La elección de un titular de la Defensoría Pública se mantendría estancada debido a varias acciones de protección, en unos casos, contradictorias, sobre las que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá resolver.

Después de siete meses, el concurso público para elegir a la primera autoridad de la Defensoría Pública sigue detenido, mientras Ángel Torres Machuca se mantiene en funciones prorrogadas por un periodo que alcanza los cinco años y busca reelegirse en el cargo.

Concurso para elegir al defensor público enredado en acciones de protección

En abril del 2023, el anterior pleno del CPCCS, que presidió Gina Aguilar, cesó de sus funciones a los diez miembros de la comisión ciudadana, por la sospecha de irregularidades en el desarrollo de las etapas de elección de la mencionada autoridad.

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Además, por efectos de una acción de protección con medidas cautelares se suspendió el proceso, que avanzaba en la rendición del examen de conocimientos de trece candidatos que fueron admitidos, aunque esta suspensión habría sido revocada.

Con la instalación del nuevo pleno del CPCCS, que lo presidió Alembert Vera, destituido por orden de la Corte Constitucional, se principalizó a los comisionados suplentes, pero tampoco han podido sesionar por la falta de tres de sus miembros que deben ser delegados de las funciones del Estado, entre estas, de la Judicial, Electoral y Legislativa.

En ese entorno, los siete vocales del Consejo prevén conocer, este miércoles, un informe jurídico en el que se proponen, esencialmente, dos recomendaciones.

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En el ámbito administrativo, solicitar al Ministerio del Trabajo las nóminas de funcionarios de carrera de la Corte Nacional de Justicia, de la Función Electoral (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral) y de la Asamblea Nacional (cuyo pleno fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso) para escoger por sorteo a los tres comisionados faltantes.

No obstante, en lo jurisdiccional, el concurso podría seguir estancado, pues sobre este se han presentado siete acciones de protección de terceros interesados y postulantes, de las cuales dos están en firme y son contradictorias en sus fallos.

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Se conoció de manera extraoficial que el área jurídica del CPCCS recomendó a los consejeros mantener suspendido el concurso porque hay dos fallos que generan una denominada «antinomia jurisdiccional», que debería ser resuelta por la Corte Constitucional (CC).

Una de las acciones de protección la tramitó un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que retrotrajo a la etapa de admisibilidad el concurso para que se inicie desde la revisión de los requisitos legales de 55 personas que se inscribieron en noviembre del 2022, cuando arrancó el proceso.

El tribunal declaró la nulidad de cuatro resoluciones tomadas por los comisionados cesados y dejó habilitados a quince concursantes.

Otro recurso se tramitó en enero pasado, por la jueza Jenny Freire, de la Unidad Judicial de Quevedo (Los Ríos), quien ordenó que ningún otro juez, autoridad administrativa o comisionado realice cualquier acto ulterior para paralizar o suspender el normal desarrollo de esta elección.

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La magistrada inadmitió una acción de protección que planteaba Wendy Suárez, que se identificó como presidenta de la Asociación Agrícola Unión y Progreso, y pedía que se disponga la participación de un candidato que no había cumplido con los requisitos legales y reglamentarios. La jueza rechazó la petición.

El pasado 16 de octubre, la magistrada Jenny Freire solicitó al CPCCS que en un plazo de 48 horas presente un informe en el que detalle las causas por las que el proceso se mantiene detenido y los nombres de los funcionarios que, con sus actuaciones, han impedido que se cumpla su sentencia de avanzar en la elección del defensor público.

En el caso de que de estos informes se desprenda la existencia del posible cometimiento de un delito se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, advirtió en su providencia.

El Consejo de Participación solicitó una ampliación del plazo a la jueza, debido a los recientes cambios en la estructura del pleno tras la destitución de Alembert Vera como vocal y presidente del organismo.

No obstante, dentro del Consejo se observa que hay una sentencia que «prohíbe que cualquier otra acción impida el avance del concurso» y otra que ordena hacer el concurso desde la etapa de admisibilidad.

Los consejeros tratarían este informe jurídico este miércoles, en una sesión convocada a las 10:00. (I)