juez Jorge Medina, de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas) -que suspendió el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado-, por lo que los equipos técnicos estaban preparando los elementos de defensa para las diligencias procesales.

Finalmente, que efectivos de la Policía Nacional se encontraban en los exteriores ante posibles actos violentos en contra de la institución y para proteger a los funcionarios y a la institución.

De los siete consejeros, se conoció que en el edificio se encontraba Yadira Saltos, aunque no aceptó dialogar con periodistas que llegaron al sitio.

Bajo esa esfera, el pleno no conoció, ni debatió, ni resolvió sobre la moción de Verdezoto, que la presenta 19 días después de que el Consejo inició con la conformación de la veeduría y cuando el próximo lunes, ella y sus colegas deberán asistir al pleno de la Corte Constitucional para explicar qué acciones tomaron para evitar incumplir el dictamen.

Verdezoto también ingresó su moción en la Corte Constitucional, el 19 de septiembre, como prueba de descargo y defensa para análisis de los jueces.

En ese documento ella asegura que no fue parte de «ninguna decisión acerca de la conformación de la veeduría» y, entre otras razones, que al encontrarse en la fase de verificación de cumplimiento del dictamen, sus actuaciones deben estar delimitadas.

No obstante, la integración de esta veeduría se inició el 1 de septiembre pasado y se inscribieron 41 personas, de las que 19 habían sido admitidas, quienes pasarán a una etapa de capacitación sobre sus deberes y atribuciones y elaborarán su plan de trabajo.

Su objeto es diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional que realizó el CPCCS transitorio.

Verdezoto también justificó a la CC que no incumplió con el dictamen, respecto de la investigación, con indicios penales, que se abrió en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, por pedido del colectivo Acción Jurídica Popular, que la acusó de plagiar textos de su tesis universitaria.

Salazar fue electa por el CPCCS de transición e informó a la Corte de este hecho para que analice si se configuraría un incumplimiento a su dictamen, ya que dicho expediente se aprobó con los votos del bloque de mayoría del que son parte Verdezoto, Alembert Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

Los consejeros Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz votaron en contra. (I)