En partidos políticos no existen unidades o comisiones para tratar internamente denuncias de violencia política y de género

“Como militante, considero que la Revolución Ciudadana tiene el llamado imperativo a dar el paso a convertirse en una organización política libre de violencia de género”, señaló la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, hace unos días, luego que trascendiera la semana anterior la denuncia por intimidación contra el exvicepresidente Jorge Glas planteada por su exasesora Soledad Padilla, a la que él respondió con una contrademanda por presunta extorsión.

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Pabón dijo que, para dar ese paso, la RC debía implementar “una unidad específica para atender y acompañar los casos de violencia de género dentro de nuestra organización”, y ofreció entregar, a través del programa Warmi de la Prefectura, una propuesta de protocolo para la “prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencias de género al interno de las organizaciones políticas”.

El buró de la agrupación política no se pronunció sobre esta propuesta, pero sí publicó un comunicado por el cual le dio todo su respaldo a Glas. Señaló que en la RC son “defensores irrestrictos de los derechos de las mujeres”, pero agregó que no pueden aceptar “que se tergiversen dichos principios para falsear la verdad y, peor aún, pretender extorsionar a las personas”.

El conflicto personal entre Glas y Padilla escaló de lo judicial a lo político generando la renuncia de uno de los asambleístas electos por la RC, Ferdinan Álvarez, actual pareja de la exfuncionaria, y el descontento de algunos militantes, como la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

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En ningún partido o movimiento del país existe, al momento, algún espacio para tratar denuncias específicas de violencia política o de género contra las mujeres como el que Pabón planteó para la Revolución Ciudadana.

Lo que hay son comités de ética o tribunales de disciplina que procesan todas las denuncias de mal comportamiento o irrespeto entre colegas, coincidieron los dirigentes de cinco agrupaciones consultadas por este Diario. En dos de ellas, no obstante, ya se está trabajando en la formulación de protocolos internos para tratar esos temas. Todos aseguran categóricamente, asimismo, que en ninguna han ocurrido casos similares al de Glas y Padilla.

Jimmy Jairala, presidente nacional de Centro Democrático (CD), señala que la Comisión de Ética y Disciplina es la investiga las denuncias que se presenten respecto a las actuaciones de la militancia, pero no es aquella la que toma la decisión de sancionar, si es el caso, sino el Consejo Directivo.

Jairala no cree necesario conformar un grupo especial para tratar casos de violencia de género, y asegura que en los trece años de vida del movimiento “nunca hemos tenido” denuncias en ese sentido.

Al recordarle que en la campaña de las elecciones seccionales de febrero pasado, CD tuvo que retirar el apoyo a la candidatura de Héctor Vanegas a la Prefectura del Guayas por emitir expresiones ofensivas hacia las mujeres en un mitin político, el dirigente dijo que ese era un “tema superado” y que en ese caso él no estaba afiliado a la organización, por lo que la decisión la tomó directamente el Consejo Directivo. “Actuamos de inmediato y resolvimos retirarle el apoyo e incluso no presentamos candidato a la Prefectura, aún sabiendo que esto podía afectarnos”, explica.

En tanto que Ana Galarza, asambleísta electa por Construye, asegura que internamente hay mucho respeto hacia las mujeres. “No hemos tenido episodios así, nadie se pasa de los límites. Las mujeres aquí tenemos mucho respaldo y llegamos a las candidaturas o cargos por nuestros méritos y trayectorias. En otras organizaciones políticas ocurre que se abren espacios por intereses románticos y se dejan pasar este tipo de situaciones”, dice la política.

Explica que su movimiento tiene un Comité de Ética y Conducta, donde se investigan denuncias y se establecen sanciones. “No se invisibilizan y tampoco se forman bandos”, expresa.

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De su parte, Javier Orti, secretario nacional del partido Avanza, comenta que tampoco tienen una unidad específica para casos de violencia política o de género, que es el mismo Tribunal de Ética y Disciplina del partido la que se encarga de la investigación y sanción de todo tipo de agravios; este organismo es autónomo o sea que la directiva nacional no es la que toma las decisiones.

El dirigente comenta que el reglamento interno contempla sanciones que van desde los llamados de atención hasta la expulsión, según la gravedad del caso.

Admite que si bien la normativa está desactualizada y no hace referencia a casos de abuso, acoso o violencia hacia mujeres, Avanza ha suscrito declaraciones impulsadas por organismos de derechos de las mujeres con las que se ha comprometido a garantizar el respeto hacia la militancia femenina.

En el Partido Social Cristiano (PSC) y en la Unidad Popular (UP) las denuncias sobre el comportamiento de su militancia se procesan en un Tribunal de Disciplina y una Defensoría del Afiliado, respectivamente.

Pero tanto Dayallana Passailague, asambleísta electa y directora de Asuntos de la Mujer del PSC, como Natasha Rojas, coordinadora nacional de la UP y vocera de temas de género, comentan que dentro de sus agrupaciones se están ya trabajando en protocolos para atender casos de violencia de género si es que ocurrieran.

Passailague indica que la Dirección de Asuntos de la Mujer del PSC se creó en la asamblea nacional del 2021 por el compromiso que esa agrupación tiene para la erradicación de la violencia de género. Algo que también se reflejó en el Municipio de Guayaquil que estuvo bajo el control socialcristiano hasta el periodo anterior con la creación del programa social “Amiga, ya no estás sola”, en la última administración de Jaime Nebot y que continuó con Cynthia Viteri.

“Hemos emprendido la misión de estructurar protocolos de atención que se están debatiendo y perfeccionando con organizaciones de la sociedad civil especializados en derechos humanos, que se enfoca en sensibilización, prevención, participación y sanción”, refiere Passailague, quien agrega que a la par, en el Centro de Formación Política del partido que ella también dirige, se han capacitado a 700 jóvenes (400 de ellos mujeres) para crear conciencia en temas de igualdad de género.

La legisladora comenta que los protocolos definirán la forma de manejar las denuncias de violencia a la mujer, incluyendo qué instancia debería ser la que las reciba e investigue. Gina Galeano, exdirectora del citado programa municipal, es una de las asesoras.

Rojas, en tanto, menciona que sus protocolos los están trabajando con Anabel Guerrero, quien es vicepresidenta del Colegio de Abogados.

En unas pocas semanas estará listo el primer borrador del documento para que sea conocido y discutido por la militancia en las provincias y las organizaciones sociales afines. El documento definitivo y listo para implementarse estará ya a fines de noviembre.

La dirigente comenta que en el caso de la UP es la Defensoría del Afiliado la que procesa las quejas o denuncias de ofensas, agravios o actuaciones que no se ajusten a los reglamentos internos. Insiste en que no han tenido casos de violencia política o de género.

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Compromisos

Desde las agrupaciones de defensa de las mujeres, Ana Karen Gómez, integrante de MEGA, comenta que la institución ha ofrecido su ayuda a las organizaciones políticas para elaborar protocolos de atención a los casos de violencia de género, pero no la han aceptado.

En todo caso, destaca que sí hubo seis (de las 24 nacionales) que suscribieron el compromio “Violeta sí, violencia no”: Unidad Popular, Avanza, Izquierda Democrática, Pachakutik, SUMA y RETO.

El documento tiene siete puntos:

1. Brindar una respuesta oportuna a las mujeres víctimas de violencia política tanto en campañas electorales como en su participación al interior de la organización. En caso de que la violencia provenga del mismo partido, se tomarán las medidas para apoyar a la víctima y sancionar a la persona perpetradora del acto violento.

2. Adoptar una política de ‘cero tolerancia’ a la violencia contra las mujeres dentro de la organización que incluya la asignación equitativa de los recursos económicos a los que accede la organización política para financiar las campañas; la asignación de recursos del fondo partidario destinado a capacitación en temas de democracia paritaria y prevención de la violencia contra las mujeres; la implementación de un proceso de formación permanente a toda la militancia que impulse la democracia paritaria; y el desarrollo y aplicación de un protocolo para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en la organización.

3. Garantizar la paridad real en el interior de las organizaciones políticas mediante la aplicación del principio de paridad en las candidaturas; la conformación paritaria de los órganos de dirección y decisión de las organizaciones políticas; la creación y/o institucionalización de la unidad de género encargada de transversalizar el enfoque de género y promover liderazgos de mujeres en todas las instancias de la organización política; la implementación de una política de cuidado en la organización política, reconociendo el impacto que tienen el trabajo del cuidado humano no remunerado en el tiempo de las mujeres y su participación política.

4. Fomentar el uso responsable de toda forma de comunicación como redes sociales y plataformas digitales, sin motivar de ninguna forma la violencia política contra las mujeres.

5. Abstenerse de postular a candidaturas a toda persona condenada por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia contra las mujeres y/o que adeude pensiones alimenticias.

6. Garantizar el apoyo de la organización política y de sus distintos niveles directivos a las mujeres electas en cargos de elección popular para proteger su participación libre de violencias en el ejercicio de sus cargos y funciones.

7. Adoptar como plataforma política de la organización la lucha por la igualdad y la prevención y erradicación de todas las formas de violencias y discriminaciones contra las mujeres. (I)