Consejo Nacional Electoral ajusta las reglas para gastar $ 60 millones presupuestados para la consulta y referendo

El presupuesto que se asignará para organizar la consulta popular y referéndum que se votará el 21 de abril de 2024 estará bajo una guía de control del gasto, implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Dentro de 56 días se producirá una consulta popular y referéndum de once preguntas que propone hacer cambios en leyes, enmendar y reformar parcialmente la Constitución en el ámbito de la seguridad ciudadana y laboral.

De este cuestionario, diez preguntas las planteó el jefe de Estado, Daniel Noboa Azín; y una pregunta fue iniciativa del expresidente Guillermo Lasso, para reformar el artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan de forma complementaria en la seguridad interna.

El Consejo Nacional Electoral trabaja en la preparación del proceso y proyectó una necesidad presupuestaria de $ 60′022.933, del que la mayor inversión será para el talento humano, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la impresión de papeletas y documentos electorales.

La institución ha demandado al Gobierno nacional que cancele una deuda de elecciones anteriores que ascendía a los $ 10 millones y que servirán para cancelar a proveedores, vocales de juntas receptoras del voto (JRV) y a medios de comunicación que difundieron propaganda política.

De esa cuantía, el Ministerio de Economía y Finanzas habría asignado $ 6 millones y estarían en camino otros aportes, según declaraciones de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Los $ 60 millones para desarrollar el plebiscito gubernamental es una cifra «muy conservadora» dijo Atamaint, y podría revisarse por pedido de los otros cuatro consejeros que habían planteado reducir valores en pagos a los miembros de la fuerza pública y otros servicios, detalló la autoridad en una entrevista a un portal digital.

De acuerdo con la distribución, para pagar a las Fuerzas Armadas se destinarían $ 8′040.875; para la Policía Nacional $ 4′372.883; para la impresión del material electoral $ 8′821.311; y, para el talento humano se estimaron $ 21′414.241.

De tal forma, en el interior del Consejo se emitió un instructivo para la administración del «presupuesto especial» que se usará en el referéndum y consulta del 21 de abril.

En el documento se precisa que los recursos que se asignen se ejecutarán desde la declaratoria de periodo electoral, que se hizo el 14 de febrero; y, hasta la proclamación de los resultados oficiales, previsto para el 5 de junio.

Culminada la elección, no se adquirirán nuevos compromisos y obligaciones, excepto en gastos que sean necesarios para cumplir tareas relacionadas a la fase poselectoral, es decir, tras la publicación de resultados oficiales.

El área financiera del organismo informó que todos los compromisos y obligaciones que se generen en el proceso serán cancelados con cargo a ese monto y las autoridades y funcionarios estarán impedidos de contraer compromisos y «peor» obligaciones sin una certificación del área correspondiente que indique que existen fondos para cubrirlos.

En cuanto al pago de viáticos y pasajes para los servidores se cancelarán en casos en los que se encuentren en comisión de servicios institucionales.

Respecto de horas complementarias y suplementarias se reconocerá un límite de 60 horas para los dos casos y para las labores que sean necesarias enmarcadas en el proceso.

Su pago estará sujeto a la autorización previa de la presidenta del CNE; la Secretaría General, consejeros y coordinaciones nacionales.

Estará prohibida esta asignación cuando un funcionario se encuentre en comisión de servicios, reseña el documento.

En cuanto a los desembolsos para los ciudadanos que sean escogidos como vocales de juntas receptoras del voto, para los que participarán en territorio nacional se les reconocerá $ 20.

Para los miembros de mesa de las circunscripciones del Exterior de Europa, Asia y Oceanía $ 70; para los que están en Estados Unidos y Canadá $ 60; y, para los que se encuentran en América Latina, el Caribe y África, $ 40.

En total, para cancelar a los integrantes de las JRV se ha planificado un valor de $ 3′533.845.

Se recalca que después de proclamados los resultados y que estos se encuentren en firme no se podrán adquirir nuevas obligaciones con cargo al presupuesto de $ 60 millones.

Estará restringida la vinculación de personal de forma gratuita o ad honorem y, las personas que sean contratadas para las diferentes actividades electorales, los grados y valoración de puestos tendrían que ajustarse a la escala salarial que se encuentra vigente en la Función Electoral.

De estos $ 60 millones aprobados por el pleno del CNE, se programó que $ 3′390.363 se usen para las campañas informativas en medios de comunicación.

Este lunes 26 está previsto que los consejeros aprueben la convocatoria a elecciones nacionales por esta iniciativa de democracia directa y el martes se difunda en una cadena nacional de radio y televisión. Están 13′654.291 ecuatorianos habilitados para votar, de acuerdo con el padrón electoral.

Cumplida esta actividad incluida en el calendario, desde este miércoles, 28 de febrero, se abrirá el periodo de inscripción de partidos y movimientos políticos o de grupos de la sociedad civil que deseen participar en la campaña electoral en la que se promocionará el sí o el no al cuestionario de once propuestas.

El periodo de inscripción culmina el 4 de marzo y el 5 de abril se informará sobre aquellas agrupaciones que fueron calificadas para participar en el debate público y acceder al Fondo de Promoción Electoral (FPE) que asigna el Estado.

El monto proyectado para el FPE es de $ 409.628, que se dividirá para la promoción del sí o el no. (I)