La fase de impugnación y escrutinio público en el concurso para elegir a la primera autoridad de la Defensoría Pública cerró con la sustanciación de audiencias en contra de cuatro postulantes al cargo y con quejas de los miembros de la comisión ciudadana y de un postulante, por una supuesta intención de detener el proceso que está por concluir.

Este 11 de abril de 2024, en el salón del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se presentaron cuatro candidatos a ser la primera autoridad de la Defensoría Pública para exponer sus pruebas de descargo ante objeciones ciudadanas en las que se considera falta de probidad, ética o incumplimiento de requisitos.

La comisión de selección convocó a las audiencias públicas desde las 09:00 luego que, de 26 impugnaciones, aceptó cinco en contra de cuatro aspirantes. Dos de ellas, fueron en contra de Rodrigo Frías Toral; y una en contra de Byron Guillén Zambrano, Inés Romero Estévez y, Jorge Ballesteros Ballesteros.

Publicidad

En el concurso, los candidatos con las más altos puntajes son Rodrigo Frías con 96, 46/100; Byron Guillén con 83, 46/100; y, Jorge Ballesteros con 80, 07/100. La concursante, Inés Romero es la cuarta con un puntaje de 77, 86/100.

De las dos impugnaciones contra Frías, solo una se sustanció, pues la persona que lo objetó llegó casi dos horas después de la hora fijada. Habría querido exponer sus pruebas de cargo, pero con el voto de una mayoría de los miembros de la comisión se decidió no escucharlo.

El segundo impugnador, Freddy Hidalgo Arroyo argumentó que Frías incurriría en un posible conflicto de intereses y que no gozaría de probidad porque reportaba, en la Función Judicial, dos procesos penales por presunta estafa en su desempeño como abogado en libre ejercicio.

Publicidad

De acuerdo con los registros oficiales, un caso fue archivado al declararse su sobreseimiento y en otro, se ratificó su estado de inocencia y, por tanto, fueron archivados.

También se lo cuestionó porque era «gerente» de un bufete de abogados llamado Ecuador Consulting Group S.A., lo que podría implicar que, en algún momento se presente un caso para conocimiento de la Defensoría Pública, ejemplificó Hidalgo.

Publicidad

Frías, que fue exdirector del Consejo de la Judicatura en Los Ríos, aseguró que no está siendo procesado ni llamado a juicio y que tampoco ejerce funciones de gerente general de la empresa mencionada.

Reconoció que actualmente es accionista de ella, pero que eso demuestra su trayectoria en el libre ejercicio profesional; aunque, si llega a ser designado renunciaría a las acciones.

Según los registros de la Superintendencia de Compañías, este estudio jurídico consta como accionista Frías con un capital de $ 520.000.

Al final, el aspirante dijo que no es del «agrado de un grupo político», del que hay un asambleísta (Ferdinan Álvarez), que presentó una denuncia por presunta asociación ilícita en contra de él, Guillén y Ballesteros para empañar el proceso de selección.

Publicidad

QUITO (11-04-22024). Rodrigo Frías, postulante, durante las Audiencias de impugnación en la elección del defensor público en el CPCCS. Alfredo Cárdenas/El Universo. Foto: El Universo

Les advirtió a los integrantes de la comisión ciudadana que por esta denuncia los van a destituir y a detener el concurso.

Durante su defensa, Frías satirizó sobre su impugnante y le advirtió con iniciar acciones legales por exponer falsos argumentos contra su postulación.

Aunque la Constitución y las normas permiten que los ciudadanos puedan, de forma libre impugnar a los postulantes a ocupar una dignidad pública, Frías Toral pidió a los comisionados que informen si Freddy Hidalgo Arroyo, tenía preparación académica o un título. La comisión lo permitió.

‘¿Qué título tiene?’, le preguntaron a Arroyo desde la comisión.

El hombre pareció intimidarse y contó que fue asesor legislativo de la asambleísta Gisella Molina y del exlegislador Ricardo Vanegas y que tenía título de cuarto nivel.

«Pregunto esto porque un ciudadano sin la preparación adecuada, sin los conocimientos adecuados podría atreverse a cometer un error, entonces hay un principio de buena fe. Al ver que tiene título de cuarto nivel, ya vemos que no hay un error, estamos viendo la intención directa de mentir, cayendo inclusive en un delito», enfatizó Frías y pidió al cuerpo colegiado que oficie a la Fiscalía General para que se inicie una investigación.

«Si hubiese sido dicho (los cuestionamientos) de una persona que no tiene educación básica, que no tiene educación de tercer nivel, posiblemente se hubiese entendido como una forma coloquial, pueblerina de expresar lo que se dijo», replicaba el candidato sin objeciones de los comisionados.

Frías aclaró que no era gerente general del bufete, aunque sí lo fue en el 2013, según los registros de la Superintendencia.

Su comparecencia no pasó desapercibida en el pleno del CPCCS, pues les pidió a los comisionados tener «¡fuerza, fuerza!» porque habría el interés de interrumpir el concurso público que está llegando a la etapa final. Es decir, para la designación de la nueva autoridad por parte del pleno del CPCCS.

En la comisión hubo voces de que han sido advertidos de las acciones en su contra y rechazaron la convocatoria que hizo el pleno del CPCCS para que comparezcan en comisión general este viernes a las 11:00, para que detallen el estado del proceso de selección.

A Byron Guillén, que fue exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se lo objetó porque había reportado una deuda de pensiones alimenticias y otra de pago de agua.

Guillén expuso que la ley le da plazos para pagar las pensiones alimenticias, pero actualmente está al día en ello; y, sobre la factura de agua, que se le habría olvidado y que también estaba pagada.

La comisión ciudadana no dio paso a otras impugnaciones a la probidad de Guillén, por ser mencionado en casos como Metástasis e Independencia Judicial, que lidera la Fiscalía General, pues están en investigación y goza del principio de inocencia, dijeron.

A Jorge Ballesteros lo cuestionaron por reportar un expediente por presunto delito de fraude procesal. Actualmente no tiene ninguna investigación, aseveró.

A Inés Romero, se la objetó porque haber vulnerado derechos de ciudadanos, mientras conoció causas relacionadas con temas políticos y judiciales que se ventilaron en el gobierno de Rafael Correa.

Ella dijo que no tiene sanciones disciplinarias en su trabajo como jueza y que la Corte Nacional de Justicia tampoco ha emitido ninguna declaración jurisdiccional en su contra.

En el caso de Romero, los comisionados desecharon una impugnación en la que se mencionaba que fue afiliada al movimiento Alianza PAIS (AP), que lideró Rafael Correa y se había adjuntado una hoja impresa con el supuesto carné.

No obstante, se argumentó que, actualmente, no reporta una filiación en los archivos públicos y que el reglamento impide la participación de quienes hayan sido directivos de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o hayan desempeñado dignidades de elección popular en los cinco últimos años.

La comisión tiene un término de dos días para resolver sobre la admisibilidad de las impugnaciones, tras estas audiencias.

De existir inconformidad de alguna de las partes, pueden apelar ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana.

La última etapa es la aprobación del informe final de calificación de méritos, examen de conocimientos y oral y, enviarlo al CPCCS para la designación de la nueva autoridad. (I)