Las 18 personas investigadas por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv, durante el gobierno de Rafael Correa, no serán llamadas a juicio. La tarde de este lunes 19 de junio, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera dictó auto de sobreseimiento para todos los sospechosos y dispuso que se revoquen las medidas cautelares y de protección en su contra.

Rivera determinó que los hechos entorno a la adquisición de las naves “no constituyen delito y no se puede dar paso a la etapa de juicio, puesto que no ha llegado a subsumir la conducta penal que prevé el tipo a las actuaciones de ninguno de los procesados”. Que la Fiscalía no presentó suficientes elementos de convicción que sustenten la acusación.

Una vez que el juez concluyó su resolución, durante la audiencia la fiscal general, Diana Salazar, defendió la argumentación del ministerio público y apeló el dictamen.

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“Existen los suficientes elementos de los que ha sustentado la acusación oficial para presumir la existencia del delito de peculado, así como la participación de los acusados ahora sobreseídos”, dijo Salazar, al tiempo de presentar, de forma oral, el recurso de apelación.

La decisión del juez se conoce tras casi once meses de espera, ya que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv fue suspendida el 30 de julio de 2022, con el fin de que el magistrado analice todos los elementos presentados por las partes procesales.

La diligencia debía retomarse el 19 de mayo, pero se suspendió nuevamente por pedido de la fiscal, debido a una enfermedad. El trámite se retomó al mediodía del 19 de junio.

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En este caso la Fiscalía sostiene que se cometieron irregularidades en el proceso precontractual, contractual y de ejecución en la compra de siete helicópteros Dhruv a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008, por más de $ 45 millones. El Estado fue representado por el Ministerio de Defensa, mientras que la empresa HAL fue representada en Ecuador por la firma Sumil C. A.

La Fiscalía argumentó que la transacción significó un perjuicio de $ 66,4 millones para el Estado.

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De las siete aeronaves, cuatro sufrieron accidentes entre los años 2009 y 2015. El juez Luis Rivera señaló por las naves accidentadas el seguro pagó $ 53 millones, aproximadamente; por tanto, al comparar con el monto del contrato hubo una diferencia a favor del Estado ecuatoriano. Por ello, dijo Rivera, no se ha evidenciado perjuicio económico que atribuye la Fiscalía.

Asimismo, con base en elementos planteados por un abogado de uno de los procesados, el juez concluyó la compra de los helicópteros no fue ideada en el gobierno de Alfredo Palacios y no en la administración de Rafael Correa.

Entre los 18 investigados se encuentran dos ministros de Defensa del correísmo, Javier Ponce y Wellington Sandoval; el representante legal de la HAL para Ecuador, Juan Cortez; el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Rodrigo Bohórquez; y varios integrantes de la FAE en servicio pasivo (sp).

De acuerdo con la teoría fiscal, las personas investigadas, valiéndose de sus cargos en la función pública, no velaron por la correcta administración pública, sino que violaron la ley y beneficiaron a la empresa HAL en la adjudicación del contrato sobre la compra de los helicópteros Dhruv.

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A las supuestas irregularidades que la Fiscalía asegura existieron en la compra de los helicópteros se las relaciona con el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela, durante un asalto a su vivienda en Guayaquil, en diciembre de 2010. La familia del general afirma que Gabela fue victimado debido a que denunció anomalías en la adquisición de las naves.

No obstante, abogados defensores de los sospechosos en el caso Dhruv sostienen que este tema esté vinculado con la muerte del general de la FAE. (I)